Por Nicolás Wiñazki/Clarín.-
El Gobierno quiere sacarla de la lista de proveedores para que no pueda presentarse a ninguna licitación.
Obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en Haedo.(Néstor García).-
Mauricio Macri es ingeniero civil. Igual que alguno de sus mejores amigos de la infancia. Fue, también, un empresario ligado al negocio de la obra pública. Conoce como ningún otro Presidente desde el retorno de la democracia los secretos y las mañas de la Cámara Argentina de la Construcción.
Para la empresa brasileña Odebrecht -cuyos directivos confesaron en Brasil y los Estados Unidos haber pagado coimas para expandir sus dominios comerciales-, la Argentina es un caso singular.
Las negociaciones con el Gobierno se cortaron. La Casa Rosada inició un asedio final contra la empresa.
Según afirmaron fuentes oficiales a Clarín, Odebrecht no conseguirá aquí indemnidad judicial para sus ex directivos confesos de haber pagado sobornos a ex funcionarios, aun si identifica a esos potenciales delincuentes, un objetivo que sí logro en otros países de la región.
El plan oficial incluye quitarle a Odebrecht la posibilidad de seguir generando dinero en la Argentina, aunque sea de forma legal. Según funcionarios que trabajan en el tema, el Gobierno tomó la decisión de sacar a la empresa brasileña de la lista de constructoras habilitadas para ganar obra pública.
Y más: ya se iniciaron investigaciones internas en los organismos públicos con los que Odebrecht trabajó en los años de gestión K. El ingeniero Macri quiere que el Gobierno descubra y aporte documentación sobre las coimas de Odebrecht a quienes manejaron sus negocios pero desde el Estado K.
Los entes públicos que ya están conformando sus comisiones investigadoras son YPF, cuya táctica sobre esta cuestión es liderada por el influyente abogado Fabián Rodríguez Simón; el Ministerio de Energía; el de Transporte; y el de Interior y Obras Públicas.
Clarín adelantó en su edición del viernes que se había creado una comisión investigadora sobre el accionar de Odebrecht en la construcción del “soterramiento del Sarmiento”. Ese mismo accionar se empezó a desplegar, ya, en otras dependencias vinculadas a esta trama.
Por presión del propio Presidente Macri, la empresa Odebrecht le vendió hace pocos días las acciones que tenía en el proyecto “Soterramiento del Sarmiento” a una de las compañías con las que se había asociado para realizar ese negocio, la italiana Ghella.
El “Soterramiento del Sarmiento” es un plan de infraestructura de magnitudes únicas: el objetivo es construir un túnel para que los trenes de esa línea de ferrocarril se muevan por debajo de la tierra, uniendo de modo subterráneo la Capital con las diferentes estaciones que entrelazan una conexión con localidades de la zona oeste del conturbado bonaerense.
Esa obra fue impulsada por la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández. Una de las empresas que ganó la licitación en sociedad con otras más fue IECSA, fue propiedad de la familia Macri. Luego el primo del Presidente se desprendió de la firma Macri le aseguró a fuentes de su entorno que continuará la investigación contra Odebrecht a pesar de que pueda afectar a algún accionista o directivo de esa firma de sus parientes.
Las demás comisiones con las que el Gobierno busca descubrir las posibles ilegalidades de Odebrecht, por ahora son al menos tres más.
Todas trabajarán bajo el control de la Procuración del Tesoro Nacional, cuyo titular, el abogado Bernardo Saravia Frías, intentó que Odebrecht acepte condiciones que no la beneficien absolutamente si la empresa entregaba la información ya confesada sobre sus delitos.
La negativa de la firma a colaborar endureció el accionar del Gobierno.
Bajo la conducción de Saravia Frías, entonces, se conformó la comisión que investigará lo que ocurrió con la compañía brasileña en la construcción del soterramiento del Sarmiento.
Lo mismo ocurrirá en el Ministerio de Interior y Obras Públicas, de Rogelio Frigerio. Lo que se buscará detectar son irregularidades en la construcción que hizo Odebrecht de una planta potabilizadora de agua que se levanta ahora sobre el río Paraná de las Palmas, en Tigre.
El Ministerio de Energía, de José Aranguren, estudiará cómo trabajó la empresa brasileña en los gasoductos del Norte y del Sur.
Son dos obras que desde el Estado K controlaron los jefes máximos de lo que fue el ministerio de Planificación Federal: Julio De Vido, y dos de sus asesores que más involucrados están en la trama de este caso, José María Olazagasti y Roberto Baratta.
En el caso de la petrolera YPF, la comisión investigadora analizará cómo fue que Odebrecht construyó una “Planta de Reformado Catalítico Continuo”. Esos controles están, de hecho bajo mando de uno de los directores de la empresa estatal, el ya mencionado Rodríguez Simón. También participan de la “pesquisa”, entre otros, el presidente de la compañía, Miguel Ángel Gutiérrez.
Todas las “comisiones Odebrecht” incluyen además a funcionarios de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Y de la Procuración del Tesoro. En el caso de YPF, se contrató además a una empresa privada del auditoría para que estudie los contratos bajo sospecha. El asedio final de la Casa Rosada sobre Odebrecht ya empezó. A esta altura, que la empresa brasileña y el Gobierno cierren algún otro tipo de acuerdo de cooperación parece improbable. Aunque, en la política y los negocios, son variables que sean imposibles.
