Por Giselle Rumeau/El Cronista.-
Más allá de la razones políticas, está claro que la ex presidenta necesitará esa protección parlamentaria para no ir presa, ante la maraña judicial en la que está inmersa. La paradoja es que los tiempos de la Justicia en la Argentina son tan extensos que podría presentarse en 2019 con la certeza de que no recibirá rápidamente una condena.
La demora de la justicia ayuda a Cristina más que los fueros legislativos. Es probable que la decisión sea realmente motorizada por razones políticas, como la de pretender ganar la elección para darle un mazazo al Gobierno y volver a posicionarse como la única líder del peronismo. Es una constante de la realidad: los ex presidentes suelen resistirse al olvido, a quedarse en el llano para siempre.
Pero ante la maraña judicial en la que se encuentra inmersa, es fácil enredarse en pensamientos oscuros y especulativos y creer que una candidatura legislativa de Cristina Kirchner también busca inmunidad parlamentaria para evitar la posibilidad de quedar presa.
La paradoja es que los tiempos de la Justicia en la Argentina son tan extensos que Cristina podría esperar el próximo turno presidencial en 2019 con la certeza de que no recibirá rápidamente una condena por alguna de las acusaciones que le pesan por asociación ilícita, lavado de dinero y negociaciones incompatibles con la función pública.
Que lo diga si no Carlos Menem, quien fue sentenciado a siete años de prisión en 2013 por el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia durante su gobierno, pero aún no tiene sentencia firme porque su defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Si la condena del riojano se confirmara, entonces sí los fueros que mantiene como senador, gracias a la protección del kirchnerismo, le darían inmunidad de arresto y la Justicia debería solicitar su desafuero en el Congreso para dar cumplimiento a la sentencia.
Aunque no sea de manera inminente, la ex presidenta podría también a futuro verse beneficiada por esta protección parlamentaria. Los artículos 68 y 69 de la Constitución Nacional prevén para los legisladores dos tipos de inmunidades: la de opinión y la de arresto.
Sólo se podrá arrestar a un diputado o senador en caso de ser sorprendido in franganti en la ejecución de algún crimen.
Caso contrario, debe llevarse adelante su remoción en la Cámara que corresponda y con la aprobación de dos tercios de los votos. Si el kirchnerismo mantuviera su número de bancas en octubre, sería imposible avanzar con una eventual destitución de su jefa política.
Ante ese escenario malsano, la pregunta es inevitable: ¿no obstruyen los fueros el accionar de la Justicia? Los especialistas consultados por 3Días afirman que no, que la inmunidad parlamentaria es de arresto y no de proceso y que, por el contrario, los fueros son esenciales para que los legisladores puedan cumplir adecuadamente con su función y que el Congreso no sea avasallado por el abuso eventual del Poder Ejecutivo o Judicial.
"La ley argentina no impide que los legisladores ni otros funcionarios públicos puedan ser juzgados hasta el momento de la sentencia. No hay ningún fuero que impida el avance de los procesos. En nuestro país, los procesos no avanzan por otros factores. Recién en el caso de que exista una condena firme se hace necesario el desafuero para hacer efectiva la condena", explica Manuel Garrido, presidente de Innocence Proyect Argentina, ex fiscal anticorrupción y ex diputado radical.
En la misma línea se expresa el constitucionalista Félix Lonigro: "Los fueros no obstruyen una investigación judicial; simplemente impiden que el legislador sea arrestado. Los jueces y fiscales pueden investigar tranquilamente e inclusive están habilitados para citar a declaración indagatoria a los legisladores. Si un diputado o senador no concurre ante la convocatoria de un tribunal, éste también deberá solicitar su remoción ante el Congreso".
Garrido cita un ejemplo para demostrar que la inmunidad de un legislador es crucial. En 2013 el ex jefe de Ejército, Cesar Milani, presentó una demanda civil acusando por calumnias e injurias a dirigentes de la oposición que lo denunciaron por enriquecimiento ilícito. En el grupo estaban Elisa Carrió, "Pino" Solanas, Graciela Ocaña, Gerardo Morales y el propio Garrido. "Los fueros también le dan a un legislador inmunidad de opinión. Es parte de la plenitud de la democracia que los legisladores que representan a los ciudadanos puedan expresarse libremente y sin temer consecuencias económicas o de privación de la libertad a partir de de lo que digan", remarca el ex fiscal.
Lonigro coincide. "No está mal que tengan inmunidad de arresto porque el argumento constitucional es que son representantes del pueblo y si se los arresta, se afecta la representación.
Pero debería ser más acotada. El tema es que la Constitución no aclara hasta dónde se extiende la inmunidad: si sólo es para el mal desempeño o también para la comisión de delitos que no tienen que ver con el ejercicio del cargo. Está considerado que la inmunidad de arresto es absoluta. Habría que modificar la Constitución".
Según Garrido, lo que sí se puede cambiar es el capítulo de la Ley de Fueros 25.320, sancionada el 8 de septiembre de 2000, que impide el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores así como la intercepción de sus comunicaciones telefónicas sin la aprobación de la Cámara correspondiente. Esa demora permite a los imputados evitar el efecto sorpresa de un allanamiento, y por lo tanto su eficacia, como ocurrió con el ex ministro de Planificación y actual diputado del FpV, Julio De Vido, acusado por enriquecimiento ilícito. "Esto no está previsto en la Carta Magna y por lo tanto es inconstitucional. Pero debería ser declarado por los mismos jueces, más allá de lo que diga la ley. También podría ser modificado por el Congreso", advierte Garrido.
¿Senadora o diputada?
Todo indica que CFK está dispuesta a presentar batalla en la provincia de Buenos Aires, e incluso obstaculizar el camino de su ex ministro del Interior, Florencio Randazzo, para dejarlo fuera de competencia y evitar las PASO de agosto.
Según Lonigro, no hay dudas de que la ex mandataria necesita fueros. "Estoy convencido de que va a ir presa y creo que si se presenta como candidata es para tener alguna cobertura. De cualquier manera, si se presenta, es electa legisladora y la condenan, tendrá fueros y no se la podrá arrestar, pero no hay que perder de vista que el Congreso, con lo dos tercios de los votos de ambas cámaras, puede proceder al desafuero y ponerla a disposición del juez", explica el abogado constitucionalista.
Garrido cree, en cambio, que las especulaciones de Cristina Kirchner son sólo políticas. "Las causas iniciadas contra ella recién están en una etapa inicial y si finalmente la condenan, con los tiempos que maneja la Justicia argentina, puede pasar demasiado tiempo para que eso ocurra", remarca.
La mandataria podría presentarse como senadora o diputada nacional aún estando procesada. Con una intención de voto que supera el 25%, apoyo que se da especialmente en el conurbano, tendría asegurada una banca en la Cámara baja. Para entrar al Senado, debería ganar o quedar en el segundo puesto.
Con todo, la Constitución nacional establece que la inmunidad de arresto se da desde el momento de la elección como candidata y no desde el inicio del mandato en diciembre. Con lo cual, de presentarse y ganar la elección, Cristina ya tendría fueros desde octubre.
Los desafueros en el Congreso
La historia parlamentaria reciente tiene pocos ejemplos de pedidos de desafuero a legisladores que se hicieron efectivos:
- Uno de los casos emblemáticos se dio con el ex diputado Ángel Luque (PJ-Catamarca). Fue separado de la Cámara baja en 1991, a raíz del escándalo por el asesinato de María Soledad Morales en el que estuvo involucrado su hijo Guillermo.
- En junio de 1996 la Cámara alta le quitó los fueros al ex gobernador de Córdoba Eduardo Angeloz, a pedido del juez Manuel Molina que lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito.
- En el caso de Antonio Domingo Bussi, la Cámara de Diputados impidió su asunción en 1999 por su participación en la dictadura y por ocultar una cuenta bancaria en Suiza.
- En abril de 2008, Diputados aprobó el desafuero del ex subcomisario Luis Patti, en el marco de la causa de delitos de lesa humanidad y por la que fue condenado a cadena perpetua.
