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Por Gabriel Morini/Ámbito.- Quedan solamente dos juezas habilitadas para decidir la suerte de la reapertura de la causa contra Cristina de Kirchner. Piensan en convocar a otros magistrados. Crisis y vendettas.
El ingreso de la causa por la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina de Kirchner provocó un cisma al interior de la Cámara Federal de Casación Penal. Casi la totalidad de los jueces que la integran deberán excusarse o serán recusados y su resolución puede provocar que quede desierta y deban ser convocados los camaristas que componen la Casación ordinaria (un tribunal paralelo), lo que alimenta un final abierto para la posible orden de que se abra la investigación por el presunto encubrimiento de las autoridades del gobierno argentino a los responsables iraníes del atentado a la AMIA. La cuestión ya fue advertida por la defensa del excanciller Héctor Timerman que busca anular la causa "llave" con la que el juez Claudio Bonadio pretende avanzar en un expediente que replica la denuncia desechada por Daniel Rafecas.
Tras la elevación de sendos recursos de apelación por parte de la Sala I de la Cámara Federal, comenzó a disputarse una sorda guerra al interior del máximo tribunal penal, cuya resolución final antesala de la Corte Suprema- podría dilatarse. Pese a que es la Sala I de Casación la que debe intervenir ante el recurso presentado por el fiscal Germán Moldes y por la acusación privada representada por la DAIA, la composición de los jueces ya disparó una interna en los tribunales federales de Comodoro Py. Salvo dos camaristas, los siete restantes cuentan con antecedentes que impiden que puedan actuar en este expediente. De la integración original de Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, solo la primera no tiene obstáculos para actuar, pese a las internas que se disputan al interior de la Cámara que buscan identificarla con el kirchnerismo en el trámite de la causa por inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán.
Hornos - de muy buena llegada al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti- quedaría afuera por haber integrado el grupo de fiscales que intervino en el atentado a la mutual judía dado que era revisado por la Cámara Federal. Antes de ser designado en Casación, el camarista fue fiscal de Cámara desde 1992, en reemplazo de Luis Moreno Ocampo e integró una comisión de fiscales coordinada por el Procurador gel Agüero Iturbe.
Liliana Catucci fue denunciada por la DAIA por antisemitismo en 1999 cuando anuló una sentencia que condenaba a tres skinheads.
Junto a los entonces jueces Alfredo Bisordi y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso fue acusada de proteger a neonazis que habían golpeado a un hombre mientras le gritaban "Heil Hitler" y "Mueran los judíos" al referirse en su fallo a "un individuo de raza judía" en relación a la víctima. En este caso la DAIA (como institución) sería querellante.
En su momento, llegaron a pedirle el juicio político. Ella misma se excusó en adelante.
Pedro David, otro camarista, decidió sobre la nulidad de la investigación del exjuez Juan José Galeano. Quedó imposibilitado de intervenir tras haber desechado la hipótesis que guiaba la causa sobre la presunta responsabilidad de policías bonaerenses en el atentado, hecho que ahora está en medio de un juicio oral por encubrimiento a los responsables de la voladura. Alejandro Slokar, actual presidente de Casación fue funcionario del Ministerio de Justicia, a cargo de la unidad especial AMIA durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Eduardo Riggi, otro de los casadores, es pariente político de Carlos Velasco, uno de los exsecretarios de Galeano, por eso se excusó de participar en la causa.
Mariano Borinsky fue apoyado en su nominación a Casación por la propia DAIA y de allí en más se excusó de participar en causas que la involucren. Además, se apartó por su amistad con el exfiscal (hoy enjuiciado) Eamón Mullen. Solo Juan Carlos Gemignani quedaría vigente junto a Ledesma y Figueroa. Pero sus antecedentes en torno al voto por presunta inconstitucionalidad del Memorando generó una crisis al interior de Casación, lo que disparó su interna con Figueroa. Esos episodios llegaron al extremo de la detención por parte del juez de una secretaria, en un episodio sin precedentes con denuncia penal y en el Consejo incluidas. Eventualmente, si no se pudiera integrar una sala, la solución sería convocar a un juez desde la Cámara de Casación ordinaria, donde conviven camaristas como María Laura Garrigos de Rébori y Horacio Días. Gustavo Bruzzone -también integrante de ese tribunal- también estaría inhibido de actuar. Fue parte de la Sala AMIA (ad hoc) a cargo de revisar el avance de la causa por irregularidades en la investigación. La causa AMIA, una de las más intrincadas de la vida judicial argentina, continúa condicionando el devenir de expedientes relacionados.
