Por Carlos Galván/Clarín.-
Ya trabaja sobre la base de un nuevo proyecto. Propone un mandato de 7 años y la remoción a través de un decreto presidencial.
Lejos de darse por vencida, la Casa Rosada volvió a la carga con la reforma de la ley de Ministerio Público Fiscal, que apunta a lograr el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación. El oficialismo empezó a hacer circular en el Congreso un nuevo proyecto de ley que introduce una serie de cambios clave en relación a la iniciativa que la semana pasada fue dinamitada por Elisa Carrió. Los principales puntos de la propuesta son dos: el mandato del procurador durará 7 años y su remoción se haría por decreto presidencial y posterior acuerdo de dos tercios del Senado.
En el oficialismo se muestran confiados de que la flamante propuesta, que tiene un guiño del ministro de Justicia Germán Garavano, sea aprobada antes de fines de este mes en Diputados y en diciembre por el Senado, en caso de que el Poder Ejecutivo convoque a extraordinarias.
Pese a la expectativa del oficialismo, en la oposición salieron a poner paños fríos: "A nosotros no nos plantearon nada. Cuando el oficialismo tenga acuerdo entre todas sus fuerzas, ahí nosotros aceptaremos conversar", dijeron en la bancada que lidera Sergio Massa.
En el bloque del FpV del Senado fueron más terminantes. "Desconocemos la propuesta. Para nosotros, este año el tratamiento de la ley directamente está caído", dijeron en la bancada que conduce el rionegrino Miguel Angel Pichetto.
De acuerdo con lo que plantea la nueva propuesta, la duración del mandato no sería una vía para que se logre el desplazamiento de Gils Carbó durante al menos casi toda la administración de Mauricio Macri. Es que la procuradora cumplirá 7 años en el cargo en agosto de 2019, es decir cuatro meses antes de que finalice el actual mandato del Presidente.
Eso sí: el proyecto cierra las puertas definitivamente a que la procuradora pueda continuar como titular del Ministerio Público Fiscal. El texto establece que el procurador podrá desempeñarse en el cargo por un solo mandato.
La otra novedad que introduce la propuesta es el proceso de remoción del procurador. El proyecto estipula que se lo podrá desplazar a través de un decreto presidencial, pero que posteriormente la remoción deberá ser avalada por dos tercios de los senadores.
"La remoción se haría efectiva recién cuando la aprueba el Senado", detallaron a Clarín las fuentes consultadas.
De acuerdo con los que trabajaron en el nuevo proyecto de ley, el mecanismo de remoción sería "constitucional" ya que fija un "mecanismo espejo" al del nombramiento del procurador. "La designación se hace por decreto con acuerdo del Senado. La remoción sería idéntica", explicaron.
Pero ayer en el bloque del FpV en el Senado criticaron esta nueva alternativa. "Quieren hacer caer todo el peso de la remoción sobre el Senado, hermano", dijo a Clarín un importante senador peronista.
El proyecto que se había consensuado entre parte del oficialismo y la oposición y que se cayó la semana pasada luego de las criticas de Carrió establecía que el mandato del procurador se extendería por 5 años y que podría ser renovado por un periodo más con un nuevo acuerdo del Senado.
Aquella iniciativa daba también amplias facultades a la comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público Fiscal, que preside la massista Graciela Camaño. En línea con lo que plantea Carrió, la nueva propuesta recorta drásticamente las atribuciones que se le pretendía otorgar de esa comisión.
Según el oficialismo, en la nueva propuesta trabajaron los juristas Ricardo Gil Lavedra y Jorge Vanossi. En el Frente Renovador dijeron que Vanossi en realidad colaboró en la redacción del anterior proyecto.
