Por Julio Blanck/Clarín.-
Antes de que termine el año, y después de muchísimos meses de exitosos intentos del kirchnerismo por impedir todo avance, podría finalmente abrirse la causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento a ciudadanos iraníes en el atentado a la AMIA. Es la primera de las varias noticias judiciales adversas que le esperan inevitablemente a la ex presidenta.
El caso que denunció Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento de Puerto Madero, fue cerrado dos veces sin tomar siquiera una prueba por el juez federal Daniel Rafecas. Ambas decisiones fueron respaldadas por la sala de la Cámara Federal porteña que integran Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. El último de estos cierres intempestivos está apelado ante la Cámara de Casación. Lo hicieron el fiscal federal Germán Moldes y la DAIA. La firme impresión, en altas fuentes de Tribunales, es que la sala de Casación que debe decidir sobre el caso se inclinará por abrir la investigación, posiblemente en un fallo dividido.
A esa le seguirían otras malas noticias para Cristina. Si es puesta a andar la denuncia de Nisman por encubrimiento –a la que el fiscal Moldes pidió añadir el delito de traición a la Patria– no está escrito que deba hacerlo Rafecas. Una causa de características similares, iniciada por denuncia de traición a la Patria contra el ex canciller Héctor Timerman a propósito del acuerdo con Irán por el caso AMIA, está avanzando en el juzgado federal de Claudio Bonadio.
Es el primer juez que ya procesó a Cristina, esta vez en el caso de las maniobras con el dólar futuro.
Hace 48 horas Bonadio se anticipó a los hechos. Le reclamó a Rafecas que se inhiba de seguir interviniendo en la denuncia de Nisman y le remita todo el expediente. La conexidad entre los dos casos es evidente. Timerman fue denunciado por familiares de dos muertos por el ataque a la AMIA en 1994. La denuncia de Nisman también incluía al ex canciller.
Rafecas podría alegar que si la causa fuera abierta por Casación, debería ser él quien reúna ambos expedientes por haber sido la de Nisman la primera denuncia. Pero Bonadio puede sostener que la causa que antes empezó a investigarse es la suya, porque Rafecas archivó todo sin mover un solo papel.
¿De quién es la decisión final si ese litigio se plantea? Del presidente de la Cámara Federal, el respetado Martín Irurzun. Conocedores del Derecho y de su aplicación, que no siempre son la misma cosa, apuestan sobre seguro que la denuncia de Nisman podría terminar en manos de Bonadio, para pesadilla de la ex presidenta.
El juez Rafecas rechazó todos los pedidos del fiscal Gerardo Pollicita para que abra la investigación sobre la denuncia contra Cristina, Timerman y otros sujetos.
Los camaristas Freiler y Ballestero lo respaldaron. Cuando Moldes hizo su primera apelación a Casación –que es la instancia penal antes de la Corte Suprema– el fiscal de esa Cámara, Javier De Luca, desistió de sostenerla y Casación nunca pudo tratar el tema. De Luca es directivo de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y subordinado directo de la procuradora general Alejandra Gils Carbó, jefa del dispositivo montado por Cristina para defenderse en la Justicia.
¿Cuál es la novedad que ahora podría dejar inútil el artefacto defensivo de la ex presidenta? La aparición de la DAIA como querellante, con participación activa de su nuevo titular Ariel Cohen Sabban. Esto sucedió después del cambio de gobierno, cuando la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada despejó el enorme temor a Cristina que había bloqueado la acción de la comunidad judía.
Rafecas, coherente en su decisión de archivar el tema, le negó a la DAIA el papel de querellante. Pero el fiscal de Justicia Legítima no puede impedir que Casación resuelva una apelación de la entidad sobre este tema, que la entidad judía presentó hace nueve días.
La sala que finalmente debe decidir este delicado asunto está integrada por la presidenta de esa Cámara, Ana María Figueroa, y por los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. En fuentes judiciales se descuenta que la doctora Figueroa votará en línea con la conveniencia de Cristina. Pero Hornos y Borinsky podrían inclinarse por aceptar a la DAIA como querellante y abrir la investigación políticamente más corrosiva para la ex presidenta.
La lealtad también tiene su precio. Rafecas y Freiler, que con tanto empeño defienden la posición de Cristina en este caso, tampoco la llevan fácil.
El juez tiene en curso un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura, por mal desempeño al archivar sin pruebas la denuncia de Nisman. Los consejeros pusieron la instrucción en manos del senador radical Angel Rozas. El radicalismo tiene viejas cuentas pendientes con Rafecas, por las duras consideraciones que el juez hizo sobre la UCR y sus dirigentes en el fallo por el caso de las coimas en el Senado que involucró al ex presidente Fernando De la Rúa, finalmente absuelto en el juicio oral.
Al camarista lo tienen apuntado por el abundante crecimiento de su patrimonio, el más alto entre jueces y camaristas del fuero federal. Esto incluye la casona que Freiler compró y acondicionó frente a la residencia presidencial de Olivos. También lo tienen bajo pedido de juicio político en la Magistratura. Y el fiscal Ramiro González solicitó catorce medidas de prueba para determinar si hay casas, yates, sociedades y empresas turísticas que el próspero camarista no declaró como corresponde.
A Cristina, entre tanto, le aguardan otros contratiempos en la Justicia. La semana próxima deberá declarar en indagatoria, o sea como sospechosa, por la corrupción en la obra pública ocurrida durante sus presidencias. La citó el juez Julián Ercolini, quien aceptó la tesis de los fiscales Pollicita y Gerardo Mahiques en el sentido de que hubo un plan sistemático de saqueo al Estado a través de las multimillonarias obras concedidas al empresario Lázaro Báez, socio y testaferro de los Kirchner. Por eso la acusan de asociación ilícita.
En este caso están citadas otras 16 personas. Entre ellos el propio Báez –detenido hace seis meses–, el ex ministro Julio De Vido y el también detenido José López, el de los bolsos con 9 millones de dólares en el convento de las pobres monjitas de General Rodríguez.
Cristina y De Vido apelaron la citación, Ercolini –un hombre prudente– se los rechazó. Parece altamente probable que Cristina reciba por esto un nuevo procesamiento.
En el caso del dólar futuro Cristina, el procesamiento que le dictó Bonadio está apelado ante la Cámara Federal. Lo tiene la sala que integran el antes mencionado Irurzun y Eduardo Farah. Según fuentes de Comodoro Py, ambos camaristas se inclinarían pronto por ratificar la decisión del juez y mantener a Cristina procesada. La ex presidenta ya intentó apartar a esos camaristas de este caso y fracasó. Hace dos semanas Casación le rechazó ese planteo.
El doctor Farah, además, deberá desempatar una discordia de la otra sala, entre Freiler y Ballestero, por la decisión de mantener embargados o liberar los más de 5 millones de dólares encontrados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.
La Justicia sospecha que ese es dinero que la ex presidenta puso a nombre de su hija para eludir el embargo que le iba a dictar Bonadio.
Freiler y Ballestero esta vez votaron enfrentados. Freiler a favor de Florencia, claro. Ballestero, en cambio, vio la oportunidad de tomar distancia. Farah debe desempatar. En Tribunales afirman que seguramente esos pocos dólares de los Kirchner seguirán embargados. (ver página 24) Hay más: Bonadio, el juez que se le aparece hasta en sueños a Cristina, anduvo hurgando datos en el banco de Santa Cruz, la semana pasada. Buscaba movimientos de dinero en cuentas de la sociedad Los Sauces, propiedad de la ex presidenta y sus hijos. Están acusados de falsificación de documentos públicos.
Lo último: la Oficina Anticorrupción y la diputada Graciela Ocaña denuncian desvíos de 4 millones de pesos en el plan Argentina Sonríe, destinado a promover la salud bucal en Santa Cruz. Lo había manejado Rocío García, la esposa de Máximo Kirchner.
Parece poco eficaz, para esquivar este espeso frente de tormenta judicial, el patético y oportunista intento de Cristina de mostrarse como víctima de la violencia de género; intentando incluso apropiarse a último momento del reclamo de “Ni una menos” que el miércoles se hizo sentir en todo el país. También en eso la ex presidenta sufrió un rotundo fracaso.
Pero es probable que no sea el último. Ni el peor.
