Por Ricardo Kirschbaum/Clarín.-
Del editor al lector.
La principal defensa de los acusados por corrupción apela a la política como recurso exculpatorio: es una persecución, proclaman, para inmediatamente victimizarse. El patrón no es exclusivo de la Argentina, que tiene en esta materia varios doctorados y maestrías, sino que está extendido en todo los países y gobiernos que están azotados por este flagelo. Para ver la paja en el ojo ajeno, recordemos lo que pasó ayer con el principal impulsor del impeachment que tumbó al gobierno de Dilma. Eduardo Cunha fue acusado de tener cuentas secretas en Suiza por 5,2 millones de dólares. Sólo 10 de sus colegas creyeron en su inocencia mientras que 450 diputados votaron su separación. Cunha dijo que ésta era una factura por haber impulsado la salida de Rousseff de la Presidencia y agregó: “No hay cuentas (suizas), ¿dónde está la prueba? No hay prueba (...) No me juzguen por lo que dice la opinión pública”.
Curiosamente, Maximiliano Rusconi, abogado de Lázaro Báez, de alto perfil, decía más o menos lo mismo en la televisión argentina el lunes por la noche. Sostuvo como pudo el siguiente razonamiento: Baez no violó la ley sino que ganó dinero por las licitaciones que le otorgaron. Por lo tanto, juzgarlo por lo que es legal es una cuestión, si se quiere, política. Faltó decir que se trata de una persecución pero no tardará en aparecer la palabra que justifica todo.
Rusconi aparece firmando la larga solicitada que se publicó el domingo defendiendo al juez Rafecas a quien, por el método de una solicitada, habían antes pedido otros su separación del cargo. Su firma aparece una vez. En cambio, las de Yasky, Sabbatella, Rossi o Nilda Garré, se repiten varias veces y no parecen ser homónimos de los anteriores sino ¿víctimas? de una presunta desprolijidad –no en lo que apoyan y repudian– en las reiteraciones.
Volvamos al inicio: Cristina será indagada por un plan “sistemático” de corrupción en la obra pública. Con ella, una buena cantidad de funcionarios, comenzando por Julio De Vido y seguido por José López, deberán dar una explicación a lo que parece haber sido un desmadre premeditado.
Los kirchneristas que siguen arropando a su jefa repiten una muletilla: la corrupción es un hecho endémico en el Estado y hay que asumirlo como algo estructural. Así, los casos de corrupción son inevitables y responden a impulsos individuales, como López con los bolsos.
Los más frontales tienen razones políticas e hipócritas: apoderarse de la renta estatal para “defender” a los pobres, como se declama, no sería un acto punible. La “persecución” le quita al corrupto la carga del delito y le da romanticismo al robo.
