 |
| La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, junto a la antorcha olímpica que se utilizará en Río 2016, la cual recorrerá este país del tres de mayo al cinco de agosto, día en que inician los Juegos Olímpicos. (AP) |
Por Carlos Pagni/La Nación.- Cuando el próximo 3 de mayo llegue a Brasilia la antorcha olímpica, será casi un milagro encontrar quien la reciba. Para esa fecha, Dilma Rousseff se estará dirigiendo a la puerta de salida. Y Michel Temer, el vicepresidente, estará diagramando su gabinete.
Contra Dilma se alinearon cuatro astros: recesión económica, un megaescándalo de corrupción, protestas callejeras y pérdida de apoyo parlamentario. Está estudiado: no hay liderazgo que pueda doblegar esa combinación de fuerzas.
En el derrumbe del gobierno brasileño hay algo de cinismo. Ninguno de los factores que determinan la caída está entre las razones formales del impeachment. A Rousseff se la condena por adulterar la contabilidad fiscal. No es un delito penal, sino un "crimen de responsabilidad". Es verdad que sobre ella pesan la sospecha de que financió su campaña con dinero negro de Petrobras. Pero si el máximo tribunal electoral lo verificara, voltearía también a Temer, el próximo presidente. Numerosos legisladores que votaron a favor del juicio político están involucrados en el negociado de la petrolera. Por eso el PT denuncia que muchos corruptos están condenando a alguien decente.
Estas incongruencias están sepultadas bajo una corriente de regeneración política originada en la justicia. El juez federal Sergio Moro llevó adelante 1114 procedimientos y mandó a 134 poderosos a la cárcel. Entre ellos está el mayor empresario del país, Marcelo Odebrecht. Moro, convertido en un héroe nacional, avanzó también sobre los políticos, hasta llegar al máximo líder oficialista: Lula da Silva, a quien mandó buscar con la policía para tomar declaración.
El espejo brasileño devuelve una imagen deformada a la Argentina. En 2004, Moro estudió el proceso mani pulite (http://s.conjur.com.br/dl/artigo-moro-mani-pulite.pdf), que en 1992 produjo en Italia una revolución en cámara lenta. Extrajo una lección: como la corrupción suele ocultarse en sofisticados montajes institucionales, es indispensable contar con arrepentidos que ofrezcan precisiones sobre los delitos. Y para que los delincuentes se arrepientan hace falta meterlos en la cárcel.
El método desata reacciones en cadena: el preso que supone que en otra celda alguien lo delata, pide confesar sus fechorías para negociar la pena. La otra enseñanza de los fiscales italianos fue que las investigaciones deben legitimarse ante la opinión pública con la filtración de datos a la prensa.
Los jueces y fiscales argentinos comienzan a imitar estos antecedentes. Leonardo Fariña inauguró el régimen del arrepentido, previsto para casos de lavado de dinero. El viernes pasado amplió su declaración. Mencionó a un presunto testaferro de Báez, a un crucial abogado santacruceño, a uno de los intermediarios con las casas de cambio y al funcionario que asignaba la obra pública. Identificó también el estudio Pittaluga Shaw, de Montevideo, especializado en la constitución de sociedades. La causa Báez promete volverse rioplatense. Sobre todo si, como sospechan en Tribunales, el abogado Jorge Chueco cruzó hasta Uruguay para rescatar el dinero acumulado. Fariña amenizó sus reminiscencias con detalles de color. Narró cómo el joven Martín Báez llevaba y traía dólares en un cajón de lustrabotas. Entrañable. ¿El excéntrico "Leo" es el primero de una serie? En el juzgado de Sebastián Casanello esperan que se quiebre Jorge Bringas, a cuyo nombre Báez habría inscripto alguna empresa. Es difícil saber si la epidemia de catarsis llegará hasta el propio Báez. A diferencia de su contador, Daniel Pérez Gadín, que durante la detención no paraba de temblar, el dueño de Austral Construcciones se mostró enojado. Pero el ánimo puede variar. En Ezeiza lo alojaron en el pabellón 6, destinado a transexuales. Su conducta depende ahora de las presiones de su esposa, la temible Norma, y del consejo de sus abogados.
En el penal comentan que Fernando Burlando se ofreció a cambio de un millón y medio de dólares. Burlando llega a Báez a través de Miguel Ángel Pires, un bróker de jugadores esencial para los negocios de Máximo Kirchner en el fútbol. Pires ayudó a Martín Báez a organizar el club Boca de Río Gallegos. En la foto de la inauguración se ve a Cristina Kirchner con "Martincito", orgulloso, al lado. "Oltri tempi", diría la ex presidenta.
Quizás Burlando desplace a Daniel Rubinovich, el defensor de Báez. Un alivio para Mauricio Macri: Rubinovich compartió el estudio, en Cerrito 1294, con Ricardo Rosental, que patrocina al Presidente en el caso de los Panamá Papers. No es la única coincidencia. Para el expediente civil, Macri acudió al estudio Llerena, que tiene entre sus socios a Tomás Martínez Casas, en otro tiempo letrado de SGI, La Rosadita. Estas superposiciones estarían lejísimos de indicar alguna complicidad. Se producen por descuido. ¿Dónde está el asesor de imagen Jaime Durán Barba?
Arrepentimientos
El arrepentimiento avanza como una fiebre brasileña. Los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, al reabrir la causa Skanska, anularon varios sobreseimientos. En cualquier momento irrumpe un nuevo delator. Y para Julio De Vido, una nueva pesadilla. En mayo de 2007, él se encargó de que Daniel Scioli convocara al fiscal Carlos Stornelli al Ministerio de Seguridad bonaerense para sacarlo de la causa. Negociaron en el departamento de un empresario. Tal vez fue en vano. Ahora podrían salir a luz informaciones sobre la sociedad Infiniti, a través de la cual se habrían adulterado facturas para pagar los retornos por la ampliación de gasoductos.
El problema de la sinceridad es que cuando estalla, es expansiva. Las confesiones pueden enredar a Diego Santilli, el vicejefe de gobierno porteño, y a quien fue su hombre de confianza, Jorge Milito, denunciados hace nueve años por Miguel Bonasso por presuntas vinculaciones con la firma Sol Group, intermediaria de contratos de publicidad. Los negocios de esta empresa llevaron a Alberto Fernández a denunciar a Marcelo Tinelli, quien le contestó con una comparación: López Rega.
De Vido espera también que hoy regrese desde los Estados Unidos el fiscal Guillermo Marijuan, con información sobre el presunto pago de coimas de Panamerican Energy por el yacimiento Cerro Dragón.
El caso surgió por la denuncia de un ex funcionario de British Petroleum, que es accionista de la empresa, asociada a Bridas, de los hermanos Bulgheroni. Los amigos de De Vido dicen que está tranquilo porque la operación se circunscribió a Chubut, durante la gestión de Mario Das Neves. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. La causa está en manos de Rodolfo Canicoba Corral. Hasta el año pasado tenía el aliento de Cristóbal López, por su enemistad con Carlos Bulgheroni. Pero tal vez Claudio Bonadio tenga la llave del caso: debe decidir si abre la puerta a la justicia norteamericana en el capítulo argentino del expediente FIFA, donde están imputados Hugo y Mariano Jinkis. El antecedente es crucial para Panamerican.
La familiaridad con la escena brasileña es engañosa. Moro es la figura más destacada de una justicia que funciona como contrapeso del poder. No hace arqueología. Investiga a Lula y a Dilma. En cambio, la agitación de Comodoro Py es retroactiva. Representa la cancelación de un pacto de impunidad de la mayoría de los jueces federales con el kirchnerismo. Ese acuerdo se renegoció en marzo del año pasado, para beneficiar a Scioli, el candidato de Cristina Kirchner. El descongelamiento alcanza ahora al propio Scioli, quien había logrado que le cerraran una causa por enriquecimiento ilícito.
Al salir de su letargo, los jueces y fiscales federales quedan bien con Macri. Pero ese servicio no es su objetivo principal. Aun cuando Cristina Kirchner atribuya a su sucesor estar manipulando su infortunio: la convencieron de que el Presidente se reunió dos veces con Marijuan, a instancias del propietario de un restaurante vecino a Barrio Parque, que hasta hace poco prestaba servicios a De Vido.
En realidad, los magistrados están hiperactivos para autopreservarse. Como muchos diputados que votaron contra Dilma. La parálisis frente a quien ejerce el poder se debe a la corrupción de la justicia federal. Para verificarla alcanza Google Earth: hay mansiones opulentas compradas con sueldos del Estado. También se puede indagar la cría de caballos pura sangre de carrera. Para los funcionarios que pretenden sustraerse de cualquier control, esos vicios son invalorables.
¿Macri impulsará una depuración del fuero federal? Hasta ahora su única señal fue exigir la renuncia de Norberto Oyarbide.
Pero en el caso de Oyarbide, como lo procesó en la causa Ciro James, su defenestración es un indicio ambivalente. ¿Inició una limpieza? ¿O envió un mensaje calabrés al resto de los jueces?
Muchos funcionarios judiciales temen que Germán Garavano haya dejado caer a Oyarbide para despejar el camino hacia otros colegas en el Consejo de la Magistratura. Algunos de esos jueces intentan aferrarse a alguna megacausa, si fuera empresarial mucho mejor, para impedir que los condenen. También hay condicionamientos subjetivos: Macri recuerda que dos magistrados le pidieron plata a cambio de no procesarlo por espionaje. Quizás ese antecedente es el impulso principal para una renovación en Tribunales.
La reanimación judicial acelera las palpitaciones. Pero no preocupa a la clase dirigente. Su atención está en un proceso menos excitante. Macri y Garavano promueven la adopción de la figura del arrepentido para los casos de corrupción. Ese dispositivo está vigente para casos de lavado de dinero. Pero se le daría mayor especificidad. El otro proyecto oficial es penalizar a las empresas que paguen sobornos. Estos instrumentos fueron estratégicos en las manos del juez Moro. En la Argentina se los auspició durante la campaña electoral. Pero ahora sobran testimonios de legisladores que reciben llamadas de antiguos funcionarios y empresarios preocupados por un uso imprudente de estas normas. No vaya a ser que Brasil sea un espejo que adelanta.
