Por Elizabeth Peger/El Cronista.-
La apuesta es que la Iglesia sea un actor clave en el diálogo con los gremios, para contener protestas y asegurar que la pauta salarial se ubique en torno al 25% o 26%.
La administración de Mauricio Macri no oculta su preocupación por la inminente ronda de negociaciones salariales. Su principal desafío apunta a disciplinar las paritarias en torno a aumentos del 25%, que repliquen la previsión oficial sobre la inflación 2016, y a la par contener la creciente conflictividad social producto de las subas de precios de los últimos meses y el incremento de los despidos en el sector público y privado.
En ese objetivo, el Gobierno evalúa recurrir a las gestiones de la cúpula de la Iglesia Católica para que actúe como nexo frente a la primera línea de la dirigencia sindical y permita apuntalar las negociaciones para establecer una instancia de diálogo social fructífero con los gremios. La decisión de convertir a la Iglesia en un actor estratégico en la mesa de concertación social, aprovechando sus estrechos vínculos con buena parte de las referentes de las principales centrales obreras, fue anticipada a este diario por colaboradores directos del presidente Macri. Incluso, los voceros plantearon la expectativa de que una primera ronda de diálogo se concrete antes de las visita oficial que el mandatario emprenderá el próximo 27 de febrero al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco.
Pese al entusiasmo que desde la Casa Rosada le imprimen a la iniciativa, dirigentes tanto de la CGT oficial, que encabeza Antonio Caló, como de la central que lidera Hugo Moyano, aseguraron no estar al tanto de la propuesta del Ejecutivo. Y si bien volvieron a cuestionar la falta de diálogo de la administración macrista con el sector, apuntaron su disposición a participar de una instancia de diálogo con la Iglesia como interlocutor.
Los gremialistas, no obstante, insistieron en ratificar su rechazo a cualquier intento de concertación que solo apunte a imponer un tope a los aumentos salariales y reiteraron que su principal objetivo es recomponer el poder adquisitivo de los sueldos frente a la aceleración de precios. "Tenemos toda la voluntad para dialogar, pero no vamos a aceptar que se condicionen las paritarias", advirtió un importante dirigente.
Durante el fin de semana el Gobierno volvió a remarcar su pretensión de que los próximos acuerdos salariales consagren aumentos en torno al 25% o 26%, en línea con la proyección de inflación que para este año estimó el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, y hasta deslizó la posibilidad de que se negocien convenios de corto plazo (por trimestre o semestre).
Así lo planteó el secretario de Trabajo y virtual viceministro del área, Ezequiel Sabor, al advertir que el acuerdo de los bancarios (que estableció el pago de una suma fija de $ 9000 para el trimestre enero-marzo) pueda ser tomado como modelo para la discusión en el resto de las actividades. Ese esquema "a nosotros nos da la posibilidad de que la economía se vaya ajustando, la inflación vaya bajando y ellos puedan hacer su análisis con los números reales respecto de la pauta paritaria para este año", justificó el funcionario.
