Por Ismael Bermúdez/Clarín.-
Las cuentas previsionales.El Gobierno estudia un plan para abonar en efectivo y con bonos más de medio millón de demandas previsionales. La medida tendría un costo fiscal de más de $ 120.000 millones.
El Gobierno está estudiando cómo resolver el medio millón de juicios por reajustes de haberes que mantienen los jubilados contra la ANSeS. Las opciones que se barajan se mantienen en total hermetismo, pero pasarían por ofrecer un pago al contado, combinado o no con bonos según los casos y montos, por la deuda acumulada desde el inicio del juicio, con algún descuento. A cambio, el jubilado debería retirar la demanda.
En el Gobierno saben que la mayoría de esos juicios se apoyan en fallos de la Corte Suprema (Badaro, Ellif, “renta vitalicia” de ex AFJP, y otros). Así, aunque ANSeS apele como viene haciendo, cuando llegan a la instancia final, en procesos que duran hasta más de 10 años, el Estado termina siendo condenado al pago de la retroactividad más intereses, abultando la deuda. Y además, debe reajustar el haber corriente de acuerdo a los términos de la sentencia. Por eso, los últimos pagos de sentencias de la ANSeS arrojaron un promedio de poco más de $ 300.000 por jubilado.
En tanto, el jubilado vive en la incertidumbre, con haberes que no le alcanzan y en innumerables casos, el resultado final del juicio se conoce varios años después que fallece. La deuda pasa al cónyuge y demás herederos. Lo que está en juego con los jubilados con juicios superaría los $ 120.000 millones, a lo que se agrega el reajuste de sus haberes mensuales.
Los indicios de que este plan está en estudio los dio el jueves el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso.
Al anunciar junto al Presidente Macri la movilidad del 15,35% para las prestaciones de marzo a septiembre, ante una pregunta periodística, Basavilbaso respondió: “Analizamos el tema de los juicios. Tenemos un stock grande de juicios que hemos recibido como herencia y queremos hacer alguna propuesta al respecto. Creemos que la estrategia de seguir postergando la resolución de estos juicios no es adecuada, considerando que hay adultos mayores, de edad avanzada que siguen litigando con el Estado hace muchos años. Así que junto con el Presidente Mauricio Macri estamos analizando una propuesta que sea sustentable, porque como bien dijo el Presidente no se trata de gastar más de lo que ingresa como impuestos. Por eso estamos tratando de diseñar una propuesta que sea fiscalmente posible a nivel presupuestario para cumplir con estos reclamos que tienen algunos más de 10 años”.
Clarín quiso avanzar sobre las definiciones de Basavilbaso, pero desde la ANSeS respondieron que “por ahora todo lo que hay es lo que se dijo jueves”. Pero en otras dependencias de la Seguridad Social dieron algunas pistas:
-La propuesta pasa por una definición política con fuertes implicancias financieras. Las sentencias de los jubilados no se pagan del dinero de la caja de la ANSeS sino de partidas especiales que se aprueban todos los años en el Presupuesto Nacional. Por ejemplo, para 2016, la partida es de $ 12.500 millones lo que alcanzaría para el pago de 40.000 sentencias. Además, figuran otros $ 1.676,2 millones para los fallos que benefician a retirados y pensionados de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
-“El Ejecutivo y el Congreso tienen que decidir cuánto se va a destinar a las sentencias –en efectivo y eventualmente en bonos– y si quieren avanzar sobre los juicios que aún no tienen sentencias pero que inevitablemente van en la misma dirección”, respondió la fuente. Además, en el Congreso hay proyectos de ley que ordenan extender a todos los jubilados, con o sin juicio, los beneficios de los fallos de la Corte. Y la propia Corte tiene pendiente y sigue sin resolver esa extensión por un pedido que hizo la Defensoría del Pueblo en 2010.
-A pesar de esos pagos, el stock de juicios no disminuye porque ingresan nuevas demandas por nuevos casos, como la reciente decisión de la Corte de ordenar la movilidad a cargo de la ANSeS de las “rentas vitalicias” de las ex AFJP o el pago de indemnizaciones por “daño moral” por la demora en el cumplimiento de las sentencias. “A los que ya tienen sentencia, se les debe pagar lo que marca el fallo. Al resto, que son la mayoría, se podría diseñar una propuesta que contemple opciones de pago al contado y/o con bonos, con algún descuento sobre lo reclamado. La aceptación sería voluntaria”, adelantaron a Clarín
