Por Carlos Pagni/La Nación.-
"Aníbal está en problemas." No es un dictamen de estas horas. Se remonta a agosto de 2008. Dos dirigentes peronistas, por entonces senadores, se lo escucharon a Néstor Kirchner, en el momento en que recibió la noticia de que Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, los dueños de droguerías que traficaban con efedrina, habían desaparecido en la zona de Quilmes. Kirchner estaba en las oficinas que le alquilaba a Cristóbal López en Puerto Madero.
Estaba débil, tres semanas atrás, Julio Cobos había volteado la ley de retenciones.
Aníbal Fernández sigue estando en problemas. Pero ya no está solo. La captura de Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci corre el velo sobre una trama político-criminal que prosperó bajo el kirchnerismo. La retirada del poder deja al descubierto un sistema de complicidades cuyo completo esclarecimiento depende de dos movimientos institucionales. El primero, que la investigación de la fuga de ese trío pase de la justicia bonaerense a los tribunales federales. El segundo, que se legisle sobre la figura del arrepentido.
Ya hay un juez federal tratando el caso. Sergio Torres inició un expediente cuando la Policía Federal detectó que los Lanatta y Schillaci eran asistidos por un aparato narco. Torres abrió una causa paralela a la del juzgado de Azul. La defensa del trío pidió que la pesquisa pase al nuevo fuero. Si el juez y el fiscal Jorge Di Lello y los jueces bonaerenses admiten el pedido, el análisis de la evasión del penal empezaría a integrar un rompecabezas con la investigación del tráfico de efedrina que lleva adelante María Servini de Cubría. Y con la que dirige Ariel Lijo sobre presunto lavado de dinero de la droga en la campaña presidencial de la señora de Kirchner del año 2007.
Forza, uno de los liquidados en Quilmes, fue uno de los mecenas de ese proselitismo.
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La adopción del régimen del arrepentido forma parte del paquete legislativo que piensa promover Mauricio Macri este año en el Congreso. Prevé que un imputado penal puede aliviar su situación si aporta información fehaciente sobre los tramos superiores de la cadena. La incógnita es si la norma incluirá la corrupción política.
Los condenados por el triple crimen, en especial Martín Lanatta, son una pesadilla para Cristina Kirchner y buena parte de su entorno. No sólo porque delatan la conexión de su administración con el narcotráfico. El menor de los Lanatta dejó huellas de sus fechorías en el Registro Nacional de Armas, donde trabajó a las órdenes de Andrés Meiszner. Es el presidente del club Quilmes, en reemplazo de su titular, Aníbal Fernández. Según fuentes judiciales, el cuaderno y la agenda que le secuestraron a ese delincuente registran nombres de políticos, empresarios y barrabravas. Son la clientela a la que proveía de permisos de portación de armas sin siquiera visitar sus oficinas. El beneficio llegaría a militantes de movimientos sociales que, por miles, fueron apañados por el kirchnerismo.
casa del nino
No era el único negocio que Martín Lanatta hacía con las armas.
El fiscal Gerardo Pollicita detectó viajes a la localidad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, para vender pertrechos a los narcotraficantes brasileños del Comando Vermelho. A menudo se hacían en un auto patentado a nombre de la ex SIDE. Lanatta, amante de la caza, es un eximio tirador. Tal vez fue esa habilidad la que lo subió a un avión de Lázaro Báez, el mismo en el que tantas veces se movió Cristina Kirchner, para viajar a Santa Cruz durante un levantamiento del gremio petrolero.
Martín Lanatta ofrecía estas prestaciones al amparo de Aníbal Fernández. El ex jefe de Gabinete es socio de José Luis Meiszner, padre de Andrés y mano derecha de Julio Grondona. Fernández consiguió gracias a Meiszner organizar para su jefa el programa Fútbol para Todos. Meiszner, sospechado de estar involucrado con la corrupción de la FIFA, está bajo arresto domiciliario. Es una amenaza delicada para Fernández. Su amigo lo vincula a un expediente abierto en los Estados Unidos, donde el régimen del arrepentido está vigente.
La investigación sobre los negociados de la AFA está a cargo de Servini de Cubría. Es la jueza que examina la infiltración del tráfico de efedrina en las gestiones de los Kirchner. Servini procesó en esa causa a Máximo y Miguel Ángel Zacarías, dos funcionarios ligados a la ex presidenta. Miguel Ángel era el secretario de José Granero, ex titular de la Sedronar, también procesado por narcotráfico.
Sin embargo, fuentes policiales suponen que su verdadero jefe era Aníbal.
Lanatta hizo afirmaciones explosivas en el expediente abierto por Servini. Aseguró, por ejemplo, que le tocó reunirse con Aníbal Fernández en el Departamento de Policía para llevarle varios millones de dólares. Detalló que Fernández pidió un despacho para recibirlo y que lo recompensó con un porcentaje del botín. Lanatta debía volver a declarar en esta causa en febrero. Por eso el entorno de los tres delincuentes recapturados difunde la versión de que dentro del penal estaban amenazados. El lunes pasado Schillaci fue preciso. Cuando el juez Torres le dijo que lo mandaría a un presidio federal, objetó: "No lo haga, porque Aníbal también tiene influencia en esas cárceles".
La fuga de estos narcos puso en escena a quien sería su jefe en la liquidación de Forza, Ferrón y Bina: Pérez Corradi. Este prófugo hace honor a su nombre: Ibar. Según la tradición vikinga, así se llamaba el caudillo de los berserker, guerreros casi indestructibles por la furia que les provocaba el consumo de hongos alucinógenos, precursores de la efedrina. A Borges le habría encantado esta leyenda.
Se sospecha que Pérez Corradi ordenó a Lanatta y sus secuaces que asesinaran a los tres empresarios, en represalia por haberle vendido un cargamento adulterado destinado al cartel de Sinaloa.
A Pérez Corradi se le atribuye haber inventado el negocio de la efedrina, que algunos grandes laboratorios importan desde India y China. Los jueces sospechan que Pérez Corradi, ex funcionario del Banco Nación, sería otro nexo entre los prófugos recapturados y Fernández. Van más allá: aseguran que cuando este presunto narco cayó preso en Ezeiza, el ex ministro, muy inquieto, realizó una inspección al penal para visitarlo. Pérez Corradi estaba en cautiverio por la causa de la mafia de los medicamentos. Su liberación es materia de polémica entre los jueces Norberto Oyarbide y Sandra Arroyo Salgado y los camaristas de la Sala II del fuero federal porteño.
El defensor de Pérez Corradi, Carlos Broitman, adelantó que su cliente podría entregarse pronto. Se movería en la frontera paraguaya, vinculado siempre al negocio de las drogas. Broitman no es ajeno a ese universo. La jueza Arroyo Salgado lo investiga por presunta extorsión al colombiano Antonio Yepes Gaviria. La causa alcanza también al fiscal bonaerense Julio Novo, señalado porque, al parecer, defendería a una red internacional de traficantes. Novo es un protegido de María del Carmen Falbo, procuradora bonaerense, quilmeña y amiga de Aníbal Fernández.
Estas incógnitas policiales deben ser despejadas en medio de una crisis institucional. Macri anunció que uno de sus objetivos es terminar con el narcotráfico. La persecución de los Lanatta y de Schillaci le demostró que debe dar esa pelea con una organización carcomida por aquello que combate. Un ejemplo: si la AFI tenía tanta información sobre "el Faraón" Melnyk, ¿por qué, entonces, no había un proceso por lavado de dinero? Al parecer, los datos fueron recopilados por "el Lauchón" Viale, acribillado en circunstancias extrañísimas por la bonaerense.
Además hay inconvenientes técnicos.
Sin ir más lejos, la AFI acaba de mandar más de 400 telegramas de despido a empleados mencionados por su nombre y apellido. Muchos iniciarán demandas por esa exposición. Un desafío para el ahijado de Daniel Angelici, el director de Legales Sebastián De Stéfano: la propia AFI litiga contra la revista Noticias por haber revelado la identidad de 30 agentes.
Algunas de estas instituciones están, además, debilitadas por las internas. Por ejemplo, el ex secretario Sergio Berni juega a la mancha venenosa haciendo creer que el nuevo jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero, responde a Aníbal Fernández. Sería la venganza por una investigación de Otero sobre negocios del área de Logística del gobierno kirchnerista.
La fuga y la captura de los tres prófugos tuvieron también consecuencias políticas. Macri deberá restaurar la relación con el gobierno socialista de Santa Fe. Quedó dañada por los reproches que provocó la falsa captura de Cristian Lanatta y Schillaci. Anteayer un grupo de dirigentes de la UCR, que en esa provincia está aliada al socialismo y a Stolbizer, hizo notar al Presidente que ese vínculo es estratégico, sobre todo en Diputados.
Sin embargo, el daño principal de esta crisis se registra en el peronismo. La exhibición cada vez más nítida de la dimensión delictiva que tuvo la experiencia kirchnerista acelera la secesión de muchos dirigentes. El más notorio es Juan Manuel Urtubey, quien ya negocia con los dirigentes de Cambiemos un espacio en las comisiones de Diputados para un bloque disidente del PJ.
Hay una consecuencia más desagradable. Los pactos escabrosos sobre los que se sostuvo el gobierno anterior en Buenos Aires obligan a reexaminar la selección de Aníbal Fernández como candidato a gobernador. Cada vez queda menos claro si fue un error político o un compromiso mafioso.
