Por Diario HOY.-
La gobernadora suspendió la designación de César Albarracín como fiscal adjunto de Casación y el presidente de ese tribunal se negó a tomarle juramento como relatora a quien se desempeñó como titular del SPB. Un tiro para el lado de la Justicia
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el presidente del Tribunal de Casación, Federico Domínguez, decidieron ponerse firmes y frenaron el desembarco en el máximo tribunal penal de la Provincia de quienes están seriamente sospechados de haber sido dos de los máximos responsables políticos de la triple fuga del penal de General Rodríguez.
Nos referimos, concretamente, al ex subsecretario de Política Criminal de la Provincia, César Albarracín, y a la ex titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini. Ambos forman parte del riñón político del ex ministro de Justicia, Ricardo Casal, mano derecha del ex gobernador Daniel Scioli y otro de los sospechados de haber tenido injerencia en la huida de los tres condenados, en un burdo intento de perjudicar al gobierno de Vidal.
El pasado miércoles 20 de enero el diario Hoy informó, en su portada, el escándalo que se había comenzado a generar a raíz de la intención de que Piermarini asumiera como relatora en el tribunal de Casación, a pedido de uno de los jueces que integran esa Cámara: Daniel Carral, quien forma parte de la agrupación ultra K “Justicia Legítima”, liderada por la Procuradora ultra K, Alejandra Gils Carbó.
Eso no es todo: desde el mismo momento en que se produjo la triple fuga, el diario Hoy alertó sobre el misterioso accionar de Albarracín, a quien Scioli y Casal le habían allanado el camino para que asumiera como fiscal adjunto del máximo tribunal penal de la Provincia.
Ayer, a través de un decreto, la gobernadora Vidal suspendió la polémica designación de Albarracín. El artículo 1 dispone: "Suspender el proceso de designación de César Miguel ALBARRACIN (D.N.I. N° 22.996.761 – CLASE 1972) en el cargo de Fiscal Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto se deslinde su responsabilidad administrativa y/o penal en el marco de las actuaciones de referencia". En los considerandos de la normativa, la mandataria provincial aclaró que "median en el estado actual del procedimiento graves antecedentes que no estaban presentes ni fueron valorados al tiempo de decidir su designación, y ello torna conducente la adopción de medidas efectivas tendientes a resguardar el interés público comprometido, que debe prevalecer sobre cualquier expectativa personal".
En tanto, en díálogo con Hoy, Federico Domínguez fue contundente respecto a su decisión de no tomarle juramente a Piermarini. “No lo hice porque se escapó gente de una cárcel que estaba bajo la responsabilidad de ella. Me parece incorrecto poner en funciones a una persona que ha descuidado el funcionamiento del servicio penitenciario. Y la designación de personal en el tribunal de Casación es mi responsabilidad: por eso me metí”.
Pese a que estar muy avanzada la designación de Piermarini, Domínguez sostuvo que no prosperará ya que, por lo escandaloso de la fuga, consideró que el "tema está definitivamente cerrado" y que no se "va a insistir en el pedido", dando a entender que el juez Carral ya habría desistido de ese nombramiento. En definitiva, finalmente hubo un tiro para el lado de la Justicia.
Elisa Carrió tiene en la mira a Falbo
La diputada nacional Elisa Carrió volvió a fustigar contra los frustrados nombramiento de Miermarini y Albarracín. "Escandaliza que el juez de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Alfredo Carral, busque nombrar a Piermarini como relatora de su vocalía en ese tribunal cuando la justicia debería estar investigando sus responsabilidades penales en la fuga de condenados".
"La posible designación de Piermarini deja en evidencia que los lazos de impunidad entre los responsables del crecimiento de las mafias de la provincia están intactos", agregó. Asimismo, la legisladora señaló al ex ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal; a la procuradora general, María del Cármen Falbo; y al fiscal general de San Isidro, Julio Novo como participantes en una actuación conjunta tendiente a permanecer en "el poder de la provincia".
En este sentido, Carrió acusó a Falbo de estar sospecha de poner trabas para dar con el paradero de los prófugos. "El 3 de enero frente a la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez señalé que resultaba obvio que fue manejada por la cúpula del Servicio Penitenciario provincial, entre ellos, por Florencia Piermarini de quien el ex ministro Ricardo Casal fue su jefe político", señaló. Y añadió: "el juez en el cual Piermarini encontró refugio ya tuvo lazos con otros actores claves del poder judicial bonaerense como Julio Novo, que fue indagado por la Juez Federal de San Isidro por encubrimiento de narcotráfico".
