Por Ernesto Tenembaum/El Cronista.-
No fue cómplice de la dictadura. No hay una foto, una declaración, un gesto suyo de cercanía con los militares.
Nadie le descubrió una fortuna incalculable y, menos que menos, una que no pueda justificar.
No compró terrenos fiscales a precio vil.
Nunca defendió la idea de que se necesitaba matar gente para que la Argentina fuera un lugar más justo.
No escapó jamás de un pedido de captura por parte de un juez.
No acusó a nadie de homosexual, de drogadicto o de cómplice de la dictadura para triunfar en una pelea menor.
No lucró gracias al desalojo de personas humildes.
No intentó comprar una imprenta de billetes con plata del Estado, ni participó de la administración fraudulenta de un plan para construir viviendas sociales.
No usó anillos de brillantes, ni debió realizar un acuerdo judicial para frenar un proceso abierto cuando se descubrió que tenía prostíbulos en sus varios departamentos, ni fue ñoqui del Senado.
No fue menemista, cuando todos los trepadores lo eran.
No fue duhaldista, cuando todos los trepadores lo eran.
No fue kirchnerista, cuando todos los trepadores lo eran.
Es más: cuando en la Corte había jueces que constituían la mayoría automática de Menem, él resistió. Sus votos en minoría durante esos años son realmente ejemplares. Falló, por ejemplo, en contra de un per saltum famoso que destrabó la privatización irregular de Aerolíneas Argentinas, a favor de otorgar personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina, a favor de trabajadores que reclamaban actualización de haberes por considerar que era inconstitucional la eliminación de la indexación dispuesta por la dictadura, a favor de la reposición en su puesto de docentes despedidos por la misma dictadura, en defensa del fiscal Ricardo Molinas, que había sido destituido de manera irregular por investigar hechos de corrupción.
Fue el único ministro que defendió la resolución de un juez que impedía los despidos en SOMISA, dispuestos por el menemismo como paso previo a su privatización. Sostuvo que la Federal no podía aplicar arbitrariamente los edictos policiales, sin asistencia letrada para la víctima. Y postuló que la tenencia de droga para consumo no debía ser penada.
Por eso, cuando luego del 2003 se inició un proceso virtuoso de renovación de la Corte Suprema, nadie le pidió que se fuera, y ya tenía más 80 años.
Fayt es un caso extraño. Se trata de una persona que ocupó un cargo público de alta exposición durante más de tres décadas y no le pueden encontrar otro pecado que uno biológico: haber cumplido años. Las diferencias de estatura política y moral entre Fayt y quienes lo acusan es tan enorme, que tal vez en ese contraste, más aún que en la enfermiza ambición de poder, se pueda encontrar alguna causa del ensañamiento de estos días.
La primera que lo denunció por viejo fue la presidenta de la Nación en julio de 2013. Estaba peleada con la Corte porque no le dejaba pasar un proyecto de reforma judicial por el cual los jueces serían elegidos en las boletas de los partidos políticos, o sea, que quien ganara la elección se quedara con la Justicia. Entonces, Cristina Fernández calificó a Fayt en Twitter de "juez centenario". A los pocos días, Justicia Legítima organizó un acto frente a Tribunales. Allí fueron, entre otros, los diputados oficialistas Héctor Recalde y Carlos Kunkel y había colectivos y una gran muchachada con remeritas de La Cámpora.
Antes del primer orador, se realizó sobre la tarima una representación artística donde aparecía un juez decrépito, que se movía con un andador y al que dos asistentes le pasaban el plumero y ayudaban a limpiarse los mocos.
Así trataron a Fayt, sin que ni la Presidenta, ni ningún ministro, ni ningún integrante de Justicia Legítima, ni los prestigiosos Raúl Zaffaroni, Horacio Verbitsky, Carlos Arslanian o Julio Maier, dijeran una palabra sobre el asunto. Fue un silencio parecido al que se produjo luego de que un sector del kirchnerismo juzgara en plaza pública a Magdalena Ruiz Guiñazú por complicidad con una dictadura a la que, en realidad, había denunciado, o cuando un grupo de barras bravas contratados por Guillermo Moreno, rompió a sillazos la presentación de un libro que, justamente, denunciaba a las patotas del Indec.
El operativo de estos días se inició el 3 de mayo cuando Verbitsky opinó que Fayt no entendía lo que firmaba. Para sostener esa afirmación, no aportó un testimonio de un médico, o de un familiar, o una radiografía, un análisis de sangre, un fallo disparatado, una filmación. Era solo su palabra. Algo que alguien dice. Verbitsky fue desmentido por la hija del juez. Pero el jefe de Gabinete amplificó esa versión, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo calificó como ‘momia’ a Fayt y el periodismo oficialista se sumó, militante como siempre, al coro. Por si fuera poco, un grupo de diputados se constituyó en una especie de tribunal popular sanitario para determinar si Fayt está lúcido o no. En los viejos regímenes stalinistas de Europa del Este, se solía decretar que los disidentes estaban locos y se los encerraba. En este caso, se trata de una mueca triste, un reflejo del enojo de una Jefa que, con cierta periodicidad, pierde las proporciones y nadie, en su entorno ni en su fuerza política, le resiste los caprichos.
Todo se puede discutir: la edad límite para ser ministro de la Corte, el estado de salud mental de un Presidente, con cuántos años se debe jubilar un profesor de la UBA, qué hacer con un vicepresidente procesado y como deben variar los exámenes de conducir a medida que uno envejece.
Es probable que 97 años sean demasiados para que alguien ocupe un cargo tan sensible. Pero también puede ocurrir que, a esa edad, haya personas lúcidas que no deseen retirarse. Para evitar subjetividades, la sociedad democrática eligió el estado de derecho. Si la ley establece determinados mecanismos para remover a alguien, esos son lo que se deben aplicar. Pero hay leyes no escritas: humillar a una persona mayor, solo por la edad que tiene –o a cualquiera, por lo que sea– no parece ser un método que distinga a quienes lo aplican.
Fayt seguirá en el cargo hasta que él quiera porque el Gobierno no tiene los dos tercios de ambas cámaras para tirarlo por la ventana. Salvo que lo quiebren, o que la presión de estos días deteriore radicalmente su salud. Por eso, todo lo que pasó refleja una dosis apreciable de torpeza política. Pero lo que más sorprende no es eso, sino la vocación de tanta gente por ser fuerza de choque y la de tanta otra por el silencio ante la prepotencia y el intento de humillación de personas íntegras.
La así llamada ‘década ganada’ está plagada de episodios tan elegantes como este donde la lucidez no es lo que abunda. Y el culpable de que eso haya sido así no es, justamente, el juez Carlos Fayt.
En todo caso, alguien que, en este país tormentoso, solo tiene la culpa de cumplir años es una honrosa excepción.
