Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Fuentes seguras de Comodoro Py aseguran que el juez federal Daniel Rafecas dará curso a la denuncia del fiscal Gerardo Pollicita, que ayer fue invitado por el bloque de diputados del Frente para la Victoria para que conteste preguntas sobre la misma, que se originó en la investigación de Alberto Nisman y por la cual imputa a la presidente.
Pollicita no tiene obligación de concurrir, la reunión sería secreta y nunca en la historia argentina un fiscal fue a dar explicaciones sobre sus imputaciones a un funcionario. En la causa rige el secreto de sumario, que podría quedar vulnerado si Pollicita habla del tema en el Congreso, lo que lo obligaría a abandonar la causa y puede ser que ése sea el objetivo del cristinismo.
Los recursos de siempre
El oficialismo apuntaría a que la denuncia recaiga en otros fiscales, como Diego Iglesias, Juan Pablo Zoni o Leandro Gómez Barbella, recientemente nombrados por la Procuradora General Alejandra Gils Carbó y que ya están en funciones. Los dos últimos fueron cuestionados pero la justicia contencioso-administrativa no les falló en contra. Pero ese objetivo del gobierno no se cumplirá, porque Pollicita no concurriría a Diputados para que lo reciban con “los tapones de punta” en el bloque oficialista y ya recibió presiones inusitadas de Eugenio Zaffaroni, León Arslanián y Luis Moreno Ocampo, que también apuntaron hacia el juez Daniel Rafecas, que de ninguna manera puede desestimar muchas medidas pedidas por el fiscal, que pese a que no incluyó el llamado a indagatoria y que fue mucho más moderado en su escrito que en el anterior del fiscal Nisman.
Hay un punto que el juez Rafecas tendrá muy en cuenta y es que el Memorándum de Entendimiento con Irán establece que serán interrogados cinco iraníes de los ocho imputados en la causa y los tres restantes, Akbar Hashemi Rafsanjan, ex presidente de la Republica Islámica de Irán, el ex canciller Ali Akbar Valyati y el actual negociador del programa nuclear de Irán fueron beneficiados por Interpol con un acta de inmunidad por sus cargos, pero siguen siendo imputados en la justicia argentina en la causa que tramita el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
La exclusión de tres de los ocho imputados por la justicia y que habrían sido interrogados en Teherán si la Republica Islámica aceptaba el tratado, demuestra que al reducirse los supuestos interrogatorios a sólo cinco de ellos, que eran los tenían circulares rojas de Interpol, todo encaja en el tipo delictivo de encubrimiento agravado de un delito de lesa humanidad, como fue el atentado a la AMIA.
