Por Carlos Tórtora/El Informador.-
La denuncia del fiscal especial para el caso AMIA, Alberto Nisman, contra la presidente y otros miembros del gobierno se da en un contexto muy especial marcado por tres factores. El primero es que la puesta en la vidriera de la complicidad de los gobiernos de Buenos Aires y Teherán coincide con que el terrorismo fundamentalista islámico, por primera vez desde la voladura de las torres gemelas en el 2001, acaba de retornar al primer plano de la política mundial a partir de la instalación de la Yihad en las calles de Europa con el atentado a Charlie Hebdo y demás hechos de sangre en Francia.
El segundo factor es que Nisman, ex marido nada menos que de la magistrada predilecta de la Secretaria de Inteligencia, la juez federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, difícilmente está actuando aisladamente de la lucha por el poder que se está dando en la justicia entre la Procuradora General Alejandra Gils Carbó y la Corte Suprema en cabeza de su presidente Ricardo Lorenzetti, sobre todo a partir de la reforma del Código Procesal Penal, que les transfiere buena parte del poder de los jueces a la Procuración General, más que a los fiscales.
Por último, este golpe gravísimo a la imagen presidencial llega cuando se acerca para CFK la hora de decidir si el 9 de agosto próximo asumirá un papel protagónico, ya sea como candidata al Parlasur o a algún otro cargo.
Una consecuencia del paso dado por Nisman sí se puede considerar segura: a partir de ahora la necesidad de fueros de la presidente y su entorno se vuelve una prioridad central, casi excluyente.
El caso Báez y otras causas que pueden afectar directa o indirectamente la situación judicial de la presidente se originan en hechos de corrupción, en tanto que la denuncia de Nisman apunta a la complicidad para encubrir un mega atentado terrorista, un tema que concita el interés directo del Estado de Israel y de distintos centros de poder de los EEUU.
La acusación se refiere a “decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de fabricar la inocencia de Irán” en la investigación por el atentado perpetrado en Buenos Aires en 1994. Nisman pidió además la declaración indagatoria de CFK y un embargo de 200 millones de pesos.
La esencia del acuerdo kirchnerista con el régimen de los ayatollas habría sido un negocio: la Argentina necesitada de energía, negociaría con Irán impunidad a cambio de “granos y carne”. Sin embargo, para poder cumplir con este acuerdo, se necesitaría algo más: garantizar la caída de las circulares rojas que pesan sobre varios funcionarios del régimen iraní, hecho que no ocurrió, pese a la firma del célebre Memorandum de Entendimiento con Irán, que tiene jerarquía de tratado internacional.
Un primer punto a analizar son las escuchas telefónicas, algunas de las cuales ya trascendieron periodísticamente, que demostrarían la participación en el pacto de impunidad del canciller Héctor Timerman, Julio De Vido, Luis D’Elía, Andrés Larroque y otras figuras del oficialismo. Es obvio que, estando incorporadas como válidas en la investigación, se trata de escuchas legales, es decir, solicitadas por Nisman a la SI. El proveedor de las mismas no habría sido otro que Antonio Stiusso, el ex director de operaciones especiales que el gobierno defenestró dos semanas atrás junto con el secretario y subsecretario del organismo, Héctor Icazuriaga y Francisco Larcher.
¿Ignoraba la presidente que la SI había entregado a Nisman escuchas que comprometen hasta internacionalmente a su gobierno? Sergio Burstein, de familiares y Amigos de Víctimas de la AMIA y operador importante del gobierno en las acusaciones contra Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, no dudó ayer en señalar.
Dijo Burstein: “Es una operación de quien llevó adelante la investigación que Nisman puso en sus escritos: Jaime Stiusso”. Nadie ignora que Burstein está financiado por la SI. Es más, últimamente estaría cerca del Jefe del Estado Mayor del Ejército, General César Milani, dueño de un poderoso aparato de inteligencia clandestina que ya fue objeto de varias denuncias judiciales.
El caso es que la guerra interna que evidentemente se está desatando en el seno de la SI lo dejaría ahora mal parado a Milani, que le habría garantizado a CFK que él podría controlar la situación. Como está a la vista, esto no ocurrió.
La Corte Penal Internacional
La acusación de Nisman, apenas un punto de partida, coloca a CFK y a su entorno al filo de verse imputados como encubridores de un delito de lesa humanidad, como fue sin duda el atentado a la AMIA. Argentina es signataria del Estatuto de Roma que constituyó la Corte Penal Internacional y que define al crimen de lesa humanidad como las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad. «Leso» significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la humanidad en su conjunto. Dado que el atentado contra la AMIA es uno de los hechos terroristas más graves de la década del ‘90, la Corte Penal Internacional podría llegar a intervenir en la investigación de su encubrimiento por parte de dos gobiernos. Uno el de Irán, responsable del atentado y otro, el de Argentina, que en lugar de colaborar con la investigación judicial, optó por intentar cerrar la causa para obtener beneficios económicos.
Que el kirchnerismo, campeón de los derechos humanos, pueda terminar yéndose de la Casa Rosada involucrado en encubrir un delito de lesa humanidad es una paradoja más de las tantas que nos provee este gobierno.
Como señalamos anteriormente, las implicancias electorales de la denuncia de Nisman surgen solas. CFK necesita fueros para el 10 de diciembre próximo, pero también De Vido, Timerman y otros. Por otra parte, este nuevo cimbronazo beneficiaría a Daniel Scioli en el sentido de que, cada vez más, su figura es la única competitiva que tiene el oficialismo. Un candidato del Frente para la Victoria salido del dedo de Cristina, por caso Florencio Randazzo, es cada vez menos sustentable. Sin duda, más allá de los alcances de la causa judicial, Nisman acaba de abrir una vía de agua en la línea de flotación del gobierno que será casi imposible reparar. No por nada la Casa Rosada se mostró fría y distante ante la conmoción que produjo la masacre de Charlie Hebdo. Es que el cristinismo estaba a punto de empezar a entrar en la historia del lado de ISIS y Al Qaeda.
