Por Hernán Cappiello/La Nación.-
El juez federal Sebastián Casanello debe profundizar la investigación por lavado de dinero sobre el empresario Lázaro Báez, su hijo Martín, su contador Daniel Pérez Gadín y el empresario Fabián Rossi y ahondar especialmente las averiguaciones sobre los millones de dólares sacados ilegalmente del país y luego reingresados mediante la compra de bonos del Estado.
Así lo indicó la Cámara Federal al juez que investiga al empresario kirchnerista en un fallo donde le reclamó una investigación "integral y completa" del caso, ya que fraccionar la causa resulta inapropiado, dijeron los jueces.
El fallo fue firmado por los camaristas de la Sala II del tribunal, compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, que instaron a Casanello a hacer una radiografía de la situación patrimonial y financiera de todos los investigados, incluidos Báez y su familia, así como de sus empresas. Reclamaron que con esa información se realice un estudio contable para establecer la realidad económica de los investigados al momento de las maniobras de lavado denunciadas y la magnitud de los fondos entrantes y salientes de sus patrimonios, para establecer si se corresponden con los flujos reales de dinero documentados.
La sentencia de la Cámara pretende darle un impulso al caso con relación a Báez y a sus familiares, marcarle la cancha a Casanello para que no se aparte de ese norte, y es una ratificación de los alcances de la investigación, que había dejado de lado al comienzo del caso el fiscal antilavado Carlos Gonella, razón por la que este último fue procesado hace quince días.
Hasta ahora el juez procesó al estudiante de contabilidad Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar por lavado de dinero. Ambos dijeron por TV, en el programa Periodismo para todos, que dio origen a esta causa, que habían lavado 55 millones de euros que habían salido del país, y luego se desdijeron. El juez entendió que ambos llevaban una vida que no se condecía con sus ingresos y los vinculó con maniobras ilegales. Fariña además está preso por evasión y se lo investiga por narcotráfico. El juez también procesó por lavado al empresario Carlos Molinari, supuesto proveedor del dinero que blanqueó Fariña. Y procesó a Eduardo Erusalimsky, que compró a Fariña campos en Mendoza en 1,8 millones de dólares. Ese campo, según Fariña, lo había comprado en nombre de Báez por cinco millones de dólares.
La Cámara Federal, al confirmar que debe investigarse en La Plata y en Buenos Aires a Fariña y a Erusalimsky, entendió que Casanello se centró sólo en estos personajes. Por eso enumeró las hipótesis delictivas que abarcan 253 millones de pesos que aportó Austral Construcciones a un fideicomiso uruguayo, la compra del campo de Mendoza en nombre de Báez, el posible envío de dinero desde el Sur a Uruguay y desde allí a paraísos fiscales y la salida del dinero del país y su retorno tras la compra de bonos.
Esta hipótesis es la que desarrolló el fiscal José María Campagnoli cuando investigó a Báez, hasta que le sacaron el caso. Campagnoli escribió en un dictamen que salieron del país 55 millones de euros y reingresaron mediante la compra de bonos de la deuda externa argentina, cuya liquidación fue abonada por Helvetic Services Group SA. Esta empresa endosó los cheques a nombre de Austral Construcciones y los fondos volvieron a la cuenta de la constructora de Báez radicada en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación, frente a la Casa de Gobierno.
Los camaristas advirtieron que no debe perderse de vista que la causa incluye la expatriación de unos 60 millones de dólares y su reingreso al país. Por eso le dijeron a Casanello que llevó adelante una "investigación desarticulada" en la que avanzó por un lado, pero por el otro "no obtuvo mayor logro pese a las producción de diligencias (cuya profusión en cantidad y volumen no es sinónimo de utilidad). Los camaristas se refieren a la búsqueda que hizo Casanello en tribunales de todo el país de causas contra Báez, pues el juez entiende que no puede avanzar por lavado de dinero contra el empresario si no hay evidencias de un delito precedente, fuente de los fondos ilegales.
Por eso indicaron a Casanello que debe "profundizar la encuesta" en las divisas que salieron del país y en la confesión de Fariña de que compró por 5 millones de dólares en efectivo el campo mendocino.
Y también le encargaron "determinar la situación patrimonial y financiera de todas las personas físicas y jurídicas denunciadas" mediante los datos de la UIF, el banco central, la AFIP, el Mercado de Valores y que expertos analicen la información para establecer el flujo de fondos y si está justificado o no.
