Por Pedro Ylarri/elEconomista.-
Como el expresidente Carlos Menem, que mantiene un cargo casi vitalicio en el Congreso para evitar la prisión, la administración de Cristina Fernández prepara el terreno para cuando la actual mandataria deje el poder en diciembre de 2015. La idea es dotar a los legisladores del Mercosur, en el llamado Parlasur, de inmunidad judicial, como gozan los miembros del poder legislativo.
De esta manera, en caso de ser elegida, Fernández no podrá ser encerrada.
Como a Menem, que dejó el poder en 1999 y todavía es convocado por la Justicia por la gran cantidad de causas por corrupción abiertas, Cristina Fernández tiene varios frentes judiciales que la perseguirán en los próximos años. En especial, su relación con Lázaro Báez, quien según denuncias periodísticas y el testimonio de dos arrepentidos, lavó cerca de 52 millones de euros de dinero negro de la política de los Kirchner en la Patagonia.
Báez tiene varios vínculos comerciales con la presidenta y fue junto con Cristóbal López uno de los principales beneficiados por la obra pública cuando la familia Kirchner gobernó Santa Cruz y luego, cuando siendo presidente los benefició de millonarios contratos.
El temor a ser citada por la Justicia la llevó a lanzarse para ocupar un rol en el Parlasur, una entidad con poca influencia política y escasos antecedentes. Hoy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el oficialista Daniel Scioli, apoyó la idea y propuso a Cristina Fernández como candidata al Parlasur: "Es una líder internacional reconocida", dijo y añadió que sería "positivo para el país y la región".
En paralelo, en el Congreso, el oficialismo apura una ley para dotar a los legisladores del Mercosur de los mismos fueros parlamentarios que sus pares nacionales, según alertó el dirigente del GEN Gerardo Milman. "Esto es muestra clara de la impunidad que quieren tener. Se les quiere dar a los parlamentarios del Mercosur argentinos más inmunidades que las propias del Mercosur".
"En el proyecto de (Jorge) Landau, se fija en el Art. 12 que los Parlamentarios del Mercosur en representación de la ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales. Serán aplicables las disposiciones que regulan la condición de aquellos en cuanto a inmunidades parlamentarias", alertó el diputado.
La estrategia es utilizada por otros personajes de la política con prontuarios judiciales. El caso más emblemático es el del mismo vicepresidente, Amado Boudou, quien acumula cinco causas judiciales en su contra por diversas irregularidades, pero está amparado por los fueros que tiene como titular del Senado.
