Por Roman Lejtman, Periodista/El Cronista.-
Si la Presidente no encuentra un antídoto político para terminar con la actuación de Claudio Bonadio en la causa Hotesur, su futuro judicial será sombrío y oscuro. El niño mimado de Carlos Corach es sinuoso y arrogante, pero hasta ahora manejó la pesquisa con un preciosismo legal que supo evitar cuando revisó los patrimonios de los secretarios privados de Néstor Kirchner y el encubrimiento cometido por Carlos Menem durante la investigación del atentado a la AMIA. Bonadio no perdona la traición del gobierno y juró venganza eterna. Frente a la ira de Su Señoría, Cristina Fernández debería contratar al abogado penalista Eugenio Zaffaroni, tras su paso por la Corte Suprema, si quiere una defensa profesional acorde a las pruebas que se están acumulando.
Sólo un Cortesano que sobrevivió a una causa de trata en sus propios departamentos, puede abogar la inocencia de una jefe de Estado investigada por ejecutar su poder institucional a favor de socios, familiares y amigos. Bonadio tiene su hipótesis judicial y reúne evidencias para probar su construcción teórica: CFK y Lázaro Báez urdieron un conglomerado de empresas para lavar y distribuir los fondos públicos que capturaron con las obras que la Casa Rosada entregó a Austral Construcciones durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner. Para Su Señoría, la trama de Hotesur es sólo un modus operandi, un presunto método que permitía ingresar al sistema legal millones de pesos que Báez supuestamente devolvía a la familia presidencial por las contrataciones avaladas desde Balcarce 50.
Ya no se investiga una ‘irregularidad administrativa’: se trata de averiguar cómo CFK, sus hijos, amigos y socios multiplicaron su patrimonio en diez años de ejercicio del poder.
César Milani, jefe del Ejército y espía presidencial, revuelve en la basura para encontrar evidencias que traben la pesquisa de Bonadio. El general acusado de violar los derechos humanos durante la dictadura, aún no encontró suficiente roña para complicar al juez federal, pero la instrucción secreta solo será cancelada cuando la causa Hotesur quede en manos oficiales, discretas y sumisas.
Bonadio sabe que lo están caminando y no pierde el sueño. Tiene contactos en la inteligencia civil que cubren sus espaldas y amigos en la clase política que han decidido olvidar sus pecados jurídicos a cambio del procesamiento de CFK, Máximo, Báez y sus socios de cartón piedra. Su Señoría pone cara de poker y avanza en la pesquisa que preocupa a Balcarce 50.
Ante el fracaso del general Milani, que no aportó suficiente basura para apretar a Bonadio, los voceros de Cristina ya han comenzado a ejercer su atribulada declaratoria en los medios de comunicación. Aníbal Fernández, que sabe de política, justicia y poder, ha sostenido que la causa Hotesur debería ser anexada a la investigación de Sebastián Casanello, un magistrado que tiene una causa de Báez y una fuerte inclinación budista para emitir exhortos y ordenar pericias contables.
El exintendente Fernández, que en su época debió enfrentar una orden detención, propone la solución más simple para resolver la causa judicial que más complica a CFK, su familia y su entorno: reconocer que hay un presunto lavado y anexar el expediente de Bonadio a la lentitud ya probada de Casanello.
Esa estrategia procesal podría funcionar, pero tiene dos problemas: Cristina no quiere reconocer que está siendo investigada por la justicia federal y Bonadio jamás cederá su investigación judicial. Cara y cruz: la misma moneda, distinta imagen del poder.
Para después de la feria de verano, si antes no fue recusado, Su Señoría citará a Máximo, Báez y sus gerentes todo terreno. Bonadio prepara el terreno para su jugada más audaz y necesita tener probado su objeto procesal. No es común que una Presidente conteste como testigo un pliego de preguntas en una causa abierta para investigar los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de poder y negociaciones incompatibles con la gestión pública. Zaffaroni, pro bono, podría ayudar a Cristina en su defensa penal.
Jorge Urso fue un juez federal que comía asados junto a Carlos Menem y Carlos Corach en la quinta de Olivos. En junio de 2001, cuando Menem ya era expresidente, lo detuvo, embargó y procesó por la venta de armas a Ecuador y Croacia. Al lado de Bonadio, Urso es apenas un aprendiz de brujo.
Que CFK llame a Corach y le pregunte.
