Por Gustavo Ybarra/La Nación.-
Por escrito, 28 senadores resolvieron no facilitar el acuerdo para cubrir la vacante del juez Zaffaroni en el alto tribunal; quieren que la designación se haga con el próximo gobierno
Los senadores de todos los bloques de la oposición sellaron un compromiso por la Corte.
La oposición del Senado le asestó ayer un golpe de knock out al gobierno de Cristina Kirchner, al reunir el compromiso firmado de 28 legisladores para rechazar el tratamiento de "cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia" hasta después de las elecciones presidenciales del año próximo.
El documento lleva la firma de senadores de la UCR, el FAP, el peronismo disidente, Pro y partidos provinciales, y fue presentado justo cuando la Casa Rosada tendrá la posibilidad de designar un miembro en el máximo tribunal.
Tras la muerte de Enrique Petracchi, la Corte quedó con cinco miembros, tal como lo establece la ley sancionada en 2006 que redujo el número de integrantes. Pero el 30 de octubre pasado presentó su renuncia Eugenio Raúl Zaffaroni, que la Presidenta aceptó cuatro días después y se hará efectiva el 1° de enero.
El texto del compromiso es breve y replica, aunque con mayor número de adherentes, el que firmaron 25 senadores en noviembre de 2012 para comprometerse a rechazar cualquier intento de reforma constitucional de parte del kirchnerismo.
"Los abajo firmantes, senadores de la Nación comprometidos con la defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial, suscribimos el presente instrumento comprometiéndonos a rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral en virtud del cual se elegirá el nuevo presidente de la Nación y se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso", sostiene el documento.
El autor ideológico de la jugada fue el socialista Rubén Giustiniani (FAP-Santa Fe), quien inició contactos con el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), para salir a la búsqueda de firmas.
"No confiamos en un gobierno que comete excesos y, por lo tanto, nosotros vamos a ejercer nuestro derecho a no tratar cualquier candidato que el Gobierno designe para la Corte", explicó el senador socialista en diálogo con LA NACION.
El documento fue presentado en sociedad en una conferencia de prensa improvisada para los medios en los pasillos del Senado, mientras en el recinto se discutía el proyecto de nuevo Código Procesal Penal de la Nación impulsado por la Casa Rosada (como se informa por separado).
"Estamos haciendo lo mismo que se hizo con la Constitución, porque queremos ponerle un freno al Gobierno", afirmó Gabriela Michetti (Pro-Capital). A su lado, la peronista disidente Liliana Negre de Alonso (San Luis) reivindicó el derecho de la oposición a negarse a completar la vacante en la Corte, al asegurar que esto no afectará el normal funcionamiento del tribunal.
"La Corte puede funcionar perfectamente con cuatro miembros; lo que le impediría funcionar es no tener quórum, pero el quórum está asegurado", explicó la puntana.
En el mismo sentido se manifestó Morales, quien justificó la decisión de bloquear la designación de un reemplazante de Zaffaroni en "la actitud del Gobierno de llevarse todo por delante".
El documento se conoció el mismo día en que Justicia Legítima se pronunció en favor de completar la composición de la Corte. "Resulta sorprendente la actitud de referentes políticos y sociales que pretenden diferir la integración del tribunal", sentenció la agrupación judicial de tinte kirchnerista.
Los senadores que firmaron el compromiso son los radicales Gerardo Morales (Jujuy); Blanca Monllau y Oscar Castillo (Catamarca); Ernesto Sanz y Laura Montero (Mendoza); Eugenio "Nito" Artaza (Corrientes); Marta Borello (Córdoba); Silvia Elías de Pérez (Tucumán); Mario Cimadevilla (Chubut); Alfredo Martínez (Santa Cruz); Ángel Rozas (Chaco); Luis Naidenoff (Formosa), y Juan Carlos Marino (La Pampa).
Por el FAP se sumaron Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe); Jaime Linares (GEN-Buenos Aires); Luis Juez y Norma Morandini (Frente Cívico-Córdoba); Fernando Solanas (UNEN-Capital), y Magdalena Odarda (CC-Río Negro). A ellos se sumaron los tres representantes de Pro: Gabriela Michetti y Diego Santilli (Capital), y Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).
El Interbloque Federal, que reúne a peronistas disidentes y provinciales, apoyó casi en pleno. Pusieron su rúbrica Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), Jorge Garramuño (Mopof-Tierra del Fuego), Graciela Di Perna (PJ-Chubut), Carlos Reutemann (PJ-Santa Fe) y Juan Carlos Romero (PJ-Salta). Faltaron las firmas, aunque se asegura que adhieren, de Adolfo Rodríguez Saá (PJ-San Luis), en uso de licencia por problemas de salud, y Roberto Basualdo (PJ-San Juan). También apoyó Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino).
RECLAMO DE JUSTICIA LEGÍTIMA
Justicia Legítima advirtió en un comunicado que la Constitución nacional "manda integrar la Corte" y consideró "sorprendente" la actitud de quienes se oponen.
"La mayor participación ciudadana en la composición de los tribunales favorece la idea de legitimidad de las decisiones del Poder Judicial", dijo la agrupación, que cuenta entre sus referentes a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. "La falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte porque restringe las opiniones a un menor número", afirmó.
