Por Hugo Morales*/El Informador.-
San Martín de los Andes (Especial).- Este lunes 3/11 llegará a esta ciudad el ex juez español, Baltasar Garzón para adherir a los reclamos de la Confederación Mapuche del Neuquén sobre sus presuntos derechos de territorialidad y con ello internacionalizar el conflicto que esa etnia mantiene con los estados de Argentina y Chile y en el que se ha inmiscuido Garzón. De esta manera se profundiza el conflicto que las comunidades mapuches asentadas en la provincia mantienen con el gobierno de Jorge Sapag especialmente por sus pretensiones de participar en la renta petrolera como lo demuestran los cortes de rutas y tomas de yacimientos en campos aledaños a Vaca Muerta.
Acá, en San Martín de los Andes, no se han desmentido aún -sólo se produjo una ligera declaración por radio-, las manifestaciones del werken (vocero) de esa agrupación, Fidel Colipán acerca de los derechos territoriales de la comunidad Curruhuinca sobre el ejido de la ciudad.
Curiosamente este dirigente es el organizador de la presencia del ex magistrado español que fuera expulsado de la Audiencia Nacional por una presunta prevaricación al interceptar las conversaciones que los imputados del caso Gürtel – una red de corrupción montada por el Partido Popular (PP)- mantuvieron en prisión con sus abogados. A mediados de enero, con Garzón ya fuera del proceso, aparecieron 22 millones de euros en un banco de Ginebra, Suiza, a nombre del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y se sospecha de varios desvíos de dinero realizados por dirigentes que responden al presidente del PP y premier español, Rajoy. Hoy Garzón es asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y asumió la defensa del vocero de Wikileaks, Julian Assange. También fue contratado por el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner.
La visita de Baltasar Garzón es promocionada oficialismo municipal que encabeza el intendente kirchnerista Juan Carlos Fernández, quien se reporta políticamente al secretario general de la Presidencia. Este hijo político de Oscar Parrilli fue quien lanzó para el 12 de octubre pasado la idea de izar la bandera mapuche en la plaza San Martín. La iniciativa abortó por la fuerte oposición de los sectores medios y del concejal vecinalista, Alberto Bruno, que se autotitula ex combatiente de Malvinas -cobras sueldos por ello- y se financia con aportes de varios empresarios locales, entre ellos, el ex tesorero del PJ de Santa Cruz, Raúl Copetti. Todavía resuenan en San Martín de los Andes las duras declaraciones por TV de Eduardo Arnold, ex vicegobernador de Néstor Kirchner, quien lo vinculó (presuntamente) con la ruta del Dinero K.
Es por ello que la visita de Garzón y su puesta en escena del convenio que “hace hincapié en los derechos de trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y al territorio, a la salud y a la educación”, no es un tema fácil para digerir, especialmente si se tiene en cuenta el apoyo que reciben los Mapuches locales del ministerio de Acción Social de Alicia Kirchner, donde funciona la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, y en el que activan dirigentes aborígenes como Roberto Ñancucheo y Jorge Nahuel, quienes se referencian localmente en ONGs y agrupaciones filo kirchneristas como el Movimiento Evita o La Cámpora. En este espacio se referencia el concejal del Frente para la Victoria (FpV), Rodolfo “Toto” Manson, cuñado del intendente Fernández. Curiosamente durante el juicio por el crimen de un policía provincial en Junín de los Andes salieron a luz supuestos e mails de Analía Godoy con la agrupación “Quebracho”. Esta mujer es la esposa de Juan Marcos Fernández, hijo del jefe comunal y ambos están acusados de presuntos actos de encubrimiento en favor de los asesinos de José Aigo: los terroristas chilenos Alexis Cortes Torres y Jorge Zalazar Oporto, acusados en ese país de participar en atentados y acciones violentas en favor de los Mapuches que se asientan en su territorio.
Envalentonada por este apoyo internacional, la Confederación Mapuche envió un documento a la sede de la ONU pidiendo la intervención ante lo que considera “discriminación, desalojos forzados y criminalización de pueblos indígenas” en la provincia.
La solicitud al organismo internacional con sede en Ginebra (Suiza) es “para que intervenga como mediador ante el gobierno provincial y nacional para que se responda a situaciones de avasallamiento de los derechos del pueblo aborigen, dentro de las que se pone particular énfasis en la ampliación de actividades extractivas (petroleras, mineras) y forestales en “territorios mapuches”, sin el consentimiento de las comunidades. En el encabezado se acusa al gobierno provincial de (supuesta) “discriminación, desalojos forzados y criminalización de pueblos indígenas en Neuquén, Argentina”.
Precisamente el abogado Garzón va a hacer hincapié durante su exposición en el Salón Municipal de San Martín de los Andes sobre este controvertido convenio 169 de la OIT que fuera aceptado por la ONU porque determina “la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de los pueblos indígenas”, y define “la importancia especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”.
Así como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su cultura. También que los servicios de salud para indígenas deberán organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Y los programas de educación “deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores” y además, “deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas”. También existen otros puntos controversiales como el que establece “la consulta previa, de buena fe y de forma apropiada a las circunstancias, para conseguir acuerdo o consenso a las medidas propuestas. El mismo artículo afirma que “la auto identificación es el criterio fundamental para determinar a quienes se reconoce como pueblos indígenas o tribales”.
El Convenio incluye, entre otros, derechos relacionados al territorio y a la gobernanza. Fue adoptado por La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989 y entró en vigor en 1991. Desde entonces este Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes es el acuerdo internacional de derecho indígena más conocido en mundo Y es vinculante para la Argentina desde el año 2.000. También es de cumplimiento obligatorio para todos los países que lo han firmado y ratificado: México (1990) Bolivia y Colombia (1991), Costa Rica y Paraguay (1993), Perú (1994), Honduras (1995), Guatemala (1996), Ecuador (1998), Argentina (2000), Brasil, Venezuela y República Dominicana (2002), Chile (2008) y Nicaragua (2010). Panamá no ha firmado este tratado.
Se considera beneficiarios a “los pueblos en países independientes que descienden de poblaciones que habitaban el país, o una región geográfica a la que perteneció el país en la época de la conquista o antes de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”
“La presencia del Dr. Garzón nos da mucha fortaleza”, sostienen los lideres Mapuches, quienes ven una oportunidad de lograr trascendencia internacional ya que el ex juez español es presidente del Consejo de Administración del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) bajo auspicio de UNESCO. En tal carácter participó del Parlamento del Pueblo Nación Mapuche en Río Negro realizado los días 2, 3 y 4 de Marzo del 2014, en Ing. Jacobacci. En el Parlamento, que promulgó el “estado de alerta y movilización” de los Pueblos Originarios de Río Negro, Garzón le pidió al Pueblo Mapuche que no baje los brazos y mantenga “el aliento en la nuca” a las autoridades competentes que deben respetar sus derechos vigentes. Garzón cobró notoriedad y por eso tuvo enfrentamientos en Chile con diputados y senadores de la derecha pinochetista por haber mantenido preso en Londres al ex presidente de facto Augusto Pinochet Ugarte.
En su visita a ese país se reunió con familiares de detenidos desaparecidos y ex presos políticos que lo recibieron en Villa Grimaldi, ex centro de torturas de la dictadura y ratificó su tesis del “principio de jurisdicción universal de los derechos humanos” que se interpreta la facultad de un juez extranjero para juzgar violaciones de esos mismos derechos en terceros países, como podría ser el caso de la Argentina si las s denuncias de los Mapuches tienen éxito en organismos internacionales como la ONU. El ex juez español estuvo en el Parlamento Mapuche que sesionó en la Región Sur de Río Negro que “en Argentina no se asume la realidad de los pueblos originarios y que a la hora de aplicar las leyes se mira para otro lado”. Entre los asistentes a esa reunión estuvo la senadora nacional por esa provincia, Magdalena Odarda (ARI-Coalición Cívica).
* Corresponsal del diario Ambito Financiero; conductor de programas de radio en Neuquén capital y en San Martín de los Andes; colaborador de medios nacionales y extranjeros.
