Por Hugo Alconada Mon/La Nación.-
La Regional Bahía Blanca archivó actuaciones que complicaban a Lázaro Báez.
La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado.
Documentos de la propia AFIP que recolectó LA NACION en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo.
Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación.
Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas.
En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez.
El cuadro irregular del Grupo Penta quedó reflejado en la AFIP con la "orden de intervención" O.I.635602, según reconstruyó LA NACION. A tal punto que los Ficcadenti rectificaron el cuadro fiscal de esa firma por propia voluntad por $ 21 millones y se acogieron a un plan de 120 cuotas.
Pero el proceso que llevó a ese plan de regularización está viciado. Las actuaciones se archivaron tras categorizar a Penta como una empresa real -con lo que se evitó tener que avanzar sobre Austral como receptora de sus facturas truchas-, más allá de que la firma carecía de empleados, bienes, maquinarias o gastos en combustible. No sólo eso. Los Ficcadenti ni siquiera pagaron la primera de las 120 cuotas. Apenas el anticipo, por lo que se cayó el plan de regularización.
El segundo grupo de empresas de Bahía Blanca se concentra en la Constructora Patagónica Argentina, de la familia Ferreyra. La AFIP también la fiscalizó tras la orden de intervención O.I.640180. Y aunque sí se trata de una empresa real, también se le detectaron facturas truchas o con sobrefacturación a favor de Austral Construcciones. También se acogió a un plan de pagos por 120 cuotas.
El proceso que llevó a los planes de pago de Penta y de la Constructora Patagónica Argentina incluyó más datos llamativos. Ambas fiscalizaciones ya se habían iniciado cuando Echegaray emitió las resoluciones 285 y 299, en agosto de 2012. Con ellas disolvió la Regional Bahía Blanca y removió a 49 jefes de la dependencia. Entre ellos, los de fiscalización.
De manera simultánea, Echegaray colocó a Bahía Blanca dentro de la órbita de la Regional Mar del Plata, liderada por Sebastián Durruty. Y allí creó una nueva división de fiscalización, la N° 5, a cargo de Norberto Filipini. Bajo su mando se ordenó el paulatino archivo de varias fiscalizaciones.
Así, un tercer grupo empresario vinculado a Bahía Blanca, de la familia Pedraza y en la que descuella la firma Iberoamericana de Servicios -que a su vez acumuló facturas apócrifas de las sociedades pirata de Juan Suris-, se inquietó menos: la pesquisa no avanzó; al contrario, se archivó.
Sin embargo, Grupo Penta SA es el caso más singular de todos: muchas de sus facturas eran inverosímiles. Cuando los inspectores le exigieron que probara su operatoria, la respuesta fue sintomática: dijeron que les habían robado toda la documentación. Y los sabuesos concluyeron que Penta era una inmensa falsedad ideológica. Pero hasta allí llegaron.
Para cuando Echegaray volvió sobre sus pasos, restableció la Regional Bahía Blanca y a casi todos los funcionarios en sus cargos -pero no a todos- con las resoluciones 317 y 525 de diciembre de 2013, comenzó a cerrarse el círculo alrededor de Penta.
Con el plan a 120 cuotas ya caído, los Ficcadenti iniciaron negociaciones para preservar a Penta como una firma "real" y obtener un segundo plan. El tira y afloja se extendió por meses. Hasta que este 23 de julio, el apoderado de Austral, Claudio Bustos, viajó a Bahía Blanca y se reunió con las autoridades de la Regional y los contadores de Penta en el organismo. Él dio las órdenes. Y se avanzó con un plan de 24 cuotas. Nada dice la historia oficial de la AFIP.
MEDIDAS CONTRA MORENO
El juez federal Daniel Rafecas ordenó medidas de prueba para analizar la actuación de una contadora en una causa ligada con Papel Prensa. Una vez cumplidas,el magistrado dijo que avanzará con la indicación de la Cámara Federal de indagar a Moreno, acusado de falsear actas de reuniones de directorio de la empresa.
