Por Juan Gossen/Diario HOY.-
Una vez más, en la semana que pasó, quedó demostrado que la presidenta Cristina Fernández y la mayoría de sus aplaudidores tienen una obsesión: no terminar tras las rejas cuando dejen el poder en diciembre de 2015. Por ese motivo, abusando nuevamente de la cadena nacional, la primera mandataria anunció –por segunda vez en una semana- el envío al congreso nacional de un proyecto para reformar el Código Procesal Penal.
La excusa, según el kirchnerismo, es otorgarle mayores herramientas a la Justicia para ponerle fin a las puertas giratorias, es decir, al hecho de que los delincuentes entren por una puerta y salga por la otra al poco tiempo. Además, CFK recurrió a un cliché típico: responsabilizar a los extranjeros por la ola de delitos.
Por eso dijo que aquellos delincuentes de otro país que fuesen descubiertos in fraganti serán expulsados de la Argentina. En algunos casos, siguiendo está lógica, algunos malhechores hasta podrían terminar siendo premiados ya que, en lugar de purgar sus delitos en la cárcel, terminarán ganando un pasaje en micro o en avión para poder volver a su lugar de origen.
En rigor, la letra del proyecto tiene sustanciales diferencias respecto a lo que dijo CFK. Por ejemplo, la expulsión de extranjeros no será obligatoria. El texto de la iniciativa, además, establece que se “podrá” suspender el juicio a prueba cuando se trate de un extranjero ilegal que está cometiendo un delito con pena privativa de libertad cuyo mínimo no fuera superior a tres años.
Lo más grave de todo este asunto es que la reforma le da “superpoderes” a los fiscales, muchos de los cuales fueron puestos a dedo por el kirchnerismo en los últimos años.
Peor aún, Alejandra Gils Carbó, la titular de la Procuración, la jefa de todos los fiscales federales, ha dado sobradas muestras de genuflexión política desde que asumió el cargo. De hecho, uno de sus principales colaboradores, Carlos Gonella, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, habría hecho la vista gorda en la causa contra Lázaro Báez por presunto blanqueo de divisas.
Nada es producto de la casualidad: plantear la reforma del Código Procesal Penal también actúa como una cortina de humo para intentar desviar la atención de la opinión pública, en momentos en que Cristina y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, están seriamente comprometidos por el escándalo de las facturas truchas que complica a Lázaro Báez.
Fiel a su estilo, Echegaray intentó defender lo indefendible, afirmando que CFK y el empresario santacruceño “no son socios”, reconociendo más tarde que sólo mantienen “relaciones comerciales”. Fue muy poco serio, un verdadero papelón. Y dejó la sensación de que Echegaray guarda secretos relacionados con la matriz corrupta del kirchnerismo.
A lo largo y ancho del país, en los últimos años, los K fueron cubriendo las vacantes judiciales con militantes rentados. En la mayoría de los casos, la capacidad y el mérito, no fueron tenidos en cuenta: el principal requisito era estar encolumnado, ciegamente, con el proyecto K.
Ahora bien, cuando se viene un cambio político muy fuerte en el país, como el que seguramente se producirá en 2015, las lealtades de billetera, como las que ha tejido el kirchnerismo en la mal llamada década ganada, de poco sirven.
