Por Diario HOY.-
Esta madrugada se aprobó la Ley de Hidrocarburos, produciendo una de las más ignominiosas entregas del patrimonio nacional. Se trata de una iniciativa que consolida y multiplica los negocios del testaferro K, Lázaro Báez, que en Santa Cruz controla una superficie equivalente a dos yacimientos Vaca Muerta
En uno de los actos más vergonzosos de la última década, esta madrugada el kirchnerismo lograba aprobar en la Cámara de Diputados, gracias a su mayoría automática, la nueva Ley de Hidrocarburos.
Con la excusa de querer atraer inversiones en dólares, se le abrió la puerta a una nueva fase en la entrega de los Recursos Naturales, que comenzó con Carlos Menem en los años ’90. Y que el kirchnerismo amplió al extremo.
La oposición aprovechó el debate para dejar en claro su postura contraria a la ley. La más dura fue Elisa Carrió, quien aseguró que "están los idiotas y están los hijos de su madre, al menos no seamos idiotas. Esto es como Loma de Lata que fue un negocio, pero este es un negocio de la familia Kirchner".
Los dichos de la legisladora chaqueña tienen que ver con que Lázaro Báez, empresario emblema de la corrupción de la “década ganada”, podría beneficiarse con zonas petroleras de las que hizo cargo en el 2008 en Santa Cruz y que nunca puso a trabajar en forma productiva.
En aquel entonces, el gobierno de esa provincia, que actuaba como un títere de la Casa Rosada, adjudicó entre gallos y medianoche a Oil S&M, firma perteneciente al zar kirchnerista del juego, Cristóbal López, y a EPSUR SA y MISAHAR SA, de Lázaro Baez, una superficie total de más de 80 mil kilómetros cuadrados —un tercio del territorio provincial— para la exploración y eventual desarrollo, explotación, transporte y comercialización, del petróleo y el gas existentes en los 173 pozos en la Cuenca Austral y la Cuenca del Golfo San Jorge. Estamos hablando de una superficie que duplica la extensión de Vaca Muerta en Neuquén, considerado el segundo yacimiento más importante del mundo de gas y petróleo no tradicional.
Con la nueva ley, los yacimientos petroleros que están bajo la órbita de Báez –sospechado de ser testaferro de la familia Kirchner- como son Meseta Cerón Chico, Río Guenguel, Paso Fuhr, Tapi Aike y El Turbio, podrían renovárseles las licencias de forma automática por 35 años, con facultades para ponerlas luego al servicio de empresas extranjeras sin control alguno, logrando con eso ganancias multimillonarias a costa de la soberanía energética del país.
¿Cuál será la consecuencia? Los argentinos pagarán cada vez más por el litro de nafta: en lo que va del año aumentó más del 40%, cuando en el resto de los países de la región el precio de los combustibles están estabilizados desde hace años. Lo mismo ocurrirá con el gas, en momentos en que los ciudadanos están padeciendo un anticipo de lo que se vendrá: las tarifas de los últimos meses incluyeron aumentos promedio del 600%. Un país sin soberanía energética está condenado a la pobreza y al subdesarrollo.
En diálogo con Hoy, el exsubsecretario de Energía de la Nación, Gustavo Callejas, afirmó que “esta ley permitirá que Lázaro Báez, socio del gobierno en reiterados negocios, que tiene áreas petroleras donde no cumplió ni siquiera con las mínimas exigencias de la provincia de Santa Cruz, obtenga como regalo una prórroga por 35 años para la explotación de hidrocarburos no convencionales”.
Para el exfuncionario, esta norma aprobada en el Congreso “es una entrega más vergonzosa del petróleo que la de Menem, cuando privatizó YPF con el apoyo de Néstor y Cristina kirchner. Lo que se hace desde el gobierno es una burla hacia los argentinos. Evidentemente se hace esto por la necesidad de hacer caja y llegar más tranquilo al año que viene”.
A su vez, la nueva Ley de Hidrocarburos legaliza el contrato secreto que firmó el gobierno con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. Se trata de un convenio que tendría características leoninas para los intereses nacionales y que actualmente se encuentra guardado bajo siete llaves. La letra chica jamás se dio a conocer.
Cabe recordar que la norteamericana Chevron (ex Texaco) viene de ser expulsada de Ecuador, donde fue acusada de haber ocasionado un genocidio ambiental. Algo similar ocurrió en el Golfo de México, donde la compañía fue la máxima responsable de un enorme derrame petrolero que afectó a varias comunidades y provocó una marea negra que causó daños irreparables en el ecosistema. Ahora, a esta misma compañía, el gobierno K pretende darle vía libre para que utilice métodos sumamente contaminantes para buscar gas y petróleo no convencional.
Callejas es muy claro al subrayar que “con esta nueva ley se van a recargar los precios. Las naftas saldrán más caras y, para colmo, con los impuestos de los ciudadanos se le seguirán dando subsidios a las petroleras para que sigan funcionando en el país. Esa carencia del poder decisorio que el gobierno resigna en manos de intereses multinacionales, lo vamos a pagar los argentinos de nuestros bolsillos”.
Evidentemente, con esta ley no hay nada para festejar, y como aseguró en reiteradas ocasiones el senador Fernando “Pino” Solanas, quienes votan esto “pueden ser tratados como infames traidores a la patria”.
Una ley con graves costos para el país
Expertos energéticos, remarcan que los costos de esta ley son inmensos, porque las empresas pueden girar utilidades, y aunque parezca mentira, en la Argentina hay empresas que todavía exportan, mientras el país tiene que importar petróleo de Nigeria o de países del Caribe para sostener su consumo interno.
La norma discutida en el Congreso, permite el fracking en forma indiscriminada, siendo el único país del mundo en hacer esto, ni siquiera los Estados Unidos lo permite de la manera en que se está haciendo en la Argentina, dentro de los países europeos el fracking está prohibido.
Además, se van a poder acumular áreas, se podrán hacer prórrogas sobre prórrogas, se les permite exportar casi libremente a las empresas, pueden girar sin problemas el 20 por ciento de las divisas sin reinvertir en el país, le van a sacar la inspección de sus contabilidades, es decir, se entrega el petróleo argentino a las multinacionales.
La iniciativa promulgada por el oficialismo otorga status legal a los beneficios ya concedidos al contrato firmado por YPF y Chevron mediante el decreto 929/2013, cuya operatoria y resultados aún permanecen en secreto, elevando a rango de ley mecanismos carentes de toda publicidad y transparencia, limitando la participación de las provincias.
