Por Maximiliano Montenegro/Baires para todos.-
Si en enero negocian con los buitres y mandan una ley para modificar la ley de pago soberano yo voy a decir que son unos hijos de puta, que nos decían a nosotros vendepatrias y por oportunismo político hicieron mierda al país todo este tiempo. Así lo voy a decir, con estas mismas palabras”.
En Mar del Plata Sergio Massa le transmitió el mensaje a su equipo. Fue en respuesta a la expectativa de los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA de que Cristina termine de arriar en enero la bandera ‘patria o buitres’ para encarar un arreglo definitivo con los buitres y tal vez con todos los holdouts.
En realidad, no habría que modificar una sino dos leyes, aprobadas recientemente.
La ley de pago soberano, que ofrece a los bonistas bajo ley Nueva York pagarles en dólares pero en Buenos Aires.
En su artículo 1 habla de ‘pago en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables al cien por cien de los tenedores de títulos públicos’. Según los expertos, ‘equitativas’ puede interpretarse como otra versión del ‘pari passu’, es decir que no se puede ofrecer más a los holdouts que a los que ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010. Además, el cambio del agente Fiduciaro a través del cual se paga la deuda (del Banco de Nueva York a Nación Fideicomisos) viola órdenes del propio Griesa, así que habría que retrotraer también esa decisión. A favor de la voltereta oficial juega el hecho de que la ley de pago soberano nunca se aplicó, ni tenía chances de aplicarse: fue parte de la estrategia de Kicillof para ganar tiempo y, de paso, entretener a los legisladores y la militancia K con la mística de la guerra a los buitres.
La otra norma que el Congreso debería modificar sería la Ley de Reapertura del Canje, votada en septiembre de 2013, cuando ya había dos sentencias en firme en los tribunales de Nueva York que beneficiaban a los buitres. El artículo 4 de esta ley dice: “Prohíbese ofrecer a los tenedores de deuda pública que hubieran iniciado acciones judiciales, administrativas, arbitrales o de cualquier otro tipo un trato más favorable que aquellos que no lo hubieran hecho”.
Una vez vencida la clásula RUFO, en enero de 2015, si Cristina quisiera saldar el juicio con los Buitres ratificaría que algunas leyes económicas en Argentina son instrumentos coyunturales para no tomar al pie de la letra. Como la palabra de los gobernantes, pueden mutar en un plazo inferior a un año. Nada que los inversores extranjeros desconozcan.
El problema de fondo para la Casa Rosada sería político, como anticipó Massa. Los encargados del marketing K deberán ingeniárselas para darle una nueva vuelta de tuerca a la propaganda antibuitre.
Quién más presiona dentro del universo oficial para apurar un acuerdo en el juzgado de Griesa es Daniel Scioli. Su economista predilecto, Miguel Bein, plantea tres escenarios: sin arreglo, el PBI caería el año próximo por segundo año consecutivo un 3%, con el riesgo de una nueva devaluación. Con acuerdo exprés, en cambio, la actividad podría crecer 3% promedio pero con un impulso mayor en los meses previos a la elección de octubre. Mientras que si la negociación se demorara hasta junio, entonces el repunte en 2015 sería más moderado, de solo 1,5%.
El consultor arriesga que, si el juez Griesa levanta el bloqueo en los tribunales de Nueva York, existen condiciones para que el gobierno logre emitir bonos el año próximo por u$s 10.000 a u$s 15.000 millones en el mercado internacional de capitales. ¿Bajo ley Nueva York? “Daniel me dice que yo hablo lo que él piensa pero no puede decir”, confiesa Bein en privado. Scioli reclama un trato con los buitres y cuanto más rápido, mejor.
En el equipo económico de Massa descreen de ese despegue que augura el sciolismo para el último año del ciclo kirchnerista. No es solo cuestión negociar con los Buitres y ‘tudo bein’, ironizan.
¿Cuál sería el motor del crecimiento aún cerrando con los buitres?, se preguntan. El consumo seguiría sin repuntar mientras los salarios corran detrás de la inflación. La caída de las exportaciones no se detendría a causa del derrumbe del 25% del precio de la soja para la próxima cosecha. A la vez que Brasil proyecta un crecimiento muy bajo y es probable que acelere el ritmo de devaluación del real.
¿Es posible un boom de inversiones? Con alta inflación, cepo al dólar, prohibición de remesar utilidades al exterior y en medio de una pelea electoral feroz no es el escenario más probable.”La inversión va a llegar recién con el próximo gobierno”, afirman.
Tampoco está claro cuántos dólares frescos conseguiría el Gobierno pasando la gorra en los mercados. Es cierto que abundan los dólares baratos en el mundo, incluso para países como Paraguay, Bolivia o Ecuador, que nunca fueron precisamente atractivos para los financistas.
Pero la cuenta para Argentina tal vez sea exagerada. Si se pretende acordar con todos los holdouts, como sugiere Kicillof off the record, solo para regularizar la situación el Gobierno debería colocar bonos, como mínimo, por unos u$s 10.000 millones. Sería el punto de partida para clausurar los ligitios de la deuda.
¿Hay margen para que Cristina y Kicillof emitan en el mismo año otros 10 o 15.000 millones más? Por lo pronto, pese a las escalas obligadas del Club de Paris y Repsol, el ‘cambio cultural’ sería fuerte: de la estrategia del ‘desendeudamiento’ al ‘superendeudamiento’, siempre para profundizar el modelo, claro.
La duda de Cristina es si optar por el ‘plan GACHI’ (Galuccio + China). El titular de YPF, Miguel Galuccio, le prometió inversiones petroleras por u$s 5000 millones el año próximo, gracias al marco jurídico especial, con premios incluidos, de la nueva ley de Hidrocarburos. La presidenta viaja en noviembre a China para garantizar el paquete de fondos negociado con Beijin. Los rusos y los organismos de créditos (Banco Mundial, BID) podrían aportar también algunos dólares extra. El ‘plan GACHI’ permitiría mantener intacto el discurso épico del cristinismo, etapa superior del kirchnerismo. Pero ahí massistas y sciolistas coinciden: no le alcanza y termina con dos años de recesión.
