Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Los aportes mediante cheques a la campaña Cristina 2007 de laboratorios y droguerías como Seacamp, de Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza; San Javier, de Carlos Torres; Global Pharmacy, de Gabriel Brito, más los de Abraham, Mandredi y López, entre otros, fueron cubiertos por fondos cash originados en la corrupción del kirchnerismo. Es decir que mediante este mecanismo y docenas de personajes como los señalados se lavaban los fondos producidos por la sobrefacturación de obra pública y los retornos de los subsidios en las áreas claves de obras públicas, energía, vialidad, vivienda, etc. Desde la instalación de Néstor Kirchner en el poder, la corrupción fue generalizada, institucional y ordenada desde arriba, siguiendo el modelo de la provincia de Santa Cruz. La mayor parte de los fondos iba a parar a las manos de Néstor Kirchner, quien los hacía guardar en bóvedas en su provincia, los enviaba al exterior o bien se invertían en compra de bonos de la deuda externa.
Una parte importante de esos prestanombres insolventes que emitían cheques sin respaldo que se acreditaban gracias a depósitos en efectivo, permitían lavar y justificar que había aportes privados para la campaña presidencial. A muchos de ellos se les prometieron cuotas de efedrina importadas de la India por los laboratorios del Chemo Group de Hugo Sigman, el coproductor del exitoso film Relatos Salvajes. Aparentemente, el encargado de “disciplinar” a estos empresarios prestanombres era un alto funcionario apodado “la morsa” según consta en pinchaduras telefónicas que están en el juzgado del juez Ariel Lijo. Este apodo se hizo famoso en nuestro país en la década del ‘60, cuando se identificaba así al dictador Juan Carlos Onganía. Se supone que los traficantes de efedrina sabían quién disciplinada las operaciones, o sea que no sólo ordenaba las cuotas sino que también podía castigar a quienes querían entrar en el negocio dejándolos afuera del mismo.
En el caso de los que hablaban de más, el castigo fue mayor, como les pasó a Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina en el triple crimen de General Rodríguez. Ahora el juez Lijo se dispone a tomarles declaración indagatoria a Héctor Capaccioli, Leandro Diez y Sebastián Gramajo, ya que el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia comprobó que los cheques de Solange Bellone, Carlos Torres y Gabriel Brito fueron cubiertos por depósitos en efectivo, ya que las citadas personas eran insolventes. A todo esto, los sobreseimientos de los nombrados dictados por el juez Norberto Oyarbide fueron anulados por la Sala II de la Cámara Federal por haberse pronunciado aquél en una causa que le correspondía a Lijo. Ese fallo nulo se dispuso desprolijamente por expreso pedido de Gramajo, quien no aguantaba un día más sin que lo desprocesaran. En una situación límite, lo que pueda declarar Gramajo ante Lijo es una verdadera Caja de Pandora.
El verdadero jefe de la banda
En la causa que lleva la jueza federal Servini de Cubría, la empresa Telefónica, a pedido del gobierno, habría hecho desaparecer los registros del alto funcionario de la Casa Rosada que hablaba con los hermanos Zacarías, que eran los delegados de Kirchner, del 2005 al 2008, para hacer el “trabajo sucio” de manejar las operaciones de tráfico internacional de efedrina, éxtasis y cristal. Las cuotas de importación las manipulaba el Registro Nacional de Precursores Químicos, que dependía del titular de la SEDRONAR, José Granero, hoy procesado y que por entonces resistía los embates del ministro del interior Aníbal Fernández, que quería colocar a uno de los suyos en la conducción de la estratégica secretaría. Fernández finalmente se quedó solamente con el control del Registro Nacional de Armas (RENAR), ya que Kirchner protegía personalmente a Granero. Ayer La Nación confirmó nuestra primicia de que la Sala II de la Cámara Federal anuló por razones circunstanciales el fallo de Oyarbide, concretamente por una apelación del abogado de Brito originada en una cuestión de honorarios. A todo esto, la Casa Rosada se niega a decir quién es el alto funcionario de la presidencia que recibía la llamada de los hermanos Zacarías, por una simple razón: cuando se sepa quién es “la morsa” de inmediato podría establecerse el nombre del jefe de la banda, que no sería otro que el ex presidente fallecido. Es la única explicación que cierra con que él haya utilizado todo el poder del gobierno para encubrir el lavado de la campaña Cristina 2007 y a sus principales responsables.
