Por Pablo Ibáñez/Ámbito.-
• AL MANDAR LEY AL CONGRESO, LA PRESIDENTE OBLIGA A LOS OPOSITORES, EN PARTICULAR PRESIDENCIALES, A TOMAR POSICIÓN
Luego de disponer otra embestida en La Haya contra el Gobierno de Barack Obama por las resoluciones del juez Thomas Griesa, Cristina de Kirchner retomó ayer una jugada que Axel Kicillof, su ministro preferido, deslizó a finales de julio, pero luego congeló: modificar la jurisdicción para poder pagarles a los tenedores de bonos que entraron al canje.
Aquel atajo, que la Presidente anunció anoche a través de una cadena nacional, incorpora dos elementos que no estaban presentes cuando lo desgajó Kicillof en la ebullición de las horas previas al día "D" del default forzado por el dictamen judicial de Griesa.
Por un lado, el cambio de jurisdicción es "optativo", con lo cual en principio gambetea el riesgo de incumplimiento por "cambiar las reglas", factor que fue determinante para hacer naufragar la iniciativa cuando lo sugirió el ministro de Economía y se leyó como una rebeldía a la legislación de Nueva York.
El otro pliegue, de impacto político, es que propone el régimen de "pago en casa", pero requiere la sanción de proyecto de ley que tendrá que discutir el Congreso.
El kirchnerismo encontró la bandera buitre como un instrumento de centralidad política, que le devolvió el centro del ring a la Presidente y redujo, a asuntos periféricos, la agenda diferenciadora de la oposición. Salvo Mauricio Macri, que hizo del antagonismo su rasgo de identidad política y un factor de posicionamiento, el resto de la oposición no supo ni pudo desmarcarse con destreza, criterio y velocidad del dilema buitre.
Con el envío al Congreso de la ley de "pago en casa", la Presidente profundiza esa línea porque pondrá a los bloques opositores, que cobijan a tres de los cinco candidatos más taquilleros -Sergio Massa, Julio Cobos y Hermes Binner- a revolotear en torno a una propuesta que, por la urgencia futura -una crisis la pagará el próximo Gobierno que alguno de ellos quieren encabezar- y el marketing presente -el costo alto de quedar como pro buitre- será prácticamente imposible oponerse.
Remite, a su modo, a la reestatización de YPF cuando el ancho universo opositor, con la excepción de Macri, hizo objeciones y marcó matices, pero al final acompañó la Ley de Soberanía Energética.
El modelo "pago en casa" repite aquella maniobra K, que quizá resulte eficaz en el mercado interno y se convierta en una encerrona para la oposición, pero cuyo efecto real para "puntear" el bloqueo de Griesa es incierto porque depende de otras voluntades: las de los bonistas.
