Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
Una cortina de humo para politizar la crisis.
El gobierno montaría una contraofensiva estratégica (siguiendo la tradición de Montoneros) que consta de dos planos. El primero, el jurídico, es reiterar el pedido de remoción del mediador Daniel Pollack por favorecer a los buitres y no ser imparcial. Después seguirá atacando al juez Griesa, aunque en este caso no tiene ningún recurso para apartarlo pero seguirá denostándolo como pasa hasta ahora.
Y quizás interponga una demanda civil, no se sabe si en nuestro país o en los tribunales de Nueva York. También hay un proyecto para accionar contra el New York Bank Mellon por incumplimiento de pago a los bonistas que entraron al canje, aunque seguramente con pocas posibilidades de éxito. Lo que se está discutiendo es que ya que el país entró en default se podría especular sobre un cambio de jurisdicción a Luxemburgo, Londres o Tokio (si estas capitales financieras lo aceptan). Se trata de una hipótesis bastante improbable porque el default no modifica la jurisdicción. Si se aceptara un precedente de este tipo, se estaría favoreciendo que se utilizara el default para escapar a la jurisdicción pactada, que contempla justamente los casos de incumplimiento.
Las otras denuncias
Como dijimos en notas anteriores, Cristina habría decidido no pagarle a NML ni a Aurelius o cualquier otro de los beneficiados por la sentencia de Griesa, porque considera excesivo el monto y no porque se dispare la cláusula RUFO, que usa como excusa para no pagar. De modo que si este default es temporario, como quieren creer los mercados, y el 1 de enero ella estaría dispuesta pagar, todo se podría manejar, porque los bonistas reestructurados es difícil que usen la aceleración de los pagos totales de los bonos. Pero esta salida razonable no está en la cabeza de la presidente ni de Axel Kicillof. De ahí que estén dispuestos a hacerle caso a Eugenio Zaffaroni, presentando una demanda civil contra Griesa y Pollack e intenten cambiar de jurisdicción a Europa o Japón. En realidad, lo que trata el gobierno es dejarlo al juez Griesa sin posibilidad de impedir cualquier pago a los que entraron al canje.
La otra alternativa es la que sugirió Roberto Lavagna: pagar en la Comisión de Valores de Buenos Aires. Una opción difícil de lograr, aunque la avidez por cobrar motive a los bonistas. Pero dejaría el antecedente para otros compromisos del gobierno en la plaza de New York, como los contratos con Chevron y los reclamos contra Argentina en el CIADI.
La otra denuncia se presentaría ante de la SEC de New York, para que informe quién compró lo seguros contra default, a sabiendas de que ese registro es reservado. La maniobra sólo tiene por objeto desbaratar las recientes declaraciones de Matías Garfunkel, quien dijo que Kicillof y otros funcionarios compraron esos seguros. De ahí que necesiten una declaración oficial de que ningún funcionario compró los seguros, aunque será difícil que lo consigan.
