Por Mariana Verón/La Nación.-
Tras las críticas que surgieron desde varios sectores del oficialismo, optó por quitarle apoyo; Capitanich buscó desligar a la Casa Rosada de la polémica iniciativa, cuyo tratamiento legislativo quedó congelado
Por las presiones internas, el Gobierno se despegó ayer del proyecto que presentó el oficialismo para regular la protesta social y congeló por el momento el tratamiento de la iniciativa, que -de tratarse en algún momento- va camino a cambiar casi por completo.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , fue el portavoz de la marcha atrás de la Casa Rosada después de la resistencia que generó el proyecto en el interior del kirchnerismo.
Desde el bloque de diputados del Frente para la Victoria alertaron que tal como está redactado el proyecto no se aprobará. Nadie en la Casa Rosada ni entre los diputados oficialistas dio por muerta la iniciativa, aunque advirtieron que ni los propios la apoyarán y descuentan que sufrirá profundos cambios.
Desde el bloque de diputados del Frente para la Victoria alertaron que tal como está redactado el proyecto no se aprobará. Nadie en la Casa Rosada ni entre los diputados oficialistas dio por muerta la iniciativa, aunque advirtieron que ni los propios la apoyarán y descuentan que sufrirá profundos cambios.
De hecho, tampoco se tratará en lo inmediato, según confiaron fuentes parlamentarias.
"No constituye una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo", se desligó Capitanich en su conferencia de la mañana, sin que mediara pregunta alguna. Fue durante la exposición sobre los temas de los que el funcionario está interesado en transmitir que a diario emprende antes de las consultas.
El jefe de Gabinete volvió a quedar en medio de la polémica a partir de que quien redactó el proyecto de ley que divide las protestas callejeras entre legítimas e ilegítimas fue el diputado por el Chaco Juan Manuel Pedrini, legislador que responde políticamente a Capitanich.
El proyecto fue firmado por el grueso de los integrantes de peso del bloque kirchnerista, como Carlos Kunkel, Diana Conti y Teresa García, lo que le dio un mayor marco de respaldo.
Pero apenas conocido el texto, desde organizaciones sociales afines a la Casa Rosada, como el partido Miles de Luis D'Elía o el Movimiento Evita, además del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que dirige el periodista Horacio Verbitsky, y el intelectual de Carta Abierta Ricardo Forster cuestionaron la iniciativa.
Para disimular el cambio de postura oficial, el jefe de Gabinete defendió la idea de regular las protestas sociales. "No cabe la menor duda de que hay una demanda desde el punto de vista social, un hartazgo por la interrupción del tránsito", consideró el funcionario, y admitió que es un "tema complejo".
Con el desinterés que ayer mostró la Casa Rosada, el proyecto contra los piquetes quedará congelado. Al menos por el momento, la decisión oficial es que no se trate por lo menos hasta septiembre. Si llega a debatirse, fuentes de Balcarce 50 y del bloque oficialista admitieron ante LA NACION que se le harán cambios. Seguro se modificará la tipificación sobre legitimidad o no sobre una manifestación, uno de los puntos más conflictivos del texto. Además de darle mayor poder al Estado para determinar quién y cómo puede reclamar, el proyecto incluía el aviso previo de 48 horas para poder hacer una manifestación y la intervención obligatoria de un mediador, nombrado por el Ministerio de Seguridad, que en dos horas como máximo debería resolver el conflicto antes de declarar "ilegítimo" un piquete y proceder a disolverlo.
La presidenta Cristina Kirchner , que hasta ahora se mantuvo en silencio, habló por sus actos. El fin de semana llamó a Kunkel y apenas después de ese diálogo la Casa Rosada se distanció de la iniciativa.
Capitanich aprovechó para reclamar a la Justicia. "Existe una tipificación en el Código Penal para actuar. Entonces la pregunta inmediata es por qué, si esto está debidamente tipificado, los fiscales no actúan o los jueces no actúan", dijo ante los cuestionamientos sobre que el proyecto para regular los piquetes ya está establecido por el Código Penal.
"Somos respetuosos de todas estas iniciativas de carácter legislativo, entendemos que el Congreso de la Nación es el ámbito específico para tratarlo, pero no es un proyecto que incumbe directamente al Poder Ejecutivo", insistió el jefe de Gabinete para desligar a la Presidenta. En el acto que hizo por la tarde, Cristina Kirchner evitó toda mención al tema.
Quien debería iniciar el debate es Kunkel, como presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Pero por el momento no lo hará. La prioridad del bloque es debatir en los próximos meses, antes del mundial, el proyecto contra el trabajo no registrado que presentó la jefa del Estado la semana pasada y los beneficios impositivos para los productores de biodiésel que anunció ayer Cristina Kirchner. "Por ahora no es prioridad, se tratará más adelante", confiaron en el bloque.
EL PROYECTO SOBRE TRABAJO EN NEGRO, HOY EN EL SENADO
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, concurrirá hoy, a las 15, al Senado de la Nación para defender ante las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para combatir el trabajo no registrado
En diálogo con LA NACION, el jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, dijo que la iniciativa "es importante para combatir la precarización laboral" y adelantó que la voluntad de su bancada "es emitir dictamen mañana (por hoy) para tratarlo en la sesión de la semana próxima". La oposición, en tanto, mantiene dudas sobre los alcances y beneficios del proyecto, que consideran positivo, pero muy tardío.
Del editor: qué significa. El hecho de que el oficialismo impulsara una ley para regular la protesta social fue llamativo; el nuevo giro oficial es un revés, pero acaso sorprenda menos
