Por Diario HOY.- El diputado ultrakirchnerista presentó un proyecto que obliga a notificar las protestas con una antelación no menor a las 48 horas. Antecedentes de un personaje oscuro y violento
El mismo gobierno que institucionalizó los piquetes, destinando miles y miles de millones de pesos a distintas agrupaciones dedicadas a cortar rutas para de-sarrollar los más infames métodos del clientelismo político, ahora quiere borrar con el codo lo que escribió con la mano.
Producto de este accionar, la Argentina hoy es el país con mayor cantidad de piquetes del mundo. Los ciudadanos, diariamente, se encuentran con infinidad de dificultades para poder transitar libremente, situación que se agravó producto de la crisis económica, causada por el fracaso del gobierno K, que ha llevado a que las protestas callejeras se multiplicaran exponencialmente
En el ocaso de poder, cuando está ingresado en la recta final de su gestión, el kirchnerismo busca bañarse en agua bendita en plena Semana Santa. Y por eso pretende salir a regular los cortes de ruta. Para lograr ese fin mandó a uno de los diputados más obsecuentes, Carlos Kunkel, a presentar una iniciativa en el Congreso que apunta a la "convivencia en manifestaciones públicas". Y propone "garantizar y afianzar derechos" de los ciudadanos que son afectados cuando hay cortes de tránsito por protestas.
El proyecto, que también lleva las firmas de Diana Conti, Sandra Mendoza, José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos, tiene 34 artículos. Y propone "saldar una deuda legítima, garantizando el derecho de los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones públicas".
Ahora bien, constituye un verdadero atentado a la razón que el mismo gobierno que utilizó a distintas agrupaciones piqueteras como fuerza de choque y ha hecho que proliferen protestas como las que suelen realizar agrupaciones como Quebracho, ahora salga a plantear una regulación. Es una contradicción en sí misma, que no resiste el menor análisis, y que demuestra la poca seriedad del proyecto en cuestión.
Kunkel es un kirchnerista de la primera hora, que se jacta de haber pertenecido a los sectores supuestamente revolucionarios que tomaron las armas para intentar llegar al poder en los ‘70, y que ha defendido cada una de las atrocidades cometidas por el gobierno en los últimos 10 años.
El diputado tiene antecedentes de político violento. En los años ´70 condujo en la Universidad de La Plata la agrupación estudiantil en la que se dice formó parte el propio Néstor Kirchner (hay muchas dudas al respecto, ya que su militancia habría sido sui generis y tras el golpe de 1976 se fue al sur para hacer negocios turbios con el remate de propiedades), y participó en los grupos armados que fueron echados por Perón de la Plaza de Mayo. En aquel entonces, Kunkel era diputado nacional, tuvo que renunciar a su banca y pasó a la clandestinidad, combatiendo a un gobierno electo por el pueblo.
Asimismo, aún son recordados sus agresiones verbales contra distintos opositores en el congreso nacional, situación que llevó a que la diputada Graciela Camaño, fuera de sus cabales, le propinara un cachetazo.
La obsecuencia de Kunkel, con el kirchnerismo, no fue gratuita. Actualmente, tiene a casi toda su familia viviendo del Estado (ver aparte). Es, lo que se solía decir hace algunas décadas, un auténtico zurdo a la violeta.
Una familia convertida en sociedad del Estado
De 26 parientes cercanos que comparten el árbol genealógico de Carlos Kunkel, 17 trabajan en organismos del Estado o empresas con vínculo estatal.
La familia Kunkel es de Bragado, provincia de Buenos Aires. Carlos es el jefe del clan y tras la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia se fue del municipio de Florencio Varela, donde forjó buena parte de su carrera durante los ‘90.
El legislador nacional está en pareja con Cristina Beatriz Fioramonti, senadora provincial y jefa del bloque K en la Cámara alta. Anteriormente, estuvo casado con Rosa Emma Francese.
Con Francese tuvo cuatro hijos. Tres de ellos están en el Estado. El mayor, Daniel, no tiene un cargo fijo en la actualidad, pero su carrera fue siempre en el área pública, primero como concejal de Florencio Varela, luego en Medio Ambiente y, por último, en el Ministerio de Seguridad.
Sus hermanos no se quedan atrás: Juan Domingo trabaja en el área de ferrocarriles en Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE); María Rosana, en el Banco Nación, y Eva Yamila, en ARBA. En tanto, Macarena, la hija de Kunkel y Fioramonti, formó parte de la toma del colegio Pellegrini de Capital Federal durante el año 2013. ¿El motivo? Oponerse a la “privatización” del buffett. Se ve que la familia de Kunkel no predica con el ejemplo que el diputado ultra K ahora quiere imponer.
Claves del polémico proyecto
- “Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”.
- “Una manifestación ilegítima y que afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad (…) sometiéndose la actuación de éstas a los procedimientos y límites” previstos en la normativa.
- “Son legítimas las protestas que no impiden el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a la educación, la seguridad y la salud pública; no bloquean totalmente la circulación; permiten el paso de grupos especialmente vulnerables y los manifestantes no cometen delitos previstos en el Código Penal”.
- El proyecto determina que el uso de la fuerza pública por parte de las fuerzas de seguridad debe seguir los principios de “legalidad, gradualidad, oportunidad y último recurso” e implementarse en forma “progresiva” y limitada “a su mínima expresión”.
- También prohíbe el uso de armas de fuego a los miembros de las fuerzas de seguridad que estén en contacto con los manifestantes y que se dispare directamente hacia los manifestantes con cualquier tipo de arma, “letal o no”.
