Por Alexis Di Capo/El Informador.-
En su pedido de declaración indagatoria a Amado Boudou, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió la citación como testigo del banquero Jorge Brito, titular del Banco Macro, así como de integrantes de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda., porque considera “necesario ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica S.A. y su posterior acogimiento a un plan de facilidades de pago a fin de cancelar la deuda que tuviera esta con la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Di Lello recordó los préstamos otorgados por Banco Macro y al acreditarse que entre 2011 y 2012 “la Cooperativa firmó préstamos con garantías de mutuos a favor del Asociado The Old Fund”.
Para el fiscal, el hecho imputado es que “con fondos cuyo origen fueron puestos en duda”, Alejandro Vandenbroele y Sergio Martínez adquirieron Ciccone y mostraron el consecuente interés en lograr un contrato con el Estado Nacional para obtener el contrato de impresión de billetes.
El caso es que esta situación habría disparado la reacción de Brito, que habría instruido a la consultora que gerencia su imagen para que pusiera en marcha un operativo destinado a evitar que su nombre aparezca en los medios como principal aportante de fondos para la adquisición de la Compañía Sudamericana de Valores.
La operación de silenciamiento ordenada por Brito habría coincidido conque Boudou le habría hecho llegar un pedido muy delicado. El vicepresidente pretendería que el banquero le aporte una suma varias veces millonaria en dólares aparentemente para “solucionar” definitivamente la causa judicial, tema sobre el cual informamos en los últimos días El pedido, en el que algunos allegados a Brito creen ver la punta de una extorsión, se habría producido luego de que, en una reunión en Olivos, Boudou habría confesado que le era imposible conseguir la suma en cuestión.
La historia de una sospecha
Los temores de Brito de terminar en el ojo de la tormenta de corrupción también se vincularían con sus actuales y tensas relaciones con la presidente. Ella no le perdonaría su estrecha relación con Sergio Massa ni el extenso reportaje que le diera a La Nación el año pasado criticando a la política económica del gobierno. El dueño del Banco Macro estaría informado de que el juez Ariel Lijo estaría a pocos días de firmar la citación a Boudou para prestar declaración indagatoria y que, de producirse este hecho, el cristinismo podría intentar desviar la atención de la opinión pública haciendo que el multimedios oficial destaque su rol en las negociaciones para la compra de Ciccone. De lo que no hay duda es de que el procesamiento del vicepresidente conllevaría inevitablemente a la citación de Brito como testigo. Las sospechas en torno al rol de Macro y Brito fueron puntualizadas por La Nación el 5 de septiembre del 2012 en la nota “Sospechas de lavado Ciccone: otro aporte extraño y millonario”. La misma dice: “El vicepresidente de la ex Ciccone Calcográfica, Máximo Lanusse, depositó cerca de $ 5,4 millones en efectivo en una cuenta de la sociedad The Old Fund, semanas antes de que estallara el escándalo alrededor del vicepresidente Amado Boudou, confirmaron a LA NACION fuentes familiarizadas con la ruta del dinero que financió a la nueva imprenta.
Lanusse completó la operatoria a principios de este año. Lo hizo en cuatro depósitos sucesivos cercanos a $ 1,2 millones -las primeras dos veces-, trepó a $ 1,3 millones la tercera ocasión y orilló los $ 1,7 millones la última vez que se presentó en las oficinas del Banco Macro para engrosar la cuenta del fondo.
Se desconoce el origen de ese dinero. Ex gerente del propio Macro, Lanusse vive en un departamento que alquila en Recoleta, y tras la intervención de la ex Ciccone por el Gobierno informó a sus amigos que necesita encontrar otro trabajo para solventar sus gastos.
La operatoria de Lanusse encendió las alarmas del sistema antilavado del Macro, que optó por enviarle un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se acumuló al llamado “expediente Boudou”.
Pero ese ROS tuvo varias particularidades. Entre otras, que vinculó a Vandenbroele y a The Old Fund con la operación. Pero omitió a Lanusse.
El reporte del Macro evidenció otro rasgo al menos singular. Se emitió un par de meses después de que se completaron los depósitos y sólo luego de que la Justicia abrió una investigación penal contra Boudou, su socio José María Núñez Carmona y Vandenbroele, sospechado de actuar como supuesto testaferro del vicepresidente.
Así, incluso la posición del Macro en sí quedó bajo la lupa. Más aún desde que se señala a su presidente, el banquero Jorge Brito, como uno de los supuestos financistas detrás de la nueva Ciccone”.
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