Por La Nación.-
El monseñor Lozano aseguró que son "mano de obra" de bandas vinculadas a las drogas; el ministro Rossi admitió que la Argentina es ahora productor de estupefacientes.
El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, alertó hoy que los jóvenes que no estudian ni trabajan son fácilmente captables como mano de obra para bandas de narcotráfico o trabajos de "baja calidad".
"Hace años que son un grupo necesitado de una asistencia particular.
Lo que no se puede hacer es ignorarlos o transformarlos en invisibles", aseveró.
En una entrevista que concedió a la agencia de noticias DyN, dijo que "es importante que se proponga dar una respuesta desde el plan Progresar. Hace falta tiempo para ponderar resultados, pero me parece positivo".
El prelado sostuvo que la situación de los jóvenes "ni-ni" es "una seria injusticia en el presente y un grave riesgo a futuro".
"Estos jóvenes, al haber abandonado -o haber sido expulsados- el sistema educativo hace años, suelen arrastrar frustración y baja autoestima. Están a merced de trabajos llamados de baja calidad, o presa de mano de obra para bandas del narcotráfico", insistió en advertir. "La gran mayoría de ellos tienen un presente desgraciado y un futuro sin perspectiva de inclusión social", agregó.
Consultado sobre si no le parecía discriminatorio que el programa Progresar no incluya a los jóvenes que se inscriben en escuelas confesionales gratuitas o que cobran una cuota ínfima, Lozano respondió: "Algo semejante ocurrió cuando comenzó a implementarse la asignación universal por hijo, y luego se tuvo en cuenta a los niños en las escuelas privadas con las mismas condiciones de pobreza".
"De todos modos no son muchos los servicios educativos privados para jóvenes de más de 18 años de edad", precisó.
Cristina Kirchneralertó hace algunas semanas la importancia de incluir a los jóvenes "ni-ni" y lanzó el plan Progresar que otorgará $600 mensuales a jóvenes de entre 18 y 24 años que no tengan trabajo o que tengan un empleo informal o reciban un sueldo por debajo del mínimo vital y móvil ($3600) y cuyo grupo familiar posea iguales condiciones.
