Por La Nación.-
No alertó sobre el movimiento de $ 180 millones de Báez y la financiera Ivernes
La unidad antilavado local retuvo durante cinco años información sobre movimientos sospechosos por más de 180 millones de pesos que protagonizaron el empresario Lázaro Báez y la financiera Invernes, de Ernesto Clarens.
El banco Finansur emitió los reportes de operaciones sospechosas (ROS) 4176 y 31.646, junto con la información complementaria 31.793, con precisiones sobre movimientos de dinero que comenzaron entre enero y noviembre de 2008, por $ 54,5 millones, y flujos adicionales hasta julio de 2011 por otros $ 125 millones. Pero la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sólo lo informó a la Justicia semanas atrás, según reveló el diario Clarín esta semana.
Según informó en los ROS, el banco Finansur alertó que la financiera Invernes operaba una cuenta en la que ingresaban millones de pesos que casi de inmediato se retiraban, por tandas, a través de cheques.
El Finansur detalló, además, que las operaciones que quedaron bajo sospecha involucraban a Invernes, a la empresa Austral Construcciones y a otra constructora del grupo de Báez, Gotti Hermanos SA, que para intentar justificar las operaciones presentaron facturas de ingresos por obra pública que ni siquiera precisaban cuál era la construcción en sí.
Presidida por el economista José Sbattella, la UIF es investigada por la Justicia desde 2011 luego de que LA NACION revelara presuntos delitos e irregularidades registradas en el organismo para proteger a empresas y personas aliadas al Gobierno y perseguir a rivales políticos o periodísticos de la Casa Rosada.
CUATRO DELITOS
El fiscal federal Carlos Stornelli inició entonces una investigación preliminar y tras cuatro meses de recopilación de pruebas y verificación de datos, denunció a Sbattella y sus colaboradores por la presunta comisión de cuatro delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos.
En mayo pasado, LA NACION detalló además que las sospechas sobre las empresas que controla Báez se acumulaban dentro de la UIF. Entre otros, con el cajoneo de reportes sobre movimientos sospechosos de Austral Construcciones, la petrolera Epsur, Kank y Costilla, y Gotti Hermanos.
En el caso del Finansur, los alertas se enviaron a la UIF antes de que otro empresario patagónico, Cristóbal López, tomara el control de la entidad en marzo de 2012. Sólo su reporte inicial de 2008 contenía 553 páginas, con detalles sobre el crecimiento exponencial de la cuenta que manejaba Invernes, con los millones de Austral Construcciones y Gotti Hermanos.
La empresa Austral, que pertenece a Lázaro Báez, fue una de las más beneficiadas en Santa Cruz con la obra pública provincial que se realizó durante los últimos 12 años y se maneja con fondos nacionales.
UNA FACTURACIÓN CON AJUSTES RETROACTIVO
Titulado "Factura por compensaciones - Proyectos - T", uno de los documentos contables internos del Grupo Báez aporta detalles sobre cómo sus técnicos acomodaron la facturación, incluso con precisiones para ajustes retroactivos. Así, por ejemplo, en el caso de las facturas de la gerenciadora Valle Mitre para las estancias Río Bote y Cruz Aike, durante 2010 precisaron que los servicios debían ser con "fecha de celebración 2009", al igual que en un proyecto centrado en el alquiler de vehículos. En ese caso, además, indicaron que en agosto de ese año debían facturar lo correspondiente a los meses ya transcurridos de 2010.
