Por Carlos Tórtora/El Informador.-
Kicillof y Agis avanzan hacia el control del paquete accionario de Edenor y Edesur.
Marcelo Mindlin, el empresario del sector eléctrico emblemático del kirchnerismo, está en retirada. Ya vendió su participación en las distribuidoras eléctricas de San Luis, La Rioja y Salta. Su lejanía con el nuevo ministro de economía Axel Kicillof no es un secreto.
Tampoco que el gobierno empezó a hacerle la vida difícil al dueño del holding Pampa a través de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. El empresario, que pasó en varias ocasiones por los despachos de Néstor y Cristina Kirchner, fue imputado en octubre pasado en una causa por supuesto lavado de dinero que inició la Procelac, un organismo del Estado que funciona en la órbita de la Unidad de Información Financiera (UIF). El fiscal federal Patricio Evers dictaminó a favor de impulsar la denuncia, que fue solicitada al juez federal Ariel Lijo.
Mindlin es la figura más visible de un grupo de empresarios que también fueron imputados.
Entre ellos, su hermano Damián, y Gustavo Mariani, ambos socios de Pampa Energía, el holding energético del empresario, el banquero habitual aportante de fondos a los proyectos de Mindlin. Todos son accionistas del Grupo ST, que tiene el control accionario del Banco Servicios y Transacciones (BST).
En su denuncia, que se conoció el 20 de septiembre, la Procuraduría cuestionó la inyección de “más de 100 millones de pesos a través de aportes de capital canalizados desde sociedades interpuestas y controladas por los grupos financieros Dolphin y Abus Las Américas”. Y cuestionó que esas operaciones no “contasen con la debida justificación documental sobre el origen de los fondos empleados”.
La caída en desgracia de Mindlin y la presunta estatización en marcha de Edenor y Edesur evoca otra condenación empresaria, en este caso del Grupo Eskenazi. CEO de YPF, Sebastián Eskenazi fue elogiado como un empresario modelo por la presidente hasta que dos años atrás súbitamente su gestión fue fulminada para dar paso a la saga de la “soberanía hidrocarburífera”, o sea la expropiación de YPF, cuyo fracaso hoy está a la vista.
En el caso eléctrico, un operador de Kicillof, el diputado nacional por La Cámpora Juan Cabandié, fue ayer vocero de la estatización de las distribuidoras eléctricas en declaraciones que habrían disgustado seriamente al alicaído pero resistente Julio de Vido.
Kicillof está trabajando ahora en un plan de inversión para Edenor y Edesur, por US$ 1.500 millones en tres o cuatro años para recomponer la red eléctrica, una cifra muy alta para que los dueños de las empresas puedan empardarla sin subas elevadas de tarifas. Operativamente, la retirada de Mindlin se daría a través de un aumento de la participación del Estado nacional en los paquetes accionarios de EDENOR y EDESUR. En abril pasado, Mindlin envió una carta a Cammesa advirtiendo que, de no mediar una recomposición tarifaria, Edenor podría caer en default. Edesur advirtió lo mismo por otras vías y sus accionistas mayoritarios son Petrobras y los italianos de ENEL.
Menos épica que YPF
En este punto y con el Ministro de Economía y su hombre de confianza Emmanuel Agis (Secretario de Política Económica y Coordinación para el Desarrollo) trabajando en el nuevo plan, la extraña pasividad del gobierno ante el default eléctrico podría tener una explicación política. Esto es, consolidar un clima de hartazgo de la opinión pública con la crisis del sector, que consolide el avance estatal sobre el control de las distribuidoras. Calificada en los 90 como el mejor proceso de privatización del mundo, la gestión privada de EDENOR y EDESUR es hoy un pésimo negocio, debido casi exclusivamente al congelamiento tarifario que, con ligeros retoques, el gobierno intentaría mantener para evitar que los votos que lo acompañan en los sectores medios y populares se le evaporen antes del 2015.
En este caso, todo indica que no habrá confiscación como en YPF y que la operación, menos épica, pasaría por la compra negociada del paquete accionario de Mindlin en Edenor y de Petrobras en Edesur. De ser así, el gobierno confía en que ni siquiera sería necesario enviar un proyecto de ley al Congreso, ya que la estatización consistiría sólo en un pase de acciones. En términos políticos, la operación en marcha sólo permitiría vender humo. Es que se sabe que una inyección de inversiones estatales sólo daría resultados, en el mejor de los casos, después de diciembre del 2015.
