Por Carlos Tórtora/El Informador.-
No hay escenario más incómodo para el kirchnerismo que una escalada de violencia social montada sobre una crisis de inseguridad. Durante diez años, el estado predicó que no había que criminalizar la protesta social.
Y en cuanto a la seguridad, también durante una década las fuerzas federales y provinciales fueron las principales sospechosas de corrupción y falta de confiabilidad política. Tal vez por esto, Jorge Capitanich se debate entre veladas amenazas y alusiones a la ley de defensa de la democracia y gestos de conciliación a través de un plan global de aumentos para todas las policías provinciales. Pero esta última solución, en caso de darse, dispararía automáticamente una espiralización de los conflictos salariales del sector público nacional y provincial.
Este no es el único círculo del infierno donde ahora habita el gobierno. En forma parecida a cuando hace dos años se sublevaron la Gendarmería y la Prefectura, la presidente está que trina preguntando para qué la SIDE y el General César Milani, Jefe del Estado Mayor del Ejército, manejan presupuestos de varios cientos de millones de dólares, si en definitiva nunca pueden anticipar las crisis en las mismas instituciones armadas.
La realidad es que la presidente tiene razón. En medio de éstos y otros reproches más duros, Milani sacaría fuerza de su flaqueza para plantear que, si el conflicto se generaliza y hay una ola de saqueos a nivel nacional, el Ejército podría ocuparse de custodiar objetivos estratégicos como medios periodísticos, usinas, refinerías, etc., para que toda la capacidad de Gendarmería y Prefectura queden liberadas para la seguridad interior. O sea, mostrarle al mundo que las fuerzas armadas argentinas han vuelto a funciones policiales. Milani quiere asumir este rol pero la situación debería ser bastante más grave para que el núcleo duro del cristinismo acepte esta chavización extrema en la que un general sospechado y corrupto aparecería como el salvador de la democracia.
Como en tiempos de Alfonsín
Más clásicos, pero no menos alarmantes, serían los cálculos de Carlos Kunkel y un grupo de ultra Ks que se inclinan por estudiar la aplicación del estado de sitio si las cosas se siguen agravando. La Constitución Nacional, en su artículo 23, prevé que el Congreso declare el estado de sitio y la limitación de ciertos derechos individuales. Su última utilización por Raúl Alfonsín en el ‘85 no fue feliz y se dirigió a tratar de meter presos a una lista de notorios periodistas opositores. Ahora, la idea de un estado de sitio kirchnerista va contra los supuestos pilares ideológicos del régimen pero tantas banderas arrió el gobierno en las últimas semanas que una más no sería para nada imposible. En voz baja, algunos hablan en Olivos de que vuelve a ser preocupante la salud presidencial. Ella, aunque muy medicada, estaría sintiendo los efectos de una realidad que se le escapa de las manos.
