Martín Rodríguez Yebra/La Nación.-
Al presidente de Repsol, Antonio Brufau, le llegaron la semana pasada señales palpables de que la negociación del caso YPF podía avanzar de dos maneras: por las buenas o por las malas.
Por un lado, la petrolera estatal mexicana Pemex, aliada del gobierno argentino y dueña de un 9,4% de Repsol, forzó al extremo la presión a favor de un acuerdo y llegó a amenazar con un golpe interno para destronar a Brufau.
En forma paralela, la Casa Rosada enviaba un guiño: aceptaba pagar la indemnización por las acciones expropiadas con bonos en dólares por una cantidad establecida por auditores independientes.
El diálogo fluyó por varias vías , pero la principal era la que llevaron el ministro de Industria de España, José Manuel Soria, y el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los mexicanos pretenden participar en la explotación del megayacimiento neuquino de Vaca Muerta, pero el desacuerdo con Repsol les bloqueaba el negocio.
El germen del acuerdo fue una reunión que mantuvieron en Panamá el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y su par de México, Enrique Peña Nieto, el 19 de octubre. Peña Nieto pidió que la Moncloa intercediera ante Brufau para que moderara su posición. Surgió allí el compromiso de buscar una salida.
Rajoy puso a Soria a manejar el caso que ya enturbiaba la relación España-México. El ministro se había reunido en Madrid con el CEO de YPF, Miguel Galuccio, en octubre. Esa reunión sirvió para hacer explícita la voluntad argentina de pagar.
Una de las primeras "líneas rojas" que estableció el gobierno español fue que no hubiera "ni vencedores ni vencidos". Traducido, que Brufau -cuya cabeza pedía Cristina Kirchner como condición para negociar- fuera parte del acuerdo.
La enfermedad de Cristina Kirchner demoró todo.
Pemex llegó hasta el punto de amenazar con suspender inversiones comprometidas en Galicia y lanzó la versión -luego desmentida- de que se aliaría con Carlos Slim para dar un golpe de mando en Repsol.
Como tantas veces, el momento de mayor tensión sería el prólogo de un acuerdo. Soria ya hacía circular la propuesta de contratar auditores independientes para fijar el valor de las acciones nacionalizadas. La petrolera española sumó su pretensión de obtener un pago en "activos líquidos".
El cambio de Gabinete dispuesto por Cristina Kirchner clarificó el panorama. Ya el jueves Rajoy aventuró que "pronto" habría una solución.
Quedaba definir el monto. Repsol reclamó ante el Ciadi 10.500 millones de dólares, aunque fuentes de la empresa decían que considerarían un éxito obtener 6000 millones. Anoche se hablaba de que la compensación será cercana a los 5000 millones.
La Casa Rosada terminó de abrir las puertas al acuerdo el fin de semana. Se organizó de urgencia la reunión con el ministro de Industria, junto con el presidente de La Caixa (accionista con el 12%), Isidro Fainé, y tres hombres de Brufau, con la intención de que mañana pueda aprobarse el pacto en la reunión de directorio de Repsol.
