Por DIARIO HOY.-
La verborragia de la presidenta Cristina Kirchner, para defender lo indefendible, ayer se trasladó de la cadena nacional a la redes sociales, donde difundió 40 mensajes de menos de 140 caracteres, en menos de 38 minutos, para ratificar que seguirá adelante con las políticas entreguistas en relación al pago de la fraudulenta deuda externa.
Pareciera que la primera mandataria quiere hacer creer que nada tiene que ver con el proceso de endeudamiento y remate del patrimonio nacional que se dio en los años ‘90, cuando durante la era menemista, los Kirchner –que gobernaban la provincia de Santa Cruz- hicieron que sus legisladores votaran a favor de las privatización de YPF y de la nefasta reforma del Estado. A cambio, recibieron el pago de regalías petroleras mal liquidadas, recursos que se utilizaron en la compra de acciones de la propia petrolera privatizada que, tras ser revendidas, permitieron amasar más de 500 millones de dólares.
Ese dinero fue girado a bancos del exterior. Y su utilización está envuelta en un auténtico cono de sombras.
La presidenta no se pone colorada cuando dice que su gobierno es un “pagador serial”, atribuyéndose la propiedad de los recursos del país. La realidad es que los más de 173 millones de dólares que abonaron en la última década para cumplir con los pagos de una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, salieron de los impuestos que pagamos todos los argentinos. A lo sumo, quien circunstancialmente ocupa el sillón de Rivadavia, es un simple administrador de esos recursos. Y todo indica que los Kirchner no sólo administraron mal, sino que hicieron infames negocios que pusieron al país en una situación extremadamente delicada.
Precisamente, no es casualidad que el kirchnerismo jamás haya hecho un mínimo estudio o auditoria acerca de lo que realmente le corresponde pagar al país en concepto de deuda pública, cuando hay fallos judiciales que determinan que se cometieron claros delitos en la forma en que se acumuló esa deuda. El monto de lo adeudado es producto de una bicicleta financiera que le hizo ganar millones y millones a bancos y financistas amigos del poder político.
De hecho, en los dos canjes de deuda, consultoras (algunas de ellas ligadas estrechamente con actuales funcionarios K) y entidades bancarias cobraron millonarias comisiones para llevar adelante este proceso, mientras el stock de deuda pública nunca dejó de crecer.
Los 173 mil millones, tal como lo dijimos reiteradas veces en las páginas de nuestro diario, hubiesen cambiado la cara al país en caso de haberse invertido en saldar la enorme deuda interna y modernizar el país.
Ello no se hizo, se priorizó cumplir con la patria financiera, y ahora estamos pagando las consecuencias cuando vemos, por ejemplo, que todos los días hay chicos que se mueren de hambre o no tienen otra alternativa que dormir a la intemperie, a pocos kilómetros de la Casa Rosada, junto a perros vagabundos, como mostramos en una foto publicada la semana pasada por nuestro diario.
Cumplir a rajatabla con los acreedores internacionales no sirvió para nada. El país tiene vedados desde hace años el acceso al financiamiento exterior y los poderes centrales dictaminaron que la Presidenta ya no es una persona confiable para seguir manteniendo los exorbitantes niveles de ganancias que tuvieron en la Argentina en la última década.
La actitud del gobierno K de modificar, de manera constante, las reglas de juego y hacer trizas la seguridad jurídica, sumado a la desconfianza que genera el estado emocional de la primera mandataria, explican una parte importante de por qué la Justicia de EE.UU le está dando la espalda. En los próximos meses, la Corte de ese país podría poner en serios aprietos a la Argentina si termina confirmando los fallos de primera instancia y de la Cámara de Apelaciones, que ordena reconocer el 100% del valor de los bonos que tienen los llamados fondos buitres. Eso obligaría a darle un tratamiento igualitario a todos los bonistas, para lo cual no alcanzarían las reservas del Banco Central para cumplir con esos compromisos.
Efecto elecciones
Ante semejante escenario adverso, que se suma al cachetazo electoral recibido por el kirchnerismo en las primarias (que será aún peor en octubre), no es casualidad que los K estén recurriendo a manotazos de ahogado para intentar subsistir. Concretamente, ayer la primera mandataria, junto a un grupo de sindicalistas, empresarios y banqueros amigos, anunció el cambio del mínimo no imponible del Impuesto a la Ganancias que se aplican a los asalariados, que llevará a que tributen solamente aquellos que tengan ingresos netos superiores a los $15 mil. Obviamente, no lo dijo pero con ese anuncio la primera mandataria tuvo que dar el brazo a torcer, y cumplir con lo que viene reclamando la CGT de Hugo Moyano, la CTA de Pablo Micheli y gran parte de la oposición desde hacer meses.
Se trata una medida que beneficiará a miles de trabajadores y que es destacable. Pero solamente es un parche, que también deja interrogantes abiertos. Por un lado, no está claro aún de que forma si financiará el gasto que implicara para el Estado este anuncio, eminentemente electoralista.
Se habló de la creación de un nuevo impuesto, que gravará la compra-ventas de acciones de empresas que no cotizan en los mercados. Es decir, los bancos, que constituyen el sector que más ganaron en la era K, seguirán siendo intocables. Es muy probable que el nuevo impuesto terminen castigando indirectamente a los que producen, que le dan valor agregado a la economía y mantienen, con mucho esfuerzos, los pocos puestos de trabajos genuinos que existen en el país.
Si realmente durante la era K hubiese existido la decisión política de conformar un esquema impositivo progresivo, que lleve a que los que más ganan sean los que más tributen, se podría haber eliminado de raíz esta barbaridad que significa que haya trabajadores que tengan que abonar un impuesto al salario.
Desde el origen del sistema capitalista, un sueldo es la retribución recibida por el trabajo realizado, lo que le genera una Ganancia o plusvalía al que aporta el capital, es decir, el empresario o la patronal. Por ende, un tributo de este tipo debe ser abonado únicamente por este sector. La existencia del impuesto al salario, que garantiza una recaudación de $5000 millones por mes, está estrechamente vinculada con la permanencia del sistema clientelar montado por el kirchnerismo, que sólo puede sostenerse con millones de compatriotas teniendo que sobrevivir, de forma indigna, con las miserias que discrecionalmente reparte el Estado.
