Por Guillermo Cherashny/El Informador.-
El estado de prófugo que mantiene Ricardo Jaime después de la orden de detención en su contra que dictara el Juez Federal Claudio Bonadío puede finalizar mañana si la Cámara Federal rechaza la exención de prisión presentada por su defensa.
Desde que fue eyectado de su cargo de Secretario de Transporte, el ex funcionario vino zafando de la cárcel durante cuatro años.
Existía una especie de sobreentendido acerca de que el ex funcionario seguiría en libertad en tanto el kirchnerismo continuara en el poder. Pero a partir de marzo pasado se produjo un clic en este proceso.
La presidente, probablemente mal asesorada, decidió impulsar una reforma judicial para someter a todos los jueces y luego fracasó casi totalmente en su intento. Una oleada de fallos, entre los que fueron decisivos dos, el de la Corte Suprema y el de la jueza federal María Servini de Cubría, dejaron sin efecto la elección de los Consejeros de la Magistratura. Mientras tanto, sucesivos fallos de primera instancia están desarticulando en el fuero contencioso otros capítulos de la reforma, como la creación de tres nuevas cámaras de casación y la ley que restringe las cautelares contra el Estado nacional. Así es que esta torpe provocación al Poder Judicial se convirtió en un boomerang contra la Casa Rosada, al obligar a los magistrados a reaccionar, con lo cual quedó demostrado que el gobierno no es invulnerable. Por su parte, desde que lo procesaron, Jaime les habría avisado a los interesados que si le dictaban la captura revelaría su íntima relación con Néstor Kirchner, del cual era compañero de juergas en Río Gallegos y que luego, desde la Secretaría de Transporte, recaudaba retornos que le entregaba personalmente a su jefe todas las semanas en la Casa Rosada u Olivos. Claro está que en torno a la historia de las valijas hay fantasías como la que cuenta que todos los días llevaba una, cuando en realidad habría entregado los retornos sólo una vez por semana. Lo hacía deduciendo antes su parte y sin reportarse a Julio de Vido, su superior en los papeles. Fuentes tribunalicias sostienen que hasta algunas semanas atrás la presidente apoyaba a Jaime reservadamente y hasta pagaba los honorarios de sus abogados defensores, pese a no tener ninguna simpatía personal por quien fuera compañero de su marido en la vida nocturna. Pero el mes pasado, tomando como pretexto una pericia judicial que señalaba lo injustificado de la fortuna de Jaime, Cristina lo habría dejado librado a su suerte en otro de sus habituales caprichos. La pregunta es si, acorralado, el ex funcionario cumplirá ahora su promesa de encender el ventilador para asestarle un golpe mortal a Cristina. Como en nuestro sistema penal la confesión no implica reducción alguna de las penas, Jaime pensará seguramente mucho antes de hablar de más, sobre todo teniendo en cuenta que está imputado en una veintena de causas. Por ejemplo, puede recibir una dura condena en el juicio oral por la tragedia de Once. Sin embargo y con las limitaciones señaladas, igualmente no hay duda de que Jaime conserva capacidad de daño y que está en condiciones de asustar al poder. O sea que puede convertirse en el Bárcenas argentino.Existía una especie de sobreentendido acerca de que el ex funcionario seguiría en libertad en tanto el kirchnerismo continuara en el poder. Pero a partir de marzo pasado se produjo un clic en este proceso.
Coincidencias y diferencias
Luis Bárcenas, ex tesorero del gobernante Partido Popular de España, fue imputado el 25 de febrero pasado por el juez Baltasar Garzón en el caso de corrupción “Gürtel”. Bárcenas y el PP contraatacaron denunciando la actuación del juez. El 31 de marzo, Garzón dictaminó en un auto que Bárcenas habría recibido 1.353.000 euros de la trama liderada por el empresario Francisco Correa, a cambio de mediar en la adjudicación de obras y de dar a las empresas de éste contratos para la organización de actos del PP. Francisco Correa, “cerebro” de la trama, en una conversación grabada por el ex edil del PP en Majadahonda José Luis Peñas, que ha sido entregada a la Fiscalía Anticorrupción, aseguró que había llevado hasta mil millones de pesetas a Bárcenas por obras adjudicadas en la época de Jorge Cascos, cuando éste era ministro de Fomento. El 11 de junio, la Fiscalía Anticorrupción entregó al juez instructor del “caso Gürtel” en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, un informe en el que aprecia “implicaciones suficientes” contra Bárcenas y Merino. En el mismo informe pide elevar el caso al Supremo. El responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, ve “la mano gubernamental” detrás de lo que llama “cambio de opinión” de la Fiscalía. El 15 del mes pasado, Mariano Rajoy aseguró que si aparecen pruebas que impliquen a Bárcenas u otros cargos populares en “cosas inaceptables”, actuará en consecuencia. Finalmente, el 17 de julio el magistrado instructor del Supremo, Francisco Monterde, citó a declarar a Bárcenas y Merino en calidad de imputados provisionales por cohecho y fraude fiscal, en el caso del tesorero del PP, y cohecho en el caso del diputado popular.
El paralelismo entre los casos de Jaime y Bárcenas es entonces notable y ambas tramas avanzan en la misma dirección. Como una diferencia importante, la actuación ilícita del tesorero del PP puede salpicar a la plana mayor del gobierno. En cuanto a Jaime y coincidiendo con el personalismo K, sus manejos con los retornos sólo certificarían lo que ya todos admiten sobre Néstor Kirchner e implicarían también a los grupos empresarios que se cobraban menos subsidios pero firmaban recibos por el total.
