Por Carlos Tórtora/El Informador.- La decisión del fiscal Guillermo Marijuán de imputar a Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero abrió una nueva emergencia en el gobierno. Sin embargo, la investigación recién empieza, los riesgos importantes para la Casa Rosada están lejos y nadie ignora que el juez de la causa, Sebastián Casanello, tiene excelentes vínculos con el poder y no delegó la investigación en Marijuán, por lo cual es previsible que los mismos esfuerzos que se hicieron para evitar que prosperaran las investigaciones sobre Amado Boudou, se reproducirán ahora. El verdadero riesgo, hoy por hoy, es que el escándalo desatado por las denuncias de Jorge Lanata se instale como tema de la campaña electoral que empezará a mediados del mes que viene. Los encuestadores se preguntan -y nadie parece tener todavía la respuesta- si la instalación de la corrupción en la agenda pública le hará perder más votos al gobierno o si por este tema ya sufrió todo el daño posible.Otra incógnita cuya resolución puede marcar la tendencia electoral es si llegará a aplicarse el nuevo sistema de elección popular de Consejeros de la Magistratura que el Senado sancionaría este miércoles mientras la oposición se movilizará ante el Congreso. La semana siguiente la ley deberá estar promulgada y publicada y comenzará la batalla ante los estrados judiciales, abonada por el reciente pronunciamiento crítico de la Relatora de la ONU Gabriela Knaul. La suspensión judicial de la elección es poco probable pero de ningún modo imposible. Si se diera, el kirchnerismo entraría en la contienda electoral derrotado y tal vez sin poder disimular que su proyecto de acumulación de poder entró en crisis.
Un fallo de la Corte Suprema confirmando el de la Cámara Civil y Comercial Federal que declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de medios tendría también un efecto electoral mortífero. Pero es poco probable que la Corte, pese a sus disputas con el gobierno, asuma el rol de verdugo del poder. En este contexto, sumado a que la inflación no cede y que el dólar blue podría alcanzar los $ 12 a mitad de año, el escenario de una caída electoral del oficialismo en octubre dejaría de ser una mera hipótesis. En consecuencia, las figuras de la oposición que queden mejor colocadas después de que se cuenten los votos tendrán una posición privilegiada para el 2015. Algo de esto parece interpretar José Manuel de la Sota, que el miércoles pasado se colocó en el centro de una recomposición del peronismo disidente, junto a Francisco de Narváez, Hugo Moyano y Roberto Lavagna. El gobernador cordobés ya compite por la presidencia con Daniel Scioli y Mauricio Macri. De Narváez, pragmático, tiene fuertes compromisos con Scioli y a la vez colocó un pie en la nueva alianza nacida en Córdoba. Todo indica que, si en octubre el Frente para la Victoria pierde en Buenos Aires, se produciría una estampida de dirigentes en apoyo del gobernador bonaerense y que el cristinismo entraría en una crisis tal vez irreversible. Atendiendo a esta posibilidad, De La Sota, Luis Barrionuevo y Moyano trabajan en el armado de una liga del peronismo en el interior que le ponga un freno a Scioli y les permita negociar. De estas conversaciones participan el ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti, Juan Manuel Urtubey y Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, entre otros. Muy distinta sería la óptica de Mauricio Macri, que criticó la cumbre anti K en Córdoba.
Las chances presidenciales del jefe de gobierno porteño tienen una relación directa con que el cristinismo se debilite pero sin perder la gobernabilidad ni el control del peronismo antes del 2015. Si el colapso oficialista se produjera a fin de este año, el peronismo se reagruparía velozmente en torno a Scioli y De La Sota y el PRO, que sólo tiene peso decisivo en Capital y Santa Fe, perdería fuerza ante la recomposición del justicialismo. Así es que el macrismo necesitaría que CFK haga un soft landing y, a su vez, a ella le interesaría que el PRO siga pulseando con Scioli, para que éste no crezca demasiado. El otro protagonista de este juego, Sergio Massa, se definiría la próxima semana. En las ultimas horas, algunos de sus allegados comentaron que él optaría por impulsar a su esposa Malena Galmarini como cabeza de una lista para diputados nacionales, seguida por Felipe Solá y por Mónica López, esposa del diputado nacional y dirigente de los petroleros privados Alberto Roberti. Este matrimonio, tres meses atrás abandonó a De Narváez para unirse al massismo. Si las conversaciones reservadas siguen como van, la lista de Massa sería funcional al interés de la Casa Rosada para impedir que De Narváez gane la elección. Y la mayor parte de los candidatos a diputados que llevaría el intendente de Tigre acompañarían luego al Frente para la Victoria. Esto incluiría al volátil Solá, que en el 2008 abandonó al kirchnerismo para sumarse a Unión PRO, pero en el 2011, impactado por el triunfo cristinista, dejó al Peronismo Federal para volver sin éxito al oficialismo. Por último, vuelve ahora a tomar distancia del gobierno pero sólo aparentemente.
La necesaria UCR
A todo esto, el gobierno habría tomado cabal conciencia de que una derrota en octubre no sólo terminaría con su proyecto continuista, sino que podría conducir a cientos de funcionarios y ex funcionarios, empezando por la presidente, a un infierno judicial. Atrás quedó la vieja idea de que CFK podría retirarse del poder y continuar conduciendo al kirchnerismo desde el llano. La jugada más profunda del gobierno para evitar una rebelión peronista fue incorporar a la ley de reforma del Consejo de la Magistratura el polémico artículo 18°, que exige a los partidos, para poder presentar candidatos a electores, tener representación en 18 distritos. De este modo el gobierno inclina la balanza de la oposición en favor de la UCR, que está presente en todas las provincias y que, con la nueva reforma, tendrá una posición privilegiada para negociar con el FAP y los partidos provinciales, haciendo valer en las urnas su aparato nacional. La idea oficial es clara: gracias a la elección de consejeros y los trucos legales correspondientes, el radicalismo podría desplazar al PRO y al peronismo disidente situándose como segundo del kirchnerismo. Si la lectura global de la elección fuera que el gobierno y la UCR salieron fortalecidos, las conversaciones para un acuerdo para la reforma constitucional serían viables y la rebelión peronista, una vez más, quedaría abortada. Es que, sin contar con candidatos fuertes para el 2015, buena parte de la dirigencia radical estaría tentada de profundizar su diálogo con el gobierno.
