Por Carlos Tórtora/El Informador.- El suspenso se está convirtiendo en el factor dominante de la política nacional. Nadie sabe, por ejemplo, si la nueva ley que establece la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura se aplicará o será suspendida por la justicia, lo que sería una grave derrota para el gobierno. Claro está que el kirchnerismo es el principal motor del suspenso, porque, mediante varios artilugios técnicos, está consiguiendo estirar la promulgación tácita de la ley hasta el 28 de este mes. De este modo, las impugnaciones judiciales empezarán menos de 2 semanas antes del cierre del plazo para presentar las alianzas. Esta postergación de las definiciones para junio vale también para las candidaturas. Tensando la cuerda al máximo, el gobierno tampoco oficializa la candidatura de Alicia Kirchner como primera diputada nacional por Buenos Aires, ni mucho menos la de Daniel Filmus, si es que resulta elegido, como primer senador nacional por la Capital Federal. En consonancia con este estilo de apostar en el último minuto, Mauricio Macri desestimó a Roberto Lavagna pero tampoco anunció que Gabriela Michetti estará primera para senadora porteña. En alguna medida, los radicales y el FAP también dilatan sus definiciones en los grandes distritos. Esta epidemia de postergaciones tiene su explicación lógica. De aplicarse la nueva ley, el cuerpo de boleta con la lista de candidatos a consejeros irá a la derecha de los candidatos a senadores y diputados. O sea que los postulantes a la Magistratura encabezarán la boleta sábana y, como el gobierno está en guerra con la justicia, ocuparán también el centro del escenario mediático. Esto hace que sea probable que no pocas figuras, se habla entre otras de Ricardo Gil Lavedra y Alicia Kirchner, terminen en la lista de consejeros y no de legisladores. El jueves pasado en la Casa de Córdoba en la Capital Federal, los operadores del peronismo disidente se reunieron para tratar de avanzar en este laberinto. En este espacio, el que lleva la iniciativa es Francisco de Narváez, que ya contaría con la adhesión de varios partidos nacionales para alcanzar los 18 distritos que exige la nueva ley para presentar candidatos a consejeros. El proyecto de una lista unificada de la oposición para la Magistratura se diluye porque sólo podría hacerse si también hay alianza para senadores y diputados, dadas las trabas que impone el artículo 4° de la ley. En medio de esta confusión generalizada, nadie se anima a jugar y todos esconden las cartas. Pero el que se revela como un maestro en el arte de esconder sus intenciones es Sergio Massa, que ya pasó la fecha de su definición para el 1 de junio, luego de protagonizar esta semana un frío diálogo televisado con la presidente. El mismo indicaría que el intendente de Tigre no está dispuesto a romper lanzas con el gobierno, aunque sigue el misterio de si será candidato oficialista o de una lista paralela al frente para la Victoria. Una especie de Martín Sabbatella de centro derecha. En este proceso en el cual las reglas de juego pueden cambiar en cuestión de horas el gobierno lleva las de ganar porque es el que hace los decretos y cuenta con recursos económicos casi ilimitados. No obstante, en las filas oficiales los nervios aumentan, porque las encuestas revelan un creciente rechazo al kirchnerismo. Un ejemplo claro de esto es la situación en Tucumán. Su gobernador José Alperovich ya dejó trascender que se presentará en octubre como candidato testimonial a diputado nacional. Pero una encuesta que hizo la consultora Carlos Fara & Asociados sobre 600 casos en la provincia de Tucumán, durante la última semana de abril, arroja resultados sorprendentes. En la competencia por las diputaciones nacionales, Alperovich vencería al actual senador radical José Cano ajustadamente, por 37,4% contra 35%, pese a que el radical recién anunciará su candidatura en los próximos días, mientras que el gobernador viene en “campaña permanente” desde hace años. El 21,4% de los consultados dijo que no votará por ninguno de los dos, y el 6,2% se mantiene indeciso. El caso tucumano es paradigmático, porque Alperovich tiene un poder casi absoluto y gobierna con una oposición sumamente debilitada. Una receta repetida En otras provincias también habría encuestas que marcan las serias dificultades que enfrenta el Frente para la Victoria. Tal vez ésta sea una de las razones que llevaron a la presidente a afirmar esta semana que no va a impulsar una reforma constitucional, una forma de aparecer casi como una mandataria saliente, con la idea de desactivar el repudio al proyecto reeleccionista. Pero, examinando sus palabras, ella no se comprometió a prohibirles a sus acólitos que impulsen la reforma constitucional. Diana Conti, en un reportaje que ayer publicó La Nación, avanzó sobre esta sutileza anticipando que el kirchnerismo podría impulsar la reforma aun cuando la presidente no lo haga. En el 2011, CFK explotó hábilmente este recurso de mostrarse desinteresada y con ganas de dejar del poder. En aquella instancia, recién aceptó la candidatura a último momento y una vez que ganó, la misma noche de la elección, reconoció que había ocultado sus intenciones, ya que nunca había dudado en ser candidata. En Bolivia, Evo Morales no le temió al escándalo para asegurarse la posibilidad de un tercer mandato. Según un reciente fallo del Tribunal Constitucional, Morales y el vicepresidente Álvaro García están habilitados a buscar su reelección en el 2014, pues se considera su actual gestión como la primera bajo el nuevo orden constitucional vigente desde el 2009. Morales y García fueron elegidos en el 2006 bajo la Constitución anterior y reelegidos en el 2009 con mandato hasta el 2014 bajo la nueva Carta Magna, cuyo artículo 168 dice que los gobernantes pueden ser reelegidos “por una sola vez, de manera continua”. Si eso ocurre, Morales podría gobernar Bolivia hasta el 2020. Según Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz, el fallo viola “los fundamentos del estado constitucional y democrático”, por lo que lo denunciarán en tribunales internacionales. Como es obvio, Morales no es único socio bolivariano del kirchnerismo que está dispuesto a violentar el estado de derecho para eternizarse en el poder. En Venezuela, Henrique Capriles ya presentó pruebas contundentes acerca de las irregularidades que le habrían permitido a Nicolás Maduro quedarse con la presidencia en las elecciones del 14 de abril pasado. La multinacional española INDRA tiene a su cargo la informatización de los cómputos en Venezuela y también en la Argentina. Astutamente, el gobierno cambió las reglas de juego electorales a último momento, nacionalizando los comicios a través de la elección de consejeros. Si el actual desconcierto opositor continúa o se profundiza, el contexto de las primarias del 11 de agosto no podría ser más favorable para que ocurran irregularidades. Sin ir más lejos, las dificultades opositoras para fiscalizar mesa por mesa en el enorme territorio bonaerense ya están a la vista.
