Por Carlos Tórtora/El Informador.- El kirchnerismo empieza a pagar muy caro su fracaso en la justicia durante el 2012 para conseguir que se la aplicara al Grupo Clarín la cláusula de desinversión del artículo 161 de la ley de medios audiovisuales. El fallo de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal que prorrogó la vigencia de la cautelar que impedía la desinversión fue de importancia estratégica. Le dio tiempo al multimedios para contraatacar con precisión quirúrgica. Mediante el “Lázarogate”, Jorge Lanata reinstaló la corrupción en el centro de la agenda política. Con el gobierno bajo sospecha y la economía electrizada por la estampida del dólar, lo más probable es que la Corte Suprema demore la sentencia definitiva del caso Clarín hasta después de las elecciones. Entonces, una derrota electoral del oficialismo sería la antesala de una sentencia que confirme la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados de la ley de medios que resolvió la Sala I de la Cámara Civil y Comercial.Con el calendario electoral ya corriendo, es lógico que el kirchnerismo apele ahora a todos los recursos disponibles para tratar de doblegar a Clarín y evitar así que las denuncias de Lanata y otros periodistas sean un factor definitorio en las urnas. El proyecto de ley para la expropiación parcial de Papel Prensa y la reactivación de la causa que lleva el juez federal Julián Ercolini investigando a Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble por la supuesta apropiación ilegal de las acciones de Papel Prensa en 1977 son las armas que saca a relucir el kirchnerismo. Admitiendo cierta desesperación, en la Casa Rosada hablan de citaciones a declaraciones indagatorias, procesamientos y hasta prisiones preventivas. La nueva ley que regula el mercado de capitales y que posibilita que los accionistas minoritarios requieran la intervención de las empresas es otro instrumento para intentar un golpe decisivo contra el multimedios. La predisposición del gobierno a pasar a mayores crece a medida que la campaña electoral se acerca. La profundización del escándalo del lavado de dinero K durante las semanas previas a las primarias del 11 de agosto, sumada a la situación económica podrían, según algunos encuestadores, restarle entre 3 y 5 puntos al Frente para la Victoria. Esta catástrofe sería de origen mediático, ya que habría que descartar que el juez federal Sebastián Casanello produzca grandes novedades en la investigación de Lázaro Báez y su red de lavado. El gobierno se ve en su espejo venezolano y las últimas encuestas que le asignan a Henrique Capriles 45,8% de adhesión contra el 40,8% de Nicolás Maduro, son todo un mensaje. La generalizada reacción negativa ante el proyecto de ley de blanqueo fue una demostración práctica de hasta dónde descendió la confianza pública en la Casa Rosada. La hipersensibilidad del gobierno en materia judicial es hoy enorme, porque cualquier síntoma de pérdida del control político es tomado con alarma. Anteayer hubo uno. La Justicia confirmó que el Estado no podrá ser querellante en la causa por la tragedia de Once, en la que están procesados los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios y empresarios que operaban la ferroviaria TBA. La Sala III de la Cámara de Casación no hizo lugar a la solicitud presentada por el Ministerio del Interior y Transporte para constituirse como querellante en nombre del Estado. Los camaristas argumentaron que resultaría “contradictorio” admitir al Estado como querellante cuando ex funcionarios están entre los acusados.
El desconcierto opositor
Paradójicamente, mientras CFK atraviesa la etapa de mayor vulnerabilidad desde que asumiera como presidente en diciembre del 2007, la oposición no está mucho mejor. Ninguna de sus figuras presidenciables está capitalizando la crisis del oficialismo y la sanción, el miércoles pasado, de la ley que establece la elección popular de consejeros, lleva a la UCR, el PRO, el FAP y el peronismo disidente a un estado de desconcierto general a un mes del cierre del plazo para oficializar alianzas. Al disponer la nueva ley que el cuerpo de boleta para candidatos a consejeros irá a la derecha de las boletas para diputados nacionales y senadores, quedó claro que el gobierno va a nacionalizar la elección y que su aparato comunicacional girará en torno a la batalla por el control del Consejo de la Magistratura. Las listas opositoras que en las primarias no cuenten con boleta para consejeros corren entonces el serio riesgo de sufrir una sangría de votos, sobre todo teniendo en cuenta que el corte de boleta raramente alcanza al 5%. La solución casi perfecta que empezó a conversarse sería una alianza entre las principales fuerzas opositoras sólo para unificar una lista para consejeros de la magistratura. Pero Agustín Rossi habría percibido la maniobra y así es que se introdujo una modificación en el artículo 4° del proyecto que sostiene: “No podrán constituirse agrupaciones políticas al único efecto de postular candidaturas al Consejo de la Magistratura”. Eliminada la chance de la lista única, el arco opositor se debate entre apostar a que la justicia suspenda la elección haciendo lugar a alguno de los múltiples amparos que se presentarían en las próximas horas y pactar complicadísimos esquemas de alianzas para contar con los 18 distritos que la ley le exige a los partidos para presentarse a la elección del Consejo. En medio de este tembladeral jurídico, Hermes Binner desafió a sus aliados radicales hablando de un acuerdo electoral con Mauricio Macri. Con presencia propia en no más de una docena de distritos, el FAP temería que la UCR le imponga duras condiciones haciendo valer, para la elección de consejeros, su mayor cantidad de distritos. En la cúpula del PRO las reuniones se suceden nerviosamente. En la Capital Federal, el triunfo de Gabriela Michetti o de Roberto Lavagna para senador -las dos opciones de Macri- pasaría a depender de que la sábana partidaria esté coronada por una lista de consejeros atractiva para la clase media porteña. En alguna medida, esto perjudica las chances de Lavagna, porque ya no sería tan determinante la figura del candidato a senador. La plana mayor radical se debate, por su parte, entre condicionamientos contrapuestos. El radicalismo se siente obligado a encabezar la batalla judicial contra la elección de los consejeros. Pero -una nueva paradoja- la misma le brinda la oportunidad de volver a ser la segunda minoría electoral. El radicalismo es, junto con el PJ, la única fuerza distribuida en todo el país y los consejeros se elegirán por el sistema de mayoría y minoría. Una perspectiva excelente para que el centenario partido se quede con la minoría del Consejo y, de paso, arrastre unos cuantos votos para sus diputados y senadores. En el confuso peronismo disidente, Francisco de Narváez es el que más rápido reaccionó y ya está preparando una alianza nacional con una lista de consejeros que encabezaría su segundo, Gustavo Ferrrari. Como es obvio, todos en Buenos Aires esperan la definición de Sergio Massa acerca de si será cabeza de una lista para diputados nacionales. Pero la nueva ley también golpea al intendente de Tigre. En caso de presentarse, debería contar con una complicada alianza en 18 distritos para tener una lista de consejeros. Salvo, claro está, que adhiera su boleta a la del Frente para la Victoria o del PRO.
