El Centro de Estudios Legales y Sociales que preside el periodista y asesor del Gobierno cuestionó uno de los seis proyectos presentados por Cristina para reforma la justicia. Se trata nada menos del que necesita para desfinanciar a Clarín. "Presenta problemas de constitucionalidad", señaló un documento de la entidad.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se mostró hoy crítico del plan oficial para reformar la Justicia y, con matices, cuestionó la forma de elegir los consejeros de la Magistratura, la creación de Cámaras de Casación y el límite a las medidas cautelares, este por presentar "problemas de constitucionalidad".
En un documento difundido esta tarde, la entidad aseguró que "valora y acompaña la iniciativa de dotar de contenido político a las discusiones sobre el sistema judicial, la mayoría de las veces, enmascarado como neutral con argumentos tecnocráticos".
Y si bien señaló que "algunos de los proyectos en análisis representan un claro avance en cuestiones demoradas o importantes para la igualdad de oportunidades y para la transparencia del funcionamiento judicial", advirtió que "otros plantean dudas sobre su diseño político institucional. El que limita las cautelares, puntualmente, presenta problemas de constitucionalidad", reprochó.
"Se podría afectar seriamente a esta herramienta como parte de la garantía de tutela judicial efectiva.
Las medidas cautelares constituyen medidas efectivas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad", señaló el documento, que, a modo de ejemplo, recordó que "la ESMA podría haber sido derribada si no se hubiera logrado frenar su destrucción con un amparo y una medida cautelar que dio cuenta de la urgencia de la situación hasta que se resolviera la discusión de fondo".
En esa línea, admitió que "resulta legítima la regulación de estas medidas para reconocer que se trata de relaciones entre el Estado y los particulares", pero censuró que "la forma en que se las propone regular pierde de vista que lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos netamente patrimoniales" y "darle total vitalidad y vigencia a las cautelares que pretendan proteger a personas o colectivos frente a actos estatales violatorios de derechos fundamentales".
Sobre el proyecto de creación de nuevos tribunales de casación, enfatizó que "plantea algunas dudas por la necesidad de dar una discusión mayor respecto de la organización del sistema judicial en su totalidad. Es imperioso apuntar a su horizontalidad y desburocratización y la inclusión de nuevas instancias remite más a su verticalidad".
"La incorporación de esta nueva instancia también puede afectar los tiempos para que una cuestión constitucional llegue a ser tratada por la Corte Suprema", lamentó.
Sobre la reforma al Consejo de la Magistratura, dijo que es "una opción valorable la elección popular de sus integrantes para romper lógicas corporativas y dar oportunidad de acceder a otros sectores u actores. Sin embargo, esta decisión genera algunos problemas que deberán atenderse", contrapuso.
Entre ellos, la "representación de las minorías", ya que, según postuló, su presencia "puede mejorar el escenario para la toma de decisiones y aportar otras miradas".
Las reformas que impulsa el kirchnerismo "requieren en algunos de sus puntos una revisión y un mayor debate, sea por razones de constitucionalidad (para el caso de las cautelares) como por su complejidad e impacto a nivel de la estructura del sistema de justicia nacional", resumió el CELS.
"Esperamos que esta iniciativa sea parte de un programa de reforma más amplio, que se dirija a modificar aspectos sustanciales del funcionamiento judicial que, en general, es deficiente para responder a las situaciones de violaciones de derechos de los más vulnerables", añadió el informe.
La entidad destacó, en cambio, "la idea de que se promueva un acceso igualitario al Poder Judicial, que se avance en el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, así como que se eleve el estándar de publicidad y accesibilidad a la información sobre actos y estadísticas del sistema judicial".
