Por Silvia Stang/LA NACION.- Sin mostrar datos, el Gobierno dice que los salarios son el 50% de la renta nacional; los analistas disienten y advierten que esa medición no refleja la realidad social Recuerdo que en una reunión, un petiso, que era [un empresario] industrial, dijo: «¡Pero es que los trabajadores quieren ganar cada día más!». Yo lo miré y le dije: «¿Y usted no?»." La anécdota, referida a sus encuentros en los años 50 con las entonces nacientes gremiales empresarias, fue relatada por Juan Domingo Perón: estaba por terminar 1973 y el presidente de la Nación daba un discurso por cadena nacional desde la sede de la CGT en la calle Azopardo. Los cientos de dirigentes sindicales que colmaban el salón auditorio saludaron con risas y aplausos ese relato que el líder político acompañó con fuerte expresividad en su rostro. El entusiasmo volvería minutos después para celebrar una frase. Fue cuando, como conclusión de sus reflexiones sobre la puja entre trabajadores y empresarios por el reparto de la riqueza, Perón instó a una distribución "con justicia entre todos los que la producen, sin ninguna ficción". Y allí habló de su ideal: "Que sea fifty fifty , como dicen, mitad y mitad".
Casi cuatro décadas después, aquella expresión en inglés volvió a ganar lugar en el discurso político del gobierno de un partido enraizado en el peronismo. En marzo de 2009, cuando comenzaba a hablarse de lo que serían las negociaciones salariales de ese año, Cristina Kirchner aludió al fifty fifty como un objetivo deseable por tratarse -dijo- de una "articulación inteligente" entre los aportes del capital y el trabajo para la producción. Un par de años después, la mandataria unió su voz a la del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, por entonces aliado del kirchnerismo, para expresar que se estaba cerca de la meta. Finalmente, el encargado de agitar la bandera a cuadros fue el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien días atrás dijo, en una entrevista periodística, que el país logró el "famoso" objetivo de Perón.
Pero esta última afirmación se integra al relato oficial sin datos que la sustenten. Más allá del cuestionamiento a las estadísticas oficiales que existe desde el momento en que fue intervenido el Indec, en este caso no hay, al menos hasta hoy, un informe que respalde lo dicho.
Los últimos cálculos de la participación de la masa salarial en el producto bruto marcan una distancia, desfavorable para los trabajadores, de entre 7 y 12 puntos porcentuales -según la fuente- a la distribución en partes iguales de la renta. En las estimaciones del Indec, la tasa más reciente es de 43,6% y corresponde a 2008. Quienes estudian el mercado laboral coinciden en que desde entonces no hubo cambios tales que sugieran que se amplió el porcentaje.
Así, el fifty fifty actual se identifica más con una declamación que con la llegada a una meta, que parece esquiva en la historia nacional.
Pero antes de un rápido sobrevuelo por algunos años, una consideración para tener en cuenta. Más allá de cuáles sean los números, algunos informes sobre la temática advierten que la llamada "distribución funcional del ingreso" es un indicador útil pero deficiente, o al menos insuficiente, para un análisis de la realidad social. Sobre todo, en un país como la Argentina, que tiene en su universo de asalariados una amplia heterogeneidad, con situaciones individuales tales como la informalidad o la pobreza. A diferencia de la distribución personal del ingreso, que ubica a los ciudadanos en una escala según cuánto perciben (y que permite evaluar en forma más directa el grado de desigualdad), la distribución funcional describe qué porcentaje del producto de la economía es captado masivamente por los asalariados.
Después de aquel discurso de Perón, la porción de ingresos tomada por los trabajadores mejoró. El año siguiente, 1974, fue uno de los dos en los que el índice superó el 50%, según la medición hecha por la fundación FIDE. El otro año fue 1954 y, en este caso, la fuente es el Banco Central. Pero la buena noticia de mediados de los 70 duró poco: el Rodrigazo del 75 sumió al país en una inflación que le fue ganando a los intentos de recomponer salarios. Al año siguiente, el del inicio de la dictadura militar, los precios subieron 444% y la participación de los trabajadores en el PBI cayó a un tercio. Y más adelante, a menos aún.
La serie histórica de datos, recopilados en un informe del Centro de Estudios sobre el Población, Empleo y Desarrollo (Ceped) de la Universidad de Buenos Aires, encuentra un bache entre fines de los 80 y principios de los 90, una dificultad que se suma a otra: según el período, diferentes instituciones elaboraron los índices.
El tramo más reciente con continuidad de fuentes es el que arranca en 1993. Los cálculos de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales difundidos por el Indec le asignan a los salarios, para aquel año, una participación de 44,7% que, tras recorrer un línea sinuosa, cae hasta 34,3% en 2003. Sigue luego un repunte, a la par de la reactivación y de las negociaciones salariales que buscaron compensar la inflación, para así llegar en 2008 -último dato- a 43,6 por ciento.
Los números son más pequeños si se recurre a dos fuentes no gubernamentales. Para el Ceped, en 2010 la tasa llegó a 41,4%, mientras que según la metodología del Centro de Investigación y Formación (Cifra) que dirige el economista Eduardo Basualdo, el último dato es de 37,6% en 2011.
¿Qué incluye ese porcentaje? Según explica Javier Lindenboim, director del Ceped, para estimar la masa salarial se cuentan los ingresos que los trabajadores declaran en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec (esto marca una diferencia con la metodología oficial, que tomaba también en cuenta los salarios informados al sistema jubilatorio). Los resultados de la encuesta, que abarca a 31 centros urbanos, se extrapolan a la población total. Se considera a los asalariados formales y a los informales y en el primer caso, como se trata de ingresos netos, se suman los aportes y contribuciones a la seguridad social. "Por los datos de 2007 en adelante, entramos en las generales de la ley; no estamos convencidos de las cifras que se dan tras la intervención del instituto", advierte Lindenboim.
"Lo más probable es que en los últimos años haya habido un estancamiento y no una mejora en la distribución, por lo que hablar del fifty fifty es más una agitación propagandística que otra cosa", afirma el economista, que se especializó en el tema.
MERCADO LABORAL DIFERENTE
Hay varios temas a observar en una comparación histórica de índices. El mercado laboral muestra hoy rasgos que no tenía, o que al menos no eran tan pronunciados décadas atrás. Un aspecto negativo de peso es la informalidad. Algo más de un tercio de los asalariados está en negro y si bien el índice tuvo una fuerte caída en la última década, el problema es bastante más grave hoy que décadas atrás, según advierte el economista Ernesto Kritz, para quien el nivel de inflación y la capacidad de negociación de los salarios, definen en gran medida cómo se distribuye el producto.
"Tanto en 2010 como en 2011 hubo una recuperación del empleo y un aumento de los salarios en el sector formal, en algunos casos por sobre la suba de precios; pero ese proceso tuvo efecto sólo en parte sobre los asalariados del sector informal y en menor medida aún sobre la masa de ingresos de los no asalariados", afirma Agustín Salvia, director del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El período de 2007 a 2012 se caracteriza por un ritmo de creación de puestos mucho menor que el de los años previos. "Entre 2003 y 2006 se crearon en promedio 747.000 puestos por año, mientras que de 2007 a mediados de 2012 la cifra bajó a 207.000", destaca un estudio del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas, que coordina Claudio Lozano.
Además del comportamiento del empleo y los ingresos, en el análisis de la variación de la participación salarial se consideran los cambios en la estructura ocupacional del país. "La participación del empleo asalariado en el total subió del 69,1 al 75,6% entre 1993 y 2007 según los datos del Indec", observa Juan Llach, profesor de Economía en el IAE-Universidad Austral. Si eso se tiene en cuenta, agrega, se concluye que una parte importante de la mejora de la participación salarial se explica por una modificación de tipo estructural.
En el cálculo de distribución funcional, lo que perciben los no asalariados está por lo general identificado como "ingreso mixto bruto" y no se cuenta como parte de la retribución del trabajo. Se incluye bajo esa nominación la renta que queda en manos de cuentapropistas y patrones, y que representan, en los estudios más recientes, alrededor de 10 por ciento. Según considera Salvia, una parte importante de estos cuentapropistas son personas no calificadas, que están en actividades de baja productividad y que "si bien fueron beneficiadas por el aumento del consumo de otros sectores, no lo fueron en la misma medida que los asalariados formales". ¿Conclusión? Parte de la mejora de la participación asalariada tiene como contraparte un empobrecimiento en otro segmento social.
El componente que incluye a los autónomos dentro de la estructura del ingreso se llama "de ingreso mixto", porque no puede diferenciarse cuánto es retribución del trabajo y cuánto retribución de los activos que intervienen en la producción. La renta pura de estos activos, es decir del capital empresario, es la otra pata de la distribución funcional: el llamado "excedente de explotación bruto".
¿Y qué es lo que se cuenta como ingreso total para repartir? Las estimaciones mencionadas consideran el PBI, restados los recursos con los que se queda el Estado por impuestos y sumados los subsidios a actividades productivas.
Aquello del fifty fifty para distribuir esa renta no parece sustentado por alguna cuestión técnica que invalide la posibilidad de que se ambicionen otros porcentajes. "Uno podría preguntarse por qué ésa es una meta deseable en un país donde tres de cada cuatro ocupados son asalariados; ¿no podría ser el ideal algo más del 50%?", se pregunta Lindenboim. El economista recuerda que la participación salarial es más elevada en países desarrollados, como indican, por ejemplo, informes publicados por la OIT e investigaciones del Ceped. En Estados Unidos, la estadística oficial muestra una participación que, aunque con tendencia decreciente en los últimos años, siempre superó el 50% y, en algunos períodos, fue muy cercana a 60 por ciento.
Entre los factores que explican diferencias entre países se incluye la productividad. En rigor, un aumento de esta variable eleva la participación salarial, si la mejora de ingresos en términos reales gana la carrera.
Otro elemento que interviene está en la actitud del "otro fifty ". Concretamente, en el nivel de inversiones que decida hacer con sus recursos el empresariado, algo que condiciona la expansión del producto y la apertura de nuevas fuentes laborales. Esa dinámica, hoy con frenos en la Argentina, es la que empuja una rueda que, al girar, va creciento en tamaño. Luego, el contexto y el juego que se establezca entre diversos factores, susceptibles de ser influidos por las políticas de Estado, hará que con los nuevos recursos se beneficien en mayor medida unos u otros sectores dentro de la sociedad.
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Asalariados
Según datos oficiales, 77,6% de los ocupados está bajo relación de dependencia. De ellos, 35,5% no está registrado.
