Por Carlos Tórtora/El Informador Público.- Como suele ocurrir en política, a la hora de la verdad el 7D luce menos impresionante que cuando se puso en marcha dos meses atrás. Con su fuerte despliegue de presiones, se puede decir que el gobierno consiguió reducir al mínimo la posibilidad de que esta semana se dicte una ampliación de la cautelar que mantiene suspendida la aplicación del artículo 161 de la ley de medios.
Entonces Martín Sabbatella podrá declarar el incumplimiento del Grupo Clarín en más de 200 licencias e intentar readjudicarlas. Pero el lunes 10D ya habrá comenzado una nueva batalla judicial con variantes en relación a la actual. Es probable que los abogados de Clarín recurran impugnando todo lo actuado por la AFSCA, sosteniendo que el plazo de un año para la adecuación a la ley de medios debe contarse recién a partir del 7D. Le tocaría a Horacio Alfonso, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1, fallar en el tema. Alfonso está conminado por la Corte Suprema a dictar sentencia sobre la constitucionalidad de los artículos 45 y 161, pero éste es un tema aparte. Si en el inminente litigio en torno a si el plazo de adecuación es de un año o, en cambio, Sabbatella puede actuar de oficio, la justicia de primera instancia se pronuncia contra Clarín, éste podría intentar un per saltum ante la Corte Suprema. Pero hoy por hoy no puede hacerlo, porque CFK continúa sin promulgar la ya ley de per saltum, sin duda con el objetivo de evitar la posibilidad comentada. Esta inminente batalla judicial, si bien encuentra al gobierno mejor posicionado, no puede decirse que está ganada de antemano. En síntesis, que el cristinismo consiguió salvar la ropa y poner en marcha el desguace de parte del Grupo Clarín, pero está muy lejos todavía de un resultado definitivo. El 7D ya no marca obviamente la victoria final del gobierno sino apenas una discreta victoria.
En su pulseada, la Corte Suprema y la presidente llegaron a una especie de empate. Ésta se benefició con la reciente resolución del tribunal dando por terminada la discusión sobre la medida cautelar e intimando a Alfonso para que falle sobre la cuestión de fondo. Y la Corte, por su parte, consiguió alejar la posibilidad de que le llegue un per saltum sobre el tema, sobre todo por el hecho de que la presidente no se decide a promulgar la ley que establece el nuevo recurso.
Esta limitación a la épica oficialista también se advierte en otros campos. Por ejemplo, luego del 20N, la CGT Azopardo y la CGT Balcarce ingresaron en una etapa de negociaciones reservadas que incluyen hasta la posibilidad de reunificación. En general, en la central que dirige Antonio Caló predomina el cansancio ante la falta de concesiones por parte del gobierno, sobre todo en materia de los fondos adeudados a las obras sociales sindicales. Y por su parte, Moyano conoce su oficio y sabe que lanzarse a una secuencia de paros y movilizaciones sin obtener resultados lo sometería a un fuerte desgaste. Así es que la política sindical también empieza a circular por una zona gris que puede durar hasta marzo.
Este escenario de nuevos equilibrios inestables incluye también al triángulo CFK-Scioli-Macri. Los espacios políticos que impulsan el gobernador bonaerense y también Sergio Massa son una especie de franja de Gaza del peronismo, donde por momentos controla el kirchnerismo pero instantes después aparecen las sombras de proyectos poscristinistas y hasta opositores.
En una curiosa situación irreal, todos actúan como si estuviésemos en el 2015 y las definiciones sobre las candidaturas presidenciales fueran inminentes. Pero la realidad del juego político es otra. Recién a partir de marzo se empezará a saber hasta dónde la presidente y su círculo están dispuestos a cederles espacios reales a Scioli y Massa. La primera prueba sería la renovación de autoridades en los PJ nacional y bonaerense, convocada para el 31 de marzo. Una apertura del cristinismo en el armado de las cúpulas tendría alto impacto en las filas peronistas. Pero lo más importante se definiría recién entre mayo y junio, si se convoca a primarias para agosto. Allí se sabrá si las listas de diputados nacionales y legisladores provinciales incluyen al sciolismo y el massismo y en qué medida. Los antecedentes del kirchnerismo en materia de negociación de listas son claros: casi nunca negocia. Mientras tanto, la confusión es el denominador común del ancho espacio que empieza en el sciolismo y termina en el PRO. Esta semana, Macri Y Scioli chocaron verbalmente y Mariotto apoyó a este último. El episodio refleja dónde está situado ahora el conflicto. Y no se trata sólo de Buenos Aires, porque ya no es un secreto que Scioli está tentando a Miguel del Sel para que se aleje del PRO y se reposicione dentro del PJ, o sea, conformando una especie de sciolismo santafesino.
El cristinismo tiene una posición más cómoda y expectante porque la tensión la produce el avance de Scioli sobre el espacio PRO-Peronista. En términos pragmáticos, la mayor parte de los dirigentes del peronismo disidente se inclinan por Scioli 2015 pero saben que en el 2013 lo más probable es que sólo les quede negociar con Macri, porque el primero ni piensa en romper con la Casa Rosada. Un esquema más que complicado. Así es que este equilibrio inestable tiene para varios meses más, salvo que se produzca un derrumbe irreparable de CFK en las encuestas, que genere a su vez una corrida de gobernadores e intendentes bajo el paraguas del gobernador bonaerense. Mientras tanto, sobra espacio para humoradas como la reciente de Julio de Vido al mencionar a Agustín Rossi, Miguel Ángel Pichetto y Julián Domínguez como eventuales presidenciables.
Más zonas grises
La Corte de Apelaciones de Nueva York también hizo su contribución a la costumbre argentina de pasar los problemas de diciembre a marzo, porque fijó la audiencia para alegar sobre el fallo de Thomas Griesa para el 27 de febrero. Para ese entonces el gobierno ya sabrá si cuenta con los ingresos de una supercosecha de soja, lo que le permitía sentarse más cómodamente a negociar con los holdouts. Tratándose de un año electoral, el gobierno no parece dudar sobre ampliar el gasto público, ya que acaba de autorizar nuevas partidas presupuestarias por 11.726 millones de pesos, de los cuales 7253 se agregan al déficit. La construcción, por su parte, sumó en octubre 5,2 puntos a su caída interanual y el gobierno no espera buenas noticias económicas en lo que falta del año. Razón de más para que el gobierno apueste a una hipotética reactivación del consumo en febrero-marzo. Este cuadro económico también concuerda con la idea general de pasar a marzo.
