Al presentar la expropiación de YPF ante la prensa internacional, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, denunció que su empresa es la proveedora más económica de gas licuado, porque se ha resistido a pagar las comisiones a intermediarios que exigiría el gobierno de Cristina Kirchner. "Nosotros no lo hacemos, y a lo mejor nos están pasando la factura precisamente por esto", dijo Brufau. Más allá de su verosimilitud, la acusación fue la versión más ácida de un mensaje reiterado del ejecutivo catalán: la historia de YPF y el kirchnerismo no comenzó con este conflicto. La presencia de ese pasado es uno de los dilemas con los que debe lidiar el viceministro de Economía, Axel Kicillof , responsable principal del avance estatal sobre la empresa. Ver más
Kicillof expuso anteayer, en el Senado, con la excusa de YPF, su visión general de la economía. Se refirió al sector energético, examinó el comportamiento de los bancos, habló de la política monetaria, cuestionó el vínculo entre consultores y grandes empresas, y aconsejó a la administración española sobre cómo superar la recesión, entre otros temas.
La vieja leonera kirchnerista -Julio De Vido, José López, Aníbal Fernández, Miguel Pichetto- escuchaba en silencio, cabizbaja. La escena fue la corroboración final de un dato corriente: hoy, el poder es La Cámpora. Además, sirvió para que la opinión pública accediera a los conceptos que inspiran a un gobierno al que el viceministro de Economía le ha quitado el hermetismo. Kicillof puso en un pentagrama la melodía que Guillermo Moreno tararea en reuniones informales. Hay que agradecérselo.
Esa entronización expone una contradicción para la cual la operación YPF es una lente de aumento. Kicillof vituperó una gestión cuyo principal responsable estaba a su lado: De Vido. Otro fratricidio: De Vido es a Kicillof mucho más que lo que Righi fue a Boudou. El viceministro habló de que la Argentina fue llevada a un desastre energético por una empresa en trance de vaciamiento. El diagnóstico contrasta con las bendiciones que Cristina Kirchner y De Vido derramaron sobre YPF hasta hace cinco meses. Y deja en falsa escuadra a Roberto Baratta, representante del Estado en la petrolera, que convalidó toda la actuación de los accionistas.
Para salvar esa paradoja, y defender el ingreso del Estado en YPF, Kicillof alegó que, por una perversidad intrínseca, los empresarios, sobre todo los transnacionales, no son susceptibles de ser controlados. Se ve que no lee los diarios, sobre todo éste, donde durante los últimos cinco años se expusieron con sistematicidad algunos de los números que él ha comenzando a descubrir.
Más allá de esa distracción, el viceministro dejó planteado un interesante problema: si es tan difícil auditar a una petrolera, ¿quién controlará a él y a De Vido en adelante?
En este aspecto, la denuncia de Brufau se vuelve más interesante. Mencionó un asunto que alimenta las habladurías del mercado y del Gobierno: la presunción de que las importaciones de gas son alentadas por funcionarios que se benefician con ellas.
Un gobernador y dos funcionarios nacionales aseguran que, antes de partir hacia Angola, Guillermo Moreno habría hostigado así a colaboradores de De Vido: "Ahora se les va a acabar la jodita de los barcos". La comercialización de gas se realiza a través de Enarsa, cuyo presidente, Exequiel Espinosa, integra la intervención en YPF.
El axioma de que la película comenzó cuando él ingresó en la sala eximió a Kicillof de hablar de la participación de la familia Eskenazi en YPF, una decisión del matrimonio Kirchner. Para que pudieran pagar el 25% de la sociedad, el Gobierno avaló que el 90% de las ganancias se distribuyera en dividendos. Desde su posición minoritaria, los Eskenazi manejaron la empresa. Aun así, no fueron expropiados. Tal vez allí esté su castigo: si no pueden saldar sus deudas deberán entregar las acciones a los acreedores.
ENERGÍA BARATA
El segundo dilema en que quedó enredado Kicillof afecta al corazón de la incógnita energética: para cubrir la demanda de combustibles este año habrá que realizar importaciones por U$S 14.000 millones. En su discurso ante el Senado, el viceministro acusó a los empresarios españoles de no pensar en los precios que convienen al productor o al automovilista argentino. Es decir, sugirió un abaratamiento que estimulará la demanda, abultando el subsidio estatal. Alentada por esta noticia, la acción de la empresa se derrumbó ayer un 33%. Y los bonos argentinos pasaron a rendir 11% en dólares.
En el centro de la concepción de Kicillof hay una YPF puesta al servicio de la distribución igualitaria del ingreso. Como la iniciativa privada, sobre todo la extranjera, no se fija ese objetivo, hay que estatizar.
Para que esta tesis haga juego con las propuestas de Cristina Kirchner, quien prometió aliar a la nueva YPF con inversores privados, deberían desarrollarse joint ventures.
El Estado y las compañías particulares se asociarían para la extracción y se repartirían el producto en proporciones por determinar. El modelo que rige en Venezuela y Bolivia. Los privados podrían exportar el petróleo y el gas a precio internacional. El sector público, en cambio, resignaría esa ventaja para abastecer al mercado interno a precio subsidiado.
El objetivo es ofrecer energía barata para garantizar el consumo y el empleo.
Los funcionarios seleccionarían qué sector de la economía ha de beneficiarse con esa ventaja. En la práctica, se establecería un subsidio fenomenal al empresariado, vernáculo o internacional, fabricante de bienes que no serán por eso más económicos.
En otras palabras, la sociedad argentina, dueña del 51% de YPF, generaría una cuantiosa plusvalía para la burguesía nacional y extranjera. Kicillof lo aconsejó hace meses, al proponer que la siderurgia subsidiara a las multinacionales automotrices con el precio de la chapa.
Si se liberara el precio de los hidrocarburos para algunas compañías, tal vez Repsol se quejaría por una nueva discriminación, arguyendo que le fue impedido realizar ese negocio.
Atado a esta cuestión aparece otro dilema: el del precio a pagar por el 51% de YPF. Brufau fijó el valor en U$S 10.500 millones, lo que reflejaría el valor de mercado de la empresa en condiciones normales. Fuentes cercanas a De Vido afirman que estaría dispuesto a cobrar U$S 9000 millones: un tercio en efectivo, un tercio financiado y un tercio con activos físicos. Son versiones.
En Repsol hay accionistas que impugnan esa cifra de Brufau. Aducen que sólo por los recursos potenciales de shale gas y tight oil de Vaca Muerta habría que reclamar U$S 100.000 millones. Estos socios son los mismos que reprochan a Brufau no haber hecho ingresar a Sinopec en ese yacimiento.
"Con los chinos adentro, no nos hubieran expropiado", aseguran. En el diario Caixin, de Pekín, se publicó ayer que Repsol estaba negociando la venta del 100% de YPF con Sinopec. Algunos analistas madrileños suponen que, al enterarse, Cristina Kirchner aceleró la estatización.
EL PRECIO
Para el viceministro esta polémica esconde un último dilema. Cuanto más bajo sea el precio que le reconozca a Repsol, más bajo será el precio que ofrecerán las petroleras multinacionales que quieran asociarse a la nueva YPF. Curiosa alianza: las empresas globales desean que a Kicillof le vaya bien.
El precio de YPF no es el único reproche que debe enfrentar Brufau en su tierra.
El presidente de Repsol todavía no ha rendido cuentas por su estrategia central en la Argentina: "regalar" 25% de la empresa a una familia que le prometía la paz perpetua con sus reguladores. Un modelo virreinal de internacionalización, cuyo fracaso está a la vista, y cuyo alcance merecería varios seminarios. Sobre todo por lo que ilustra sobre las deformaciones del capitalismo en Iberoamérica.
