Como una bomba de tiempo que nadie puede desactivar, aparece el juego como una nueva disputa en la interna del FpV.
Un pedido de informes del oficialismo contra el Gobernador, el aval político a un funcionario K en detrimento de otro, el cuestionamiento a una empresa que llegó a la Provincia de la mano de Eduardo Duhalde pero fue ratificada por Daniel Scioli, la presencia cercana de una firma ultra K; todos datos que dan cuenta de una puja política que recién empieza y tiene como centro a una de las principales cajas de financiamiento del territorio.
La empresa Boldt S.A. inició su vínculo comercial con el Estado bonaerense en octubre de 1993. Por ese entonces, Eduardo Duhalde era el Gobernador, y la firma era una suerte de proveedora de la empresa Software de Juegos S.A. El Instituto de Loterías y Casinos, por medio de una contratación directa rubricada en el decreto Nº 1933, autorizó la implementación de la variante de quiniela denominada Club Keno Bonaerense, a través del sistema de terminales en línea tiempo real y la posterior incorporación de los demás juegos ad-ministrados y explotados por el organismo.
En 1995 se amplía el acuerdo, para proveer también de tragamonedas a los casinos de forma exclusiva. Los contratos se suceden, con extensión de terminales de control, hasta llegar a febrero de 2006, durante el gobierno de Felipe Solá, cuando la firma comunica a Loterías que observará una escisión parcial de su patrimonio hacia dos nuevas sociedades, una de las cuales haría oferta pública de sus acciones en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, la que giraría en plaza bajo la denominación de Boldt Gaming S.A.
Este grupo alcanzó, a través de sus alianzas con los oficialismos de turno, una fuerte expansión. En 2010 su balance indicaba un patrimonio neto de 340 millones de pe-sos, y un crecimiento del 85 por ciento con respecto al año anterior. La carrera siguió en ascenso, y de sus inicios como imprenta de seguridad pasó a operar en nueve casinos de la Provincia, entre los que se encuentran los más importantes, como el de Mar del Plata, el Trilenium de Tigre, el de Tandil y el de Miramar. A esto se suma el servicio de supervisión de todas las apuestas online de la Provincia, tanto las realizadas en agencias oficiales (juegos de Loto, Prode, Turfito, Lotería, Quini 6, Quiniela, Poceada y Loto 5) como las derivadas de las tragamonedas, que sólo en los casinos superan las 3.560 máquinas. Como la compañía se queda con una comisión del 5% del total de las apuestas por quiniela y juegos similares, que se realizan en todas las agencias oficiales del territorio provincial, se calcula una ganancia aproximada de 250 millones de pesos por año, en relación con los casi 5 mil millones que obtiene el Ejecutivo bonaerense por ese juego.
Con la llegada de Daniel Scioli al gobierno, esta relación no se modificó. El mandatario tuvo la ocasión de ratificar la presencia de la firma al prorrogar por tres años el plazo de duración del servicio de provisión de máquinas de captación de apuestas online. Fue un 31 de diciembre, a través del decreto Nº 2613, cuando se extendió la concesión de manera directa, sin llamado a licitación. Así sucedió también con el contrato que la firma tenía en la explotación de las tragamonedas en el casino Trilenium, que fue extendido por decreto hasta diciembre de 2013.
Sólo las internas del oficialismo y la carrera electoral hacia 2015 explican los cambios que se han observado en los últimos tiempos.
Antes de que Scioli confirmara con los votos su reelección, ya el cristinismo calculaba la manera de contener la expansión del mandatario a través del control de las principales cajas financieras. El juego, sin duda, es una de ellas; quizá la más valiosa.
Las cosas se precipitaron a partir de la irrupción en la arena mediática del affaire Ciccone-Amado Boudou. El actual vicepresidente de la Nación es investigado por su-puestas negociaciones incompatibles con la función pública, vinculadas al lavado de dinero. En la causa se indaga la posibilidad de que el titular del Senado haya favorecido a la empresa, para adjudicarle el servicio de impresión de billetes y la realización de las boletas electorales del Frente para la Victoria en las elecciones primarias del año pasado.
En su defensa, Boudou acusó a Boldt de plantar una operación, con la ayuda de los medios “antikirchneristas”, para desestabilizarlo. Sus declaraciones bajaron directamente a la Provincia cuando puso en duda la concesión de la firma en Buenos Aires. “Duhalde armó una red de juego sin licitación, que todavía persiste”, aseguró. Desde el gobierno provincial no hubo respuestas. Eso enojó al Ejecutivo nacional, que esperaba un gesto del mandatario bonaerense. Pero también se evidenciaba la fuerte pelea que disputan sin freno el vice y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, el hombre fuerte de Solá cuando tuvo lugar la firma de los contratos con la empresa comandada por Antonio Tabanelli.
El conflicto cayó sin red en el oficialismo de la Provincia. En la cámara Baja, Juan de Jesús, presidente del bloque del FpV, recogió el guante, en nombre de Boudou, y movilizó el primer pedido de informes elevado a su propio ejecutivo.
Fue un golpe directo a Scioli, y también a Randazzo. En el pedido, que finalmente fue aprobado por unanimidad del cuerpo pero sin la firma de tres oficialistas (Jorge Mancini, Alicia Marcha y Raúl Pérez) se solicitaban explicaciones sobre el contrato que Loterías había firmado con Boldt, sus prórrogas y las ganancias comprobables de la empresa.
La iniciativa en sí misma no tiene valor contable, ya que esa misma información podía haber sido requerida al instituto sin mediar un trámite legislativo, incluso figura en los balances de la firma, que se dan a conocer de manera pública porque es una empresa que cotiza en bolsa.
Esto fue el precedente de una nueva forma de interactuar entre los oficialistas. Cuando los sciolistas se enteraron de la pretensión de De Jesús, exigieron explicaciones. March, ex funcionaria de Desarrollo Social bonaerense, fue quien cuestionó con mayor énfasis la decisión de sus pares. La siguió Pérez, quien había participado con su voto y aval político a la instalación de Boldt en la Provincia. Pero Scioli tomó con calma el asunto, y dio la orden de no confrontar.
“No se cuestionan los contratos sino la forma en que la empresa gastó sus ganancias”, intentó explicar el hombre del gobierno bonaerense Guido Lorenzino a La Tecla. La discusión dejó también en evidencia las fallas que se observan en las diferentes estrategias. Por un lado, el malestar de los sciolistas puros, que no pudieron conservar una posición unánime. March no firmó el despacho y mostró su malestar.
El cristinismo duro tampoco pudo sostener por mucho tiempo su decisión de no agredir al Gobernador, y evitar de esta manera que crezca en las encuestas al ocupar el rol de víctima.
Ese sector, que tuvo de manera eventual a De Jesús como protagonista, y a José Ottavis, de La Cámpora, como “coordinador” de la medida, retomó sus prácticas confrontativas, como forma de aleccionar al mandatario. La indiferencia de Scioli, que ni siquiera mandó a algún emisario a solidarizarse con Boudou, fastidió los ánimos ultra K.
A la cruzada se sumó también el vicegobernador, Gabriel Mariotto, quien avaló un día después el pedido aprobado en el Parlamento.
La pelea es por política, y también, inevitable, por controlar la caja del juego. Aseguran en el ámbito bonaerense que Cristóbal López aguarda con paciencia la salida de su rival, Tabanelli. López, reconocido empresario cercano a los Kirchner, adquirió en 2007, junto a una firma griega, la Tecno Action, empresa de automatización de apuestas online que tiene sede en diez provincias argentinas. Desde Lote-rías, su titular, Jorge Rodríguez, confirmó a La Tecla el llamado a licitación para la concesión del control online de las apuestas de quiniela, a cargo de Boldt y cuyo contrato vence en diciembre. Desde el cristinismo pu-jan por excluir a la firma “duhaldista” e imponer a la patagónica. Scioli aún no se ha manifestado al respecto.
Con su lógica templada, el Gobernador dejó a sus legisladores cuestionar a la Boldt pero, a la par, puso en marcha la confección de los pliegos sin restricciones.
La resolución de diciembre tendrá directa incidencia en el destino de la concesión del casino Trilenium, que vence el último mes de 2013. Aunque en este caso media una presentación judicial por parte de la empresa que acusa de incumplimiento al Gobierno, por avanzar sobre la “exclusividad” requerida por Trilenium.
En esta discusión con final abierto está en juego la carrera política del vicepresidente, la expansión o retracción territorial de Randazzo y la gestión, entendida como propaganda vital, de Daniel Scioli. Si Cristóbal López se pone al frente del control online de las apuestas y las tragamonedas, otro será el reparto de caja.
Mientras tanto, en el ámbito oficialista parlamentario la tensión se mide en la temperatura de cada reunión. Un clima caliente que va en ascenso.
FUENTE: CNA
