Quiere sumar para el Estado el 25% que aún tiene ese grupo y lo negociaría con futuros inversores. El próximo paso del gobierno de Cristina Kirchner en la transformación de YPF es retener para el Estado el 25% de las acciones que el Grupo Petersen (Eskenazi) tiene aún en la petrolera, y por el cual esos empresarios deben todavía unos 2900 millones de dólares. En los planes de la Casa Rosada figura la idea de ofrecer después ese paquete a una o varias empresas extranjeras para asegurar inversiones y producción de hidrocarburos. "Todo avanza para que el Estado se quede con las acciones de los Eskenazi sin poner un peso", dijo a LA NACION un funcionario de alta jerarquía. Para asegurarse el control completo de la compañía, la Presidenta buscará dirigir el reparto de las acciones entre las diez provincias petroleras agrupadas en la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). En conjunto, éstas tendrán casi el 25% del paquete de YPF cuando se apruebe en la Cámara de Diputados la ley que dispone la expropiación, el miércoles próximo. "La negociación entre ellas será secundaria. El Gobierno pondrá las reglas de juego", confió en estos días a LA NACION una alta fuente oficial de la Casa Rosada. También en Olivos se decidirá sobre el reparto de regalías y de directores provinciales en el nuevo directorio de YPF. Ver más
Así las cosas, Cristina Kirchner controlaría todo el negocio y la estrategia de la empresa, pese a que el Estado nacional sólo se reservó el 26% de las acciones para completar el 51% que tendrá el sector público (Nación más provincias), según la ley.
"Todo se encamina a que el Estado le ofrecerá al Grupo Petersen un acuerdo para forzarla a transferirle sus acciones; luego ellos negociarían con Repsol y los bancos acreedores su deuda por la compra de 2008 -dijo a LA NACION un ministro-. Es posible que termine resolviéndose con el ingreso de un tercer actor: una o más empresas petroleras que compren esa parte y acuerden con los acreedores."
Las fuentes oficiales no descartan que el 25% de las acciones del Grupo Petersen terminen en forma indefinida en manos del Estado nacional. Todo esto lo decidirán la Presidenta y los interventores en YPF: el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Los voceros de esa intervención no respondieron las llamadas de LA NACION.
El Gobierno descuenta que no deberá pagar un solo peso por indemnizar a Repsol por la toma compulsiva del del 51% de su paquete accionario. Pero Repsol estima un resarcimiento de 10.500 millones de dólares. Seguramente todo terminará en un largo juicio ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).
También por supuestas irregularidades, la Casa Rosada estima que podrá absorber las acciones de Petersen sin aportar recursos. "No están todos los papeles en orden", sugieren fuentes de Balcarce 50. "Todavía no está definido el mecanismo de esta transferencia. Es lo que se está analizando", agregan.
La deuda de Petersen es de 2900 millones de dólares y los acreedores son los bancos Credit Suisse, Goldman Sachs, BNP Paribas, Citi, Itaú y Santander. El mes próximo tiene un vencimiento de 400 millones. "Hasta ahora no hay negociaciones", confiaron a LA NACION fuentes cercanas a los Eskenazi.
La empresa esperará a que se complete el proceso de ingreso del Estado en YPF, cuando se apruebe la ley de expropiación. Sólo entonces se definirá con los bancos los pasos a seguir. "El grupo está al día con sus acreedores", dijeron allí.
En Petersen se respira una clara resignación: el 25% de las acciones es un paquete tentador para que el Gobierno lo tome con la idea de ofrecerlo a otros empresarios y así constituir la petrolera público-privada que imagina Cristina Kirchner.
Visto del lado empresario, cualquier grupo del mundo que quisiera hacerse de ese capital accionario deberá hacerlo sólo si cuenta con un previo acuerdo con el Gobierno.
LA PELEA ENTRE LAS PROVINCIAS
También en la Casa Rosada descuentan que la Presidenta manejará a voluntad la operatoria de los gobernadores en YPF. Si bien la Nación tendrá el 26% de las acciones y las provincias el 25%, ese 51% debe votar en el directorio de manera unificada en los asuntos administrativos debido al pacto de sindicalización de acciones que fijará la ley. La voluntad de Olivos será la clave.
Además ese 25% se dividirá entre diez provincias y cada una quedaría con poder fraccionado frente al Estado nacional, que retendrá el 26%. "Los gobernadores van a acatar lo que diga Cristina, tanto en el reparto de acciones como de regalías y de sillas en el directorio", señaló un alto funcionario.
Más allá de reuniones en la Ophepi, todos los gobernadores (Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) están expectantes de los próximos pasos del Gobierno. De poco valen las negociaciones entre ellos, sino más bien el poder de lobby que construyan ante Cristina, De Vido y Kicillof.
En la ley se creará el Consejo Federal de Hidrocarburos, pero sería un órgano más consultivo que vinculante. También otras provincias, no petroleras, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Chaco, reclaman participación en la futura petrolera.
El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, adelantó que acatará a la Casa Rosada. Pasó estas dos semanas en Buenos Aires, donde vio a De Vido y a Kicillof. Y por pedido de aquél, retiró el decreto de reversión de tres áreas retiradas a YPF.
El mendocino Francisco Perez quiere construir la segunda refinería en su distrito para ganar en el reparto. Pero De Vido la dejaría afuera del directorio que tendrá 17 lugares: nueve para sector público. El Gobierno nombrará cinco, las provincias, tres: Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Mendoza quedaría afuera y De Vido confirmaría a un delegado sindical.
US$ 2900
Millones
Es la deuda aproximada que aún mantiene el grupo Eskenazi por la compra de acciones a Repsol.
US$ 2000
Millones
Es el valor que, según fuentes del mercado, podrían tener hoy las acciones de Eskenazi en YPF.
