Macri, el socio del ajuste K
Mauricio Macri acaba de tomar una decisión de enorme valor político para CFK. Apenas 48 horas después de hacerse cargo de los subtes, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) informó que a partir de “la hora cero del viernes 6 de enero próximo” entrará en vigencia la nueva tarifa de 2,50 pesos para las seis líneas de subte y el premetro, que representa un aumento del 127,2 por ciento respecto del actual valor de 1,10.
De haber adoptado la postura contraria, exigiendo que la Casa Rosada absorbiera el costo político del tarifazo antes de transferir el servicio, Macri hubiera colocado al cristinismo en una posición difícil. Pero, en cambio, optó por quitarle al gobierno nacional el peso de sincerar el abultado atraso en las tarifas.
De más está decir que el PRO deberá pagar el costo político de la reacción negativa de muchos usuarios.
Este favor político tendría implicancias todavía más importantes, porque legitima desde la oposición la inminente extensión de la quita de subsidios a los servicios de electricidad, gas y agua a amplias zonas de la Capital y el conurbano. En otras palabras, que el cristinismo consiguió algo muy difícil e inapreciable, un socio para el ajuste. Este paso tendría que ver también con otro costado del ajuste. La presidente Cristina Fernández acaba de firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para autorizar un aumento del gasto estatal de 2011, pero incorporó un artículo que pone bajo revisión los sueldos de más de 300 mil empleados públicos. El artículo 8 del DNU establece que, a partir del 1° de enero de 2012, los pagos de adicionales, bonificaciones o plus a los empleados públicos, de empresas estatales, organismos descentralizados e instituciones de Seguridad Social deberán “adecuarse” a los requisitos que fije el Gobierno “para confirmar su procedencia y, en su caso, limitar su alcance”.
En los fundamentos del decreto se dice que el propósito de la medida es “reordenar” los “pagos extraordinarios” del personal público “no incluidos en su sueldo mensual, normal, regular, habitual y permanente asignado en función de su cargo y categoría de revista”.
Según una versión, Macri estaría a punto de adoptar una decisión similar en la Ciudad, avalado por el DNU presidencial.
¿Una alianza para frenar al sindicalismo?
La creciente sincronización entre el macrismo y el cristinismo también tendría efectos en el campo judicial. Por ejemplo, la semana pasada, el jefe de Gobierno fue absuelto por los presuntos maltratos de la ya disuelta Unidad de Control y Espacio Público (UCEP) a indigentes y personas en situación de calle. El líder del PRO había sido denunciado por firmar el decreto 1232 de creación de la UCEP, en el que estableció como sus objetivos “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión” e “intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público”.
La jueza María Fontbona de Pombo consideró que la actuación de Macri “aparece reducida al dictado del decreto 1223/08” por el cual se creó la Unidad. Y lo desligó del funcionamiento y las acciones de ella.
Más allá de la cooperación entre la Nación y la Ciudad para la estrategia del ajuste, estos hechos van afirmando la intención del gobierno de privilegiar el rol de Macri como el primer interlocutor en la oposición. En lo inmediato, el acuerdo en marcha deberá pasar por la prueba de fuego de la inminente ofensiva sindical.
