LA MEGAMINERÍA, UN OSCURO NEGOCIO QUE CRECE.

Pese a la sanción de la ley de Protección de Glaciares, la actividad profundiza el saqueo de los recursos con el Gobierno como cómplice. El sector goza de beneficios impositivos que le permiten obtener ganancias extraordinarias.

La celebración tras la maratónica sesión en la que el Congreso convirtió en ley el proyecto de protección de Glaciares estuvo teñida con un fuerte escepticismo. Y había motivos suficientes: primero, la presidenta Cristina Fernández ya había vetado una ley similar, luego, la estrecha relación entre el Gobierno nacional y las mineras, y, finalmente, las dificultades que tuvo el oficialismo para aprobar la norma. Todo ello hacía suponer que la nueva ley era sólo para “aparentar”.

La realidad muestra que, tras la sanción de la ley el 30 de septiembre del año pasado, las mineras mantienen márgenes de ganancia extraordinarios y un Estado cómplice que mira para otro lado mientras arrasan con los recursos del país y ponen en riesgo las principales reservas de agua. “La verdad, se ha hecho poco”, dijo resignado a Hoy Hernán Giardini, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. “Lo que tenemos entendido es que no se hizo absolutamente nada”, lo acompañó la diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, en diálogo con este medio. Es que la sanción de la ley y su correspondiente reglamentación implicaban que el Gobierno adoptara una serie de medidas que garantizan la protección de los glaciares que podrían verse afectados por la minería a cielo abierto. Nada pasó. “Recién en estos días el Instituto Argentino de Nivoglaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) recibió los fondos para iniciar el inventario. Pero hay otras cuestiones que ya se incumplieron. En 180 días había que hacer una auditoría a las empresas”, explicó Giardini.

Trampas de Barrick

Barrick Gold, la empresa canadiense que opera en San Juan, es la más apuntada por las organizaciones ecologistas y dirigentes de la oposición. Se trata de una firma cuestionada en todo el mundo que el gobernador sanjuanino José Luis Gioja defiende ferozmente. Pero no está solo en esta lucha: desde el Gobierno nacional, cuanto menos lo apañan, especialmente el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Luego de la sanción de la ley de Glaciares, la empresa presentó un amparo en la Justicia, a través del que logró que en esa provincia se suspendiera la aplicación. Su enjundia para frenar la ley tiene una clara lógica financiera: hace pocos días, la empresa reportó un incremento del 22% en sus ganancias del primer trimestre y su utilidad neta creció a mil millones de dólares. La posibilidad de que una ley limite esas cifras no encaja en la ecuación de los canadienses. “El bloqueo judicial de la Barrick preocupa mucho. Nos hemos presentado en la Corte para pedir que se levante el amparo”, explicó Giardini. Las críticas, lógicamente, apuntan a una empresa preocupada por el bienestar del país, pero son más agudas al hacer foco en el rol de un Estado que debería ser el principal garante de que se respeten estos derechos. “Una vez que salió la ley, el Gobierno permitió que avanzara el amparo en San Juan y jamás se mostró interesado en apelar. Fue una maniobra para que esta situación continuara en la Argentina. Este Gobierno ha apoyado la megaminería a cielo abierto sin pruritos”, remarcó Reyes.

Gobernadores que representan a las empresas

“Tienen que dejarse de joder con la minería”. La frase del gobernador elector de La Rioja, Luis Beder Herrera, evidencia que quienes deberían proteger los derechos de la mayoría de los ciudadanos muchas veces “cruzan de vereda” y protegen otros intereses. “Es el único recurso que tenemos. No nos vengan a decir cómo manejar nuestro medio ambiente, menos desde Buenos Aires, que hacen campañas hablando de lo que no saben y uno no puede meter ni un pie en el río porque se le quedan las uñas”, señaló, en referencia al Riachuelo. Otro de los representantes es José Luis Gioja, gobernador de San Juan, quien abiertamente defiende el accionar de Barrick Gold en su provincia. En medio de la dificultosa discusión de la ley de Glaciares, con el guiño K fueron varias las provincias que avanzaron con sus propias legislaciones para regular la minería con el argumento de que los recursos son provinciales y, por ende, son las provincias las que deben administrarlos: Santa Cruz (la provincia de los Kirchner), San Juan, Salta, La Rioja y Jujuy. Lógicamente, esas normas eran más permisivas que la sancionada por el Congreso. “Eso no tiene lógica. La ley que prevalece es la nacional. En la discusión jurídica, los gobernadores tienen todas las de perder”, advirtió Hernán Giardini, de Greenpeace.

Los beneficios fiscales a las mineras triplican a los de las pymes

Es fácil identificar a los dirigentes políticos que hablan a favor de la minería de manera pública. Pero no es la única -ni la principal- manera de hacerlo. Los beneficios impositivos que año a año avala el kirchnerismo para que las empresas continúen con el saqueo de los recursos es el principal respaldo que encuentran las multinacionales mineras. “Hay una serie de beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios que hacen de esta actividad una de las más rentables del mercado”, expresó en los argumentos de un proyecto para que se deroguen estas ventajas la diputada de la CC Fernanda Reyes. A modo de ejemplo, durante 2009 (año de crisis económica mundial) la extracción minera tuvo un beneficio en el país del 28%, y se consagró como uno de los sectores más rentables. El Estado colaboró para ello: mientras las pymes, genuinas generadoras de empleo, recibieron promociones impositivas por el 3% del gasto fiscal, la minería acumuló un 9% del total de los subsidios impositivos.

Los antecedentes de Barrick Gold

Desde Greenpeace recordaron que el interés en revisar la explotación minera que Barrick Gold realiza en el país no es antojadizo: durante su incursión en Chile afectó tres glaciares y recibió una fuerte multa por parte del Gobierno chileno. “Lo que se está evitando es que se la controle y no podemos saber si la empresa contamina o no, pero el hecho de que busque evitarlo por todos los medios deja la sensación de que quieren ocultar algo”, explicaron. En ese sentido, la organización afirmó que la ley sancionada “no es antiminera”, sino que establece pautas para que no se afecte el medio ambiente. “El sector minero se ha dado cuenta que evidentemente hay afectaciones a los recursos y va a quedar limitada la explotación”, advirtieron.

Demoras inexplicables en la aplicación de la ley

El amparo presentado contra la ley de Glaciares en San Juan frenó la aplicación de la norma en esa provincia, pero en el resto está vigente, sin que hasta el momento se haya producido el más mínimo avance. El lobby empresarial logra retrasar cualquier tipo de avance que permita al Estado tener un mayor y mejor control. Los ambientalistas no se explican cómo hasta aquí no se realizó ningún tipo de inspección. En principio, se debía establecer una lista con las zonas prioritarias para acelerar en esos lugares el inventario de glaciares. Las ONG consideran que la región cuyana (San Juan, Mendoza, La Rioja, entre otras) debería ser considerada la zona “prioritaria”, pues es allí donde más proyectos de explotación minera hay en carpeta.

Los vínculos con el hombre más rico

En su reciente visita a México, la presidenta Cristina Fernández se mostró junto al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, quien destacó la marcha de sus inversiones en la Argentina. Conocedor de los guiños del Gobierno, Slim anticipó que está “estudiando varias opciones” para invertir en el sector minero del país. No es casualidad que en aquella reunión también participara el ministro de Planificación Julio De Vido, quien es uno de los principales nexos del Gobierno con el poderoso sector minero.

Delitos contra el medio ambiente

La candidata a presidenta por la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentará hoy un proyecto de ley para “tipificar” y “penar” como delitos las acciones y obras de particulares y funcionarios públicos que atenten contra el ambiente y los recursos naturales.

Fuente: Diario Hoy