REFORMA A LA MEDIDA DEL GOBIERNO.
La vía libre a las "listas de adhesión" o colectoras y el uso abusivo de la propaganda oficial hablan a las claras de que la reglamentación de la reforma política busca favorecer al Gobierno nacional.
En la Argentina, se viene hablando desde hace mucho tiempo de una “reforma política” en profundidad, como así también de mejorar la “calidad institucional del país”. Finalmente, la ciudadanía –muy escéptica respecto de estos temas– ha llegado a la conclusión de que se trata de palabras al viento, ya que las reformas aprobadas por ley y reglamentadas días atrás por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional apuntan a favorecer las chances del kirchnerismo. El nuevo populismo latinoamericano, al igual que el viejo, se caracteriza, entre otras cosas, por propender a la permanencia indefinida en el poder de un solo partido o coalición e, incluso, a la reelección ilimitada de los presidentes. Venezuela es tal vez el caso más paradigmático, ya que el régimen de Hugo Chávez ha apelado a todos los recursos posibles –reformas constitucionales, plebiscitos, referéndums– para lograr ese objetivo, para cuya consecución no trepida en atacar y coercionar a los medios de comunicación independientes o usar la publicidad oficial de manera discrecional y unilateral. Muchas de esas prácticas están contenidas en el decreto reglamentario de la reforma política, que sancionó la presidenta Cristina Fernández con vista a la elección presidencial del 23 de octubre próximo. Lo dijo sin empacho el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández: “Las listas de adhesión permitirán consolidar este modelo de cambios”, a lo que agregó que “el peronismo es un movimiento nacional conducido por la Presidenta y esa oferta nacional puede tener diversas adhesiones”.
En buen romance, quiere decir que puede sumar por izquierda y por derecha o por cualquier otro lado, desnaturalizando la esencia del sistema republicano y desvalorizando a los partidos políticos. Se trata, esta reforma, de una especie de reedición corregida de la vieja ley de lemas, aunque en este caso estaría acotada a los comicios presidenciales. La reforma política se reduce, entonces, a una consigna muy simple: más votos para Cristina o para quien sea el candidato oficialista, vengan de donde vengan esos apoyos. Como puede advertirse, no se trata de una reforma que se caracterice por la transparencia. Párrafo aparte merece la reglamentación sobre el tema de la publicidad electoral. Según el decreto gubernamental, los candidatos no podrán pagar publicidad de campaña en televisión y radios, medios en los que sólo habrá espacios cedidos por el Gobierno. Además, establece que la mitad de esos espacios se distribuirá por igual entre todos los candidatos y la otra mitad según los votos obtenidos por cada partido o coalición en 2009. La norma aprobada no sería criticable en esa distribución, pero esconde que prácticamente el Gobierno no tendrá restricciones en difundir por esos medios sus obras y acciones oficiales, como si esa propaganda no fuera un arma poderosa de campaña electoral.
FUENTE: LA VOZ DEL INTERIOR
