PAPEL PRENSA: GALERÍA DE PATRIOTAS LATINOAMERICANOS

Así como el casamiento es el primer paso procesal del divorcio, la declaración de interés público por ley de la actividad de producción de pasta de celulosa y papel para diario en la Argentina es un requisito imprescindible para una eventual expropiación de Papel Prensa. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, desmintió ayer esa posibilidad, pero el marco regulatorio que la Casa Rosada enviará esta semana al Congreso pone en manos de la corporación política, no sólo kirchnerista, el control del principal fabricante de materia prima para diarios.

«El proyecto todavía no está listo, pero va a ser enviado al Congreso a la brevedad», fue la escueta información que Fernández ofreció a los principales operadores oficialistas de la Cámara de Diputados. La Secretaría Legal y Técnica de Carlos Zannini terminaba anoche de pulir la letra del marco regulatorio propuesto por el Gobierno de Cristina de Kirchner, que apunta fundamentalmente a cambiar la composición del directorio de Papel Prensa. Los expertos en derecho societario afines a la oposición sostenían anoche que sólo la asamblea de accionistas podía, en base a la Ley de Sociedades, ampliar o reducir el número de directores. Aunque la declaración de interés público de la producción de pasta de celulosa y papel para diario podría modificar la rigidez de esa disposición y permitirle al Estado pasar a controlar la empresa sin necesidad de expropiarla.

Objetivo

Básicamente, el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso busca replicar el modelo de la autoridad de aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales, compartiendo con los partidos de la oposición el directorio de Papel Prensa. En la actualidad, el oficialismo designa a los tres directores en representación del Estado, pero el nuevo marco regulatorio apuntará a coparticipar con las minorías parlamentarias la supervisión de la principal papelera del país. En ese contexto se explica el anuncio de la Presidente de crear una comisión bicameral en el Parlamento, que deberá proponer al menos un piso adicional de tres nuevos directores que serían propuestos por la primera, la segunda y la tercera minorías legislativas. Así se cambiaría el actual reparto de fuerzas, donde el Estado tiene tres directores sobre un total de diez.

Anzuelo

La posibilidad de asociar a toda la corporación política, oficialista y opositora, en esta avanzada contra lo que el Gobierno denomina grupos mediáticos concentrados sería el anzuelo para blindar la aprobación del proyecto en el Parlamento, con el apoyo incluido de los partidos de centroizquierda, de un sector del radicalismo y del socialismo. Desde Olivos se regodeaban con las nuevas fracturas de la oposición, expuestas a través del aval de Ricardo Alfonsín y Hermes Binner al discurso de la Presidente y el rechazo fulminante del resto del Acuerdo Cívico y Social, junto con el PRO y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Además, prometían el regreso del diputado Néstor Kirchner al recinto para votar el proyecto anunciado el martes por su esposa. El ex presidente sólo pisó el Congreso para asumir la banca y para votar a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.

¿Será posible entonces, a través de la declaración de interés público, modificar la composición del directorio sin alterar el actual reparto accionario? Sin dudas, la Corte Suprema de Justicia, al igual que en el caso de la nueva ley de medios, tendrá la última palabra. La expropiación, juraban en la Casa Rosada, será el último recurso, pero un recurso al fin en caso de que la escalada mediática con el Grupo Clarín alcance su paroxismo.

La desmentida de una inminente expropiación de Papel Prensa es lógica. No necesita el Gobierno concederle esa provocación a la oposición ni enemistarse en tal grado con las cámaras empresariales. Tan sólo con declarar de interés público la actividad, las acciones de la empresa se derrumbarían automáticamente y Papel Prensa se convertiría en una entidad que incluso podría vender insumos a precios irrisorios a periódicos de centros de estudiantes o de ONG.

Ayer, Fernández explicó que el Pacto de San José de Costa Rica, citado por la oposición para rechazar la iniciativa del Gobierno para declarar de interés público la compañía, «cuando habla de regular la venta de papel es para que nadie deje sin papel al que va a emitir un diario, cosa saludable e inteligente». Y en ese marco, remarcó que el Gobierno «no plantea quitarles el papel sino garantizarles a todos por igual el papel».

FUENTE: ÁMBITO FINANCIERO