Por qué se disfrazan las cifras oficiales
La semana pasada, el INDEC dio a conocer la inflación oficial para 2009, la cual alcanzó un módico 7,7%, poco más de la mitad de lo que estiman las consultoras privadas. Este número no hace más que asentar la desconfianza en las cifras oficiales alimentando críticas de opositores y de la sociedad en su conjunto. Obviamente, el Gobierno sabe el costo político que tiene este tipo de operaciones, pese a ello, existen otros argumentos que lo motivan a seguir adelante.
Por Mariano Toledo (*)
Especial para Hoy
Desde principios de 2007 venimos lidiando con estas polémicas cifras, con la distancia existente entre los precios que uno enfrenta en las góndolas y los números que divulga el INDEC. Sin embargo, pocas veces escuchamos por qué se produce esta situación, es decir, por qué se da a conocer una inflación oficial menor a la real y cómo impacta este disfraz en nuestro bolsillo. Es sabido que el índice que mide la inflación es de importante sensibilidad política. La ecuación es simple: si la canasta básica se mantiene relativamente constante, los indicadores de pobreza mejoran. Pese a ello, decir que el Gobierno devalúa los números de la inflación porque espera que la sociedad los tome como ciertos y actúe en base a ellos es subestimarlo. Cuando el Estado financia parte de sus gastos a través de la emisión de deuda pública, emite bonos que los inversores adquieren para obtener una rentabilidad. Cerca de un 30% de esta deuda está emitida en bonos cuya tasa de interés es ajustable por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia). Este coeficiente es elaborado por el Banco Central en función a la evolución de la inflación, para la cual se toma como base de cálculo la variación del IPC (Indice de Precios al Consumidor) elaborado por el INDEC. Bajo estas condiciones, el mismo Gobierno puede influir en la tasa de interés que paga, ya sea evitando que los precios suban o maquillando el IPC. Antes del canje de deuda efectuado en septiembre pasado, se calculaba que cada punto de inflación anunciado por el organismo estadístico le significaba al Estado 421 millones de dólares anuales. Esta ventaja fiscal viene acompañada de un costo no menos importante para el Gobierno nacional y para nuestro bolsillo. En términos políticos, se produce una pérdida de credibilidad en la administración actual y es uno de los principales motivos de avance por parte de los sectores opositores. Desde una perspectiva privada, el índice de inflación es utilizado por las empresas para estimar cuánto deberán aumentar el precio de sus productos a fin de soportar aumentos de insumos y no perder posiciones en la cadena de valor. Más allá de la existencia de estimaciones privadas, la incertidumbre producida por el desconocimiento de una cifra oficial motiva a que cada empresario estime su “propio” índice de inflación que induce a aumentos mayores a los necesarios en resguardo de sus intereses. Por último, la distorsión del índice afecta directamente al salario real, principalmente de aquellos trabajadores que no cuentan con un gremio fuerte que los represente. Al no existir una base sólida para la negociación de pautas anuales, se suelen fijar niveles de aumentos que no alcanzan a la inflación real, derivando en una disminución de la capacidad adquisitiva real. Blanquear la inflación real de este año hubiera tenido un impacto fiscal cercano a los 2.500 millones de dólares. La situación es más compleja de lo que aparenta; si bien se liberan fondos que permiten apalancar el gasto público, enmascarar las cifras oficiales genera costos políticos y económicos que aplacan esta ventaja fiscal, potencian la incertidumbre, el descreimiento general, e impactan negativamente en el salario real.
(*) Licenciado en Administración,
docente de la UNLP
FUENTE: DIARIO HOY
